Uruguay quedó trastabillando desde el ataque del domingo pasado a la casa de la jefa de fiscales en Montevideo a manos del crimen organizado, en un operativo que dejó al país, conocido por su armonía social, en un punto de quiebre donde está obligado a dar pelea a los narcos.

Las alarmas están encendidas desde que dos individuos se filtraron por el fondo de la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, máxima autoridad del Ministerio Público, abrieron fuego y detonaron una granada. No dejaron muertos ni heridos, aunque quizás no era su objetivo, sino enviar un mensaje: no se metan con nosotros.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, sugirió que el atentado fue “un ensayo de hasta dónde pueden llegar” los actores del crimen organizado. “Se atacó a una buena fiscal que está ejerciendo su cargo a cabalidad. Hay que tener cuidado; si empezamos a atacar las instituciones…”, lamentó el magistrado.

“Pasaron todos los gobiernos, con todos quisimos hablar, pero no se le dio importancia y ahora estamos como estamos”, dijo la fiscal de homicidios Mirta Morales, otra de las voces que ventilaron su estupor. Aseguró además que los fiscales ya estaban en la mira de los narcos, con robos de computadoras y distintas formas de amedrentamiento.

¿Hasta dónde pueden llegar, como dijo Brignani, estos reyezuelos que se vienen disputando, a puro disparo, el control de la venta de droga entre bandas rivales? ¿Cuánto más fuertes pueden llegar a ser? ¿Cuántas toneladas más seguirán enviando al exterior? ¿Y quién garantiza que el próximo ataque a un servidor público no sea letal?

Según explicó a LA NACION el consultor en seguridad Edward Holfman, director del The Guardian Group, el desembarco narco en las costas uruguayas se fue dando de manera progresiva, en una historia aún sin desenlace.

“Primero hubo acumulación y acopio: cargamentos de varias toneladas salieron de Montevideo y Nueva Palmira hacia Europa y África. Siguió el derrame interno: crecieron las bocas de venta, el consumo local y la violencia asociada. Y se instalaron redes criminales, comenzando en la periferia, ahora también en estructuras más formales: finanzas, empresas pantalla y logística”, señaló.

Realismo

Así se llegó al panorama que describió esta semana el diario El País en un duro editorial, donde llamó a soltar la creencia de la excepcionalidad de Uruguay como remanso de paz y de concordia. En otras palabras, explicó que Uruguay dejó de ser un país a prueba de balas.

“Los políticos, los intelectuales, los periodistas, la élite intelectual en general del Uruguay tienen que dejar de festejar como una clasificación al mundial que los presidentes conversen o asistan juntos a la asunción de un mandatario extranjero. Buenísimo que lo usemos para vender al país afuera, para captar inversiones o para valorizar la marca Uruguay. Pero de la frontera para adentro tenemos que ser bastante más exigentes con lo que admitimos”, advirtió el editorial, titulado No somos tan especiales.

Según cifras oficiales, la tasa de homicidios escaló en unos años de cinco o seis a 11,2 cada 100.000 habitantes. Esas muertes violentas y premeditadas se asocian cada vez más al tráfico de drogas (21,1 %), seguido por disputas personales y venganzas.

Pasado el shock, la balacera sacó a la luz el nombre de un triste personaje llamado Fernando Fernández Albín, líder de un clan narco que lleva su nombre y señalado como el responsable intelectual del ataque. No es casualidad que el atentado sucediera tras una desgraciada pérdida, desde el punto de vista de los narcos, cuando en agosto las autoridades incautaron más de dos toneladas de cocaína vinculadas a los Albín y destinadas a Europa.

Fernando Albín estuvo varias veces en la cárcel. Pero las cárceles del país son más una causa que una solución de la delincuencia, donde se aprenden nuevas habilidades, no sociales sino criminales, a la vez que los capos manejan sus asuntos. Víctor Albín, hermano de Fernando, fue el autor intelectual, desde prisión, del ataque a balazos a integrantes de una banda rival de Cerro Norte.

“Las cárceles son hoy una bomba de tiempo, en la medida que no se respetan los derechos humanos y que está el calvo de cultivo pronto, que es lo que pasa en Ecuador, en Venezuela y en Brasil, ya que el Estado no protege a los reclusos, los reclusos se organizan, tienen al crimen organizado que los protege, tanto adentro como afuera de la cárcel, y después a cambio le pide favores para que integren ese ejército o tribu delictiva que comete operaciones”, dijo a LA NACION el periodista Daniel Supervielle, editor del Monitor de Seguridad del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).

Narcosocios

Fernando Albín está relacionado con otro narco uruguayo cuyo radio de acción trasciende los límites del país, Sebastián Marset, un peso pesado de paradero desconocido, a quien se vincula entre otras hazañas con la muerte de un fiscal antimafia paraguayo en las playas colombianas.

Si hoy en día Marset está prófugo es gracias a que funcionarios uruguayos lo libraron de una detención en Dubái, donde a fines de 2021 intentó entrar con un pasaporte paraguayo falso. Pero en vez de agradecer a las autoridades dubaitíes, que lo tenían retenido, Uruguay le envió un pasaporte nuevo que le permitió salir.

Marset se habrá sentido más feliz que nunca de ser uruguayo, celebrando con sus compadres del bajo mundo su propio maracanazo. Gracias al rescate providencial, podía seguir adelante con su carrera delictiva, que retomó con pasión desmedida. Luego estalló el escándalo y varios ministros y funcionarios debieron dejar sus cargos. Pero a esa altura Marset estaba de nuevo a las andadas.

El futuro se ve prometedor para los narcos uruguayos. Lo que está sucediendo “forma parte de una mayor presión que enfrenta Uruguay, que en el comercio internacional de drogas es un gran intermediario. Nada indica que esa presión vaya a disminuir; por el contrario, la producción sigue creciendo”, dijo Emiliano Tealde, especialista en economía del crimen, al canal Teledoce.

El gobierno de Yamandú Orsi presentó a fines de julio un diagnóstico de situación, con miras a elaborar un Plan Nacional de Seguridad Pública para el cual convocó a los partidos de oposición y organizaciones civiles. El diagnóstico quizás no era nada que no supieran los medios, los políticos y la sociedad. Pero confirmó las sospechas, estadísticas y denuncias del crecimiento narco.

“Uruguay enfrenta un escenario de criminalidad y violencia complejo, heterogéneo y en transformación (…) La presencia simultánea de violencia armada sostenida, expansión del narcotráfico, crecimiento de delitos digitales y déficits institucionales son una combinación peligrosa, que han tenido consecuencias devastadoras en otros países de la región”, señala el informe, el primer paso de lo que pretende ser desde 2026 una política de Estado.

Del lado de la oposición, el exministro del Interior Nicolás Martinelli criticó la “falta de liderazgo” de su sucesor, Carlos Negro, quien sorprendió diciendo poco antes de asumir este año que “la lucha contra el narcotráfico está perdida, es imposible eliminarlo”. Negro propuso en cambio “tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación”.

Martinelli también objetó el plan de seguridad en ciernes. “El gobierno habla de un plan para el año que viene, y entre tanto no maneja la coyuntura. Le mintió a la ciudadanía, porque llegó diciendo que tenía un plan y después no, diluye la responsabilidad de armar un plan con el resto de los partidos y la sociedad civil, porque si le va mal la responsabilidad es colectiva. Si sos gobierno, si te eligieron, tenés que hacerte cargo”, dijo a LA NACION.

Edward Holfman sostuvo que si no se hacen las cosas como corresponde, Uruguay puede repetir un patrón regional. Ese patrón incluye más violencia letal, captura de las instituciones, corrupción en puertos, cárceles y organismos de control, más poder del hampa en las cárceles, y barrios dominados por narcos, entre otros flagelos.

Ecuador fue un ejemplo claro de esa involución, dijo Holfman. “Durante mucho tiempo se creyó que no era más que ‘vecino de Colombia’, y hoy es un país capturado por el crimen organizado. Uruguay aún está a tiempo de evitar eso, pero la ventana se achica”, advirtió.