La boda de Esteban “Pinky” Rocha y Brisa Leguizamón terminó el 29 de enero de 2022 en una masacre, con el triple crimen de una pareja y su beba de un año y medio. Fue un acontecimiento trágico que exhibió el crecimiento económico vertiginoso de dos jóvenes, que pretendieron mostrar como si fueran estrellas de las redes sociales dónde se puede llegar con la venta de drogas. Meses antes de este evento para la justicia eran dos simples tranzas de Olga “Tata” Medina, una dealer de la vieja guardia, que se movía en la zona norte de Rosario. Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal se enteraron de la boda trágica que terminó en un triple crimen le revocó la prisión domiciliaria a Brisa, que, obviamente, había incumplido, y ordenó el 22 de enero de 2022 que la trasladaran a una cárcel federal, algo que no ocurrió porque ella con su flamante marido se fugaron.

Otro punto que mostró que alguien los solventaba en una estructura superior, o ellos lograron transformarse de pronto en millonarios, fue el departamento que alquilaron en Asunción, en Paraguay, que tenía lujos que nada tenían que ver con sus residencias en Rosario. Helipuerto, pileta, quincho, canchas de tenis, eran los amenities que poseía el piso donde se refugiaron hasta enero de 2023, cuando fueron detenidos, tras intensas tareas de inteligencia.

El 11 de agosto pasado, en medio de un extremo despliegue de seguridad de la Policía Federal Argentina y de Interpol, Rocha y Leguizamón aterrizaron en el aeropuerto de Rosario desde Asunción. Esa custodia de decenas de policías parecía mostrar la peligrosidad de los detenidos. La investigación en la justicia federal indicaba otro relato. Porque el matrimonio que estuvo prófugo un año en Paraguay no tenía en su contra más que una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La justicia federal tenía otra dimensión de lo que mostraban esas imágenes que se transmitieron por TV.

El 16 de setiembre pasado, Rocha y Leguizamón fueron juzgados por esa vieja causa contra la banda de Tata Medina, la única que tenían abierta sobre sus espaldas. En el momento de la boda, Rocha estaba en libertad –había sido excarcelado- y la mujer estaba con detención domiciliaria, porque –en teoría- tenía que cuidar a sus dos hijas. Antes, para la Justicia no eran personajes relevantes del universo narco. En realidad, en los tribunales no tenían ni idea en lo que ambos se habían convertido, por fuera de los papeles oficiales.

La defensa del matrimonio planteó el 2 de septiembre pasado terminar este capítulo, y que se lleve adelante un juicio abreviado. El punto más conflictivo era el cambio de la calificación legal. “De coautores a partícipes secundarios”, señala el escrito. El juez Otmar Paulucci se opuso a este acuerdo, y el matrimonio narco fue juzgado por los jueces Germán Sutter Schneider, Elena Dilario y Ricardo Vázquez. El juicio fue muy breve porque en realidad sirvió para convalidar el “abreviado” que no había prosperado. El fiscal que intervino en el juicio Federico Reynares Solari, quien no estuvo a cargo de la investigación, sino de esta etapa, no tenía muchos elementos para que se viera la verdadera cara de estos jóvenes que estuvieron prófugos con una vida de magnates.

A Brisa Leguizamón la condenaron el 16 de septiembre a cinco años de prisión por considerarla “participe secundaria del delito de comercio de estupefacientes”. La joven de 27 años quedó en libertad, porque le computaron el tiempo que estuvo detenida en su domicilio antes de que se fugara y los meses que estuvo presa en Paraguay esperando la extradición. Su pareja, Esteban Rocha fue condenado a cuatro años de prisión, también por considerarlo “partícipe secundario”. Rocha quedará detenido por unos meses.

Todo el gasto que hizo el Estado para investigar y extraditar a estos dos jóvenes no tenía relación con la otra mirada, la que tiene la Justicia Federal. Fueron trasladados como si fueran dos capos narcos, y cuando llegaron se transformaron en lo que, en realidad, eran según la visión de la Justicia, dos perejiles.

¿Cómo pudieron dos perejiles en el mundo de las drogas organizar una boda que costó más de US$500.000 y cómo lograron estar prófugos durante un año, con una vida de magnates en Paraguay? Incluso, en el fallo, figuran las multas que le aplicaron a esta pareja. Brisa deberá pagar $70.000 y Rocha $56.000. Los magistrados impusieron, además, a los condenados el pago de la tasa de justicia, que equivale a $4700.

Nadie logró dilucidar en la justicia de dónde obtenía el dinero esta pareja para llevar esa vida de lujo y luego, cuando se fugaron tras la boda sangrienta, cómo pudieron permanecer prófugos un año en Paraguay, donde vivían en un edificio lujoso que se llama Miami, cuyo alquiler tiene un costo estimado de US$3000 por mes, dependiendo de la cantidad de ambientes. El complejo donde estaban “escondidos” cuenta con un helipuerto y una pileta de 25 metros al aire libre y otra cubierta. Esa vida de magnate no es gratis.

Cayeron por las redes

La terraza el edificio Miami tiene un quincho de grandes dimensiones que fue también clave para identificar dónde habían escapado Rocha y Leguizamón. Porque en ese lugar una noche Rocha hizo una bondiola a la parrilla que motivó a que el hermano de Brisa, un adepto como todos a las redes, mencionara en un vivo de Instagram lo bien que cocinaba su cuñado. Como los investigadores, al mando de Maximiliano Bertolotti, en ese momento a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Crimen Organizado, venían siguiendo los pasos en las redes del trapero sospecharon que Rocha estaba en Paraguay. Llegaron a esa conclusión por algunas referencias que se veían en la foto que lograron confirmar. En otro posteo en Instagram (IG) identificaron que una de las dos jóvenes que aparecían detrás tenía un tatuaje como el que llevaba en una pantorrilla Leguizamón. Llegaron a la conclusión de que se trataba de Brisa y su hermana Nahir.

La historia sobre cómo atraparon a la pareja de prófugos también muestra nuevos perfiles de estos jóvenes narcos, que los carcome el afán por mostrar en las redes sociales un lujo pasajero. Pero no solo las redes son un imán para esta generación que gana dinero con la venta de drogas. A nivel estético buscan mostrar la contracara de esa marginalidad en la que muchos nacieron y se criaron, con ropa cara y extravagante, joyas y autos.

Nunca se terminó de dilucidar por qué fueron ejecutados en el Audi TT a la salida del casamiento Maximiliano Giménez, Érica Romero y la bebé. Ninguno de los autores de la emboscada que terminó en el triple asesinato fue detenido. Lo que sí ocurrió es que hubo más crímenes y detenidos en torno al caso. La sospecha es que detrás de este trágico episodio estuvo Fabián “Calavera” Pelozo, preso actualmente en Ezeiza, un hombre que, como señalaron fuentes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), intentó convertirse en el primer líder de un cartel narco internacional de origen rosarino.

En una causa que investigó el fiscal federal Reynares Solari se detectó que Giménez era proveedor, entre otros, de Gisela Bibiana Rodríguez, conocida como Yiya, que fue condenada en septiembre pasado a ocho años de prisión como la referente de una banda narcocriminal de la zona sudoeste de Rosario. Entre los sentenciados figura Marcos Jeremías Pato Mac Caddon, quien recibió una pena a siete años como proveedor del grupo. Este exproductor musical que operaba en San Lorenzo fue quien reemplazó a Giménez, tras su asesinato a la salida del casamiento, como proveedor de esta banda narco.

Mac Caddon era puntero político en San Lorenzo, barrabrava, pequeño empresario textil –titular de Juan Indumentaria- y productor musical. Pero sus principales ingresos tampoco provenían de estas actividades, sino de la venta de drogas, un rol que ejercía en nombre de Guille Cantero, a quien seducía que iba a serle ganar mucho más dinero.

Mac Caddon está preso desde marzo de 2021, cuando fue atrapado después de que en la zona norte de Rosario y en el cordón industrial se produjeran una serie de crímenes que tenían como objetivo que Los Monos coparan ese mercado. El gerenciador de esa franquicia criminal era Mac Caddon, quien sumó luego otras causas en el fuero federal por tráfico de drogas.

Minutos después del triple crimen, personas vinculadas a Los Monos, entre ellas Mariana Ortigala, una extestigo que hoy está presa, comenzaron a difundir la versión de que la zona donde ocurrió la boda narco y la masacre pertenecía a Fabián Pelozo. Este hombre, cercano a Esteban Alvarado, utilizaba el Gran Rosario como nodo logístico para acopiar grandes cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia y Paraguay. Esos embarques abastecían al mercado rosarino y bonaerense y, según sospechan los investigadores, también funcionaban como plataforma de salida hacia el exterior a través de los puertos de la región.

El socio de Pelozo era el boliviano Jorge Adalid Granier Ruíz, que tenía documentos de identidad argentino y paraguayo. Este hombre alojó en su departamento en el barrio de Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en Rodríguez Peña 1057, a uno de los líderes más poderosos de la organización brasileña Primer Comando Capital Gilberto Aparecido Dos Santos, alias Fuminho, que fue detenido por la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA por su sigla en inglés) y la Policía Federal de Brasil en Mozambique al inicio de la pandemia. Granier fue apresado en Brasil el año pasado.

Resulta llamativo que por lo menos desde 2019 esta organización estaba bajo la lupa de la Unidad Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que abrió una investigación porque parte de la droga iba hacia Escobar y Pilar. Pero en octubre de 2020 la causa se archivó en la provincia de Buenos Aires. La pesquisa se intensificó en Salta y Rosario, donde aparecían contactos y movimientos de grandes cantidades de droga.

Pelozo quedó preso en marzo de 2022, luego de que una investigación federal y de la fiscalía de Criminalidad Organizada de Rosario lo vinculara al triple crimen de Ibarlucea. Pelozo apareció también mencionado por el testigo Carlos Argüelles, que fue asesinado en septiembre de 2021, tras declarar como arrepentido en la causa contra el narco rosarino Esteban Alvarado, condenado a prisión perpetua. El mecánico advirtió que Pelozo era parte del clan Alvarado y que ambos habían asesinado a Nahuel Fernández, que está desaparecido desde agosto de 2018.

El testigo dijo que Calavera, como apodan a Pelozo, había colocado el cadáver del joven en un recipiente con cal y luego lo enterraron. Uno de los miembros de la banda de Pelozo, Oscar Godoy, fue asesinado el 19 de octubre de 2022. Cuando los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada Matías Edery y Luis Schiappa Pietra revisaron el lugar se toparon dos tanques de 200 litros con cal que estaban enterrados y coincidían con el testimonio del testigo ejecutado. Nunca se pudo probar lo que dijo Argüelles, pero las sospechas permanecen intactas. Pelozo ordenó en diciembre de 2023 que un grupo de sicarios de Rosario iniciaran una cacería por el conurbano bonaerense para buscar un botín que le habían robado a su gente en el estacionamiento de la cárcel de Ezeiza: un bolso con lingotes de oro. Después de hacer inteligencia en el conurbano, y ubicar a Silvio Vitullo y Diego Segura, los sicarios rosarinos los quemaron vivos dentro de un utilitario Berlingo. Los cuerpos estaban maniatados y, según las pericias, los dos hombres fueron incinerados cuando aún estaban con vida.