CÓRDOBA.- Un nuevo proyecto sobre biocombustibles impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA) está en el Senado. La iniciativa busca desarrollo federal y transición energética y establece un cronograma progresivo de incrementos en las mezclas obligatorias con combustibles fósiles.
Para el caso del gasoil, el porcentaje de biodiésel pasará del actual 7,5% al 15% en un plazo de tres años. Para las naftas, el corte mínimo de bioetanol se elevará del 12% al 15% en los próximos dos años. Hay un esquema diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisión periódica.
También sostiene la obligación de que las mezclas tengan origen nacional, promoviendo la producción local y otorgando previsibilidad a las industrias. La apertura a importaciones está prevista para cuando la ley tenga 18 años vigentes.
Se diluye el efecto de las “retenciones cero” y el mercado entra en una corriente bajista
La iniciativa ya está en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, donde expuso la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien resaltó el trabajo técnico y de consenso realizado por la Liga Bioenergética.
Los impulsores enfatizaron la importancia de agregar valor a la caña de azúcar, el maíz y la soja; evitar importaciones de combustibles fósiles en ahorro de divisas para el país y en contribución a la seguridad y soberanía energética y sostener y desarrollar cadenas de valor de alto impacto socioeconómico en las provincias que los producen.
También sostienen que el proyecto -que implica la modificación integral de la Ley 27.640 que rige actualmente- es clave para “lograr continuidad en nuevas inversiones, siempre disponibles para producirlos; diversificar la matriz energética en el transporte, además de cuidar la salud de la población por una menor emisión de particulado”.
La iniciativa amplía la definición legal de biocombustibles al sumar materias primas de origen agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y residuos orgánicos. Así, incluye energías como biogás, biometano, biojet y el llamado HVO (combustible que se obtiene a partir del aceite de cocina usado).
En su presentación en la comisión, Vigo indicó que también apuntan a establecer metodologías claras para la fijación de precios, “que hoy está en una nebulosa”. La propuesta es que la definición sea a partir de licitaciones públicas y “transparentes”. Hasta ahora es por decisión del Poder Ejecutivo.
El proyecto, que también está en manos del equipo económico y de Interior, impulsa una modificación integral de la Ley 27.640 de Biocombustibles. Los legisladores reconocen a las provincias la posibilidad de establecer regímenes para las aplicaciones particulares; crean un mercado de libre comercialización por encima de las mezclas obligatorias y autoriza los motores flex y los kits de conversión para un mayor aprovechamiento de la materia prima nacional.
El texto introduce también requisitos de evaluación ambiental y análisis de ciclo de vida, con indicadores de eficiencia energética y reducción de emisiones. De esta manera, se alinea con estándares internacionales en materia de sostenibilidad.
Azucareros
Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán, advirtió sobre la “urgencia” del norte argentino -donde se concentra la producción de bioetanol de caña- y la necesidad de “políticas concretas para sostener” las economías regionales.
“Sin políticas concretas que fortalezcan nuestras economías regionales, el futuro será devastador. Tucumán no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene litio funcionando. Lo que tenemos es una columna vertebral que se llama azúcar, y si no la defendemos con decisión, vamos a condenar a nuestra gente a la pobreza y a la emigración masiva. Exigimos que se avance ya en la ampliación del corte de bioetanol. Hoy tenemos un 12% (6% maíz y 6% caña), pero necesitamos que ese porcentaje crezca rápidamente. Esto no es un capricho: es la única manera de darle rentabilidad a nuestra producción, sustituir importaciones de combustibles y generar empleo genuino en el norte”, planteó.
Precisó que el reclamo “no es partidario, sino de supervivencia” y que responde al mandato constitucional de promover un desarrollo equilibrado entre regiones: “No pedimos privilegios, pedimos cumplimiento de la Constitución. El azúcar y el bioetanol son nuestra bandera de desarrollo. Y si el país nos da las condiciones necesarias, el norte no solo va a producir, sino que va a crecer, a educar y a darle dignidad a su gente. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra lucha”.