El cabo de la Gendarmería Héctor Jesús Guerrero fue procesado por la Justicia por el delito de abuso de armas agravado al disparar con su pistola lanza gases contra el fotógrafo Pablo Grillo en una manifestación frente al Congreso el 12 de marzo pasado.
La decisión es de la jueza federal María Servini, que estableció que el gendarme Guerrero disparó en seis oportunidades violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno.
En este caso, el cartucho fue disparado en línea recta sobre Grillo, lo golpeó en la cabeza y casi lo mata, al punto que sufrió lesiones gravísimas que comprometieron su cerebro.
La jueza consideró que el imputado actuó con dolo eventual, es decir, que se representó la posibilidad de causar un daño grave y aceptó ese riesgo al disparar de manera prohibida.
“El aquí procesado se representó la posibilidad de producir las lesiones gravísimas, y con su actitud o predisposición psíquica, le resultó indiferente la eventualidad del resultado”, sostiene la resolución.
Servini ordenó un embargo sobre los bienes de Guerrero por 203.000.000 de pesos, dispuso que se presente periódicamente ante la autoridad policial y continúe con la prohibición de salida del país, pero rechazó la prisión preventiva.
El disparo ocurrió en medio de una manifestación en reclamo de aumentos de haberes jubilatorios, de la que participaron barrabravas de los clubes de fútbol, supuestamente para actuar en defensa de los jubilados.
Guerrero disparó una pistola lanza gases marca FM, serie 00660, en forma horizontal y antirreglamentaria desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, en dirección a los manifestantes.
Un cartucho calibre 38 mm de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba agachado tomando fotografías, a unos 47 metros de la línea de las fuerzas de seguridad.
El proyectil atravesó una barricada en llamas y le provocó lesiones que pusieron en riesgo su vida y le dejaron secuelas neurológicas y físicas de extrema gravedad, dice el fallo.
Grillo fue identificado como autor del disparo tras analizar las imágenes de lo ocurrido en materiales aportados por organismos de derechos humanos, medios de prensa y la Gendarmería.
Fue clave para identificarlo el color de su uniforme, en un tono caqui, diferente del resto de sus compañeros y una leyenda en su casco que reza “Picha”. Guerrero era uno de los dos agentes de su sección de Empleo Inmediato que ese día estaban equipados con esa pistola lanza gases.
Los peritajes determinaron el recorrido del cartucho y fueron considerados evidencias, así como el análisis de las imágenes realizadas por Infobae, LA NACION y canales de televisión.
El Cuerpo Médico Forense concluyó que Grillo sufrió una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, lesiones que demandaron múltiples cirugías y lo mantuvieron internado en terapia intensiva durante meses.
“Lesiones graves y gravísimas con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral”, dice el informe oficial que señala que “las lesiones pusieron en peligro la vida” de Grillo.
La jueza Servini analizó las normas sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas no letales en manifestaciones públicas. Citó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público (Resolución Ministerial 943/2023) y el reglamento interno de Gendarmería, que prohíben expresamente disparar cartuchos de gas lacrimógeno en línea recta o hacia personas, y exigen que los disparos se realicen en ángulo oblicuo hacia el suelo para evitar daños graves.
El manual del arma utilizada por Guerrero advierte: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.
El fotógrafo mostró una leve mejoría, pero luego su cuadro volvió a complicarse. La investigación determinó que Guerrero realizó al menos seis disparos antirreglamentarios en dirección a los manifestantes en forma horizontal. La jueza entendió que se trataba de un “abuso de su función”.
Instructor de tiro
“Guerrero no se trata de un efectivo inexperto, sino que formaba parte de la primera sección de GNA y tenía diez años de servicio al momento de los hechos”, dice el fallo de la magistrada. Además daba cursos como instructor de tiro y había aprobado cursos específicos.
En su declaración indagatoria, Guerrero alegó que la visibilidad estaba reducida por el humo y el agua de los camiones hidrantes, que usó el arma según el manual y que nunca tuvo intención de lastimar a nadie.
La jueza remarcó que, a casi siete meses del hecho, el estado de salud de la víctima sigue siendo crítico y que “no se avizora panorama alguno de mejora”.
