El asesinato de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, dos de los más reconocidos defensores de derechos humanos en Colombia, marcó un punto de complejo en la historia reciente del país.
Ambos abogados, asesinados en 1998 tras denunciar la complicidad entre fuerzas estatales y grupos paramilitares, se convirtieron en símbolos de la lucha contra la impunidad y la violencia política, según reportes de medios nacionales especializados en derechos humanos. Sus muertes, aun sin esclarecer plenamente, siguen siendo emblema de la deuda pendiente de la justicia colombiana con quienes defendieron la vida y la dignidad en medio del conflicto.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Jesús María Valle Jaramillo nació en Ituango, Antioquia, en 1943, en una familia campesina que migró a Medellín huyendo de la violencia bipartidista, de acuerdo con Verdad Abierta.
Valle se graduó como abogado en la Universidad de Antioquia y se destacó como líder estudiantil, profesor universitario y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Su vida estuvo marcada por el compromiso con los más vulnerables y la denuncia de la violencia estatal y paramilitar.
Desde mediados de los años noventa, Valle fue una de las primeras voces en advertir sobre la alianza entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en Antioquia, especialmente en las masacres de La Granja y El Aro. En sus intervenciones públicas, Valle señaló directamente a funcionarios como el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y a altos mandos militares, acusándolos de omisión y complicidad.
“Paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”, afirmó en un discurso recogido por la Fundación Pares. Su valentía le valió el reconocimiento de organizaciones internacionales, pero también lo convirtió en blanco de amenazas y estigmatización.
Por su parte, Eduardo Umaña Mendoza, nacido en Bogotá, fue un jurista pionero en la defensa de víctimas de desaparición forzada y de crímenes cometidos contra sindicalistas y líderes de izquierda.
Umaña Mendoza representó a familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia y denunció la participación de miembros del Ejército y de Ecopetrol en crímenes contra la Unión Sindical Obrera (USO). Su labor incluyó la investigación de casos emblemáticos como el genocidio de la Unión Patriótica y la defensa de integrantes del M-19.
Umaña Mendoza fue precursor en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en Colombia y se enfrentó a la doctrina del “enemigo interno”, que justificó la persecución y asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante las décadas de los ochenta y noventa.
Valle advirtió en varias ocasiones al gobernador de Antioquia sobre los riesgos de incursiones paramilitares en Ituango y El Aro, sin obtener respuesta efectiva, según la Fundación Pares y Verdad Abierta. En 1996, Valle alertó sobre acuerdos entre paramilitares y la Fuerza Pública, y fue públicamente descalificado por Uribe, quien lo acusó de ser “enemigo de las Fuerzas Armadas”.
Umaña Mendoza, por su parte, denunció un plan para asesinarlo que involucraba a miembros del Ejército, la Fiscalía y Ecopetrol, pero las autoridades no actuaron para prevenir el crimen, según Verdad Abierta. La estigmatización y la sistematicidad de las agresiones contra defensores de derechos humanos quedaron reflejadas en las cifras: entre 1988 y abril de 1998 se registraron 729 agresiones, de las cuales 568 fueron asesinatos, de acuerdo con documentos citados por Verdad Abierta.
Las circunstancias de los asesinatos de Valle y Umaña Mendoza evidencian la gravedad del contexto en el que trabajaban. El 27 de febrero de 1998, Valle fue asesinado en su oficina en Medellín por sicarios de la banda La Terraza, bajo órdenes de Carlos Castaño, según la Fundación Pares y Verdad Abierta. El crimen ocurrió pocos días después de que Valle rindiera indagatoria ante la Fiscalía por una denuncia de calumnia, tras haber señalado la complicidad entre militares y paramilitares.
En el momento del asesinato, tropas de la IV Brigada del Ejército realizaban operativos en el sector, y la familia denunció la falta de protección. En el caso de Umaña Mendoza, el 18 de abril de 1998, tres sicarios que se hicieron pasar por periodistas lo asesinaron en su oficina en Bogotá. Cuatro meses antes, se había denunciado el plan para matarlo, pero la investigación se desvió y se estancó, según los abogados Germán Romero y Jorge Eliecer Molano.
Las investigaciones sobre ambos crímenes han estado marcadas por la impunidad y la dilación. Por el asesinato de Valle, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión a dos coautores materiales, pero estos no han sido capturados, y Carlos Castaño, señalado como autor intelectual, fue absuelto en segunda instancia.
La familia de Valle rechazó la indemnización estatal por considerarla insuficiente para establecer la verdad sobre el crimen. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano y ordenó reabrir la investigación y realizar actos de memoria.
En el caso de Umaña Mendoza, la Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad en 2016, lo que lo hace imprescriptible, pero los avances han sido mínimos y las solicitudes de entrevistas con exparamilitares se han visto obstaculizadas, según Verdad Abierta. Las investigaciones han señalado la existencia de un plan criminal en el que confluyeron agentes estatales y recursos públicos, articulados con estructuras ilegales para acallar la defensa de los derechos humanos.
En años recientes, decisiones judiciales han reactivado el debate sobre la responsabilidad estatal y la necesidad de verdad y reparación. La Fundación Pares informó que en octubre, la jueza Claudia Castro compulsó copias para que la Fiscalía investigue a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago por los asesinatos de Valle y Umaña Mendoza. Esta decisión se suma a la condena de otros funcionarios por crímenes relacionados y a las declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quienes han señalado la participación de agentes estatales en los asesinatos.
El legado de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza permanece vigente en la memoria colectiva y en las demandas de justicia de familiares, colegas y organizaciones de derechos humanos.
En el sepelio de Valle, el sacerdote Joaquín Vargas afirmó que “Jesús María Valle representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa de su propia vida”, según Verdad Abierta. Para los abogados que impulsan la causa de Umaña Mendoza, el Estado debe reconocer su asesinato como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos y facilitar el acceso a los archivos que permitan identificar a los responsables. Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, subrayó la necesidad de reabrir las investigaciones que Umaña Mendoza adelantaba y de esclarecer los móviles de su asesinato.
