Mezclados entre la tierra y la suciedad, los huesos amarronados y oscurecidos por el paso del tiempo era observados por un grupo de obreros que los había desenterrado durante un trabajo de obra. 151 piezas buscaban su identidad. Más tarde se sabría que no pertenecían a un joven que había desaparecido hacía más de cuatro décadas.

El llamado llegó de parte del fiscal Martín López Perrando. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), experto en la búsqueda de personas desaparecidas y en identificación de cadáveres sin identidad, intervino para darle un nombre a la persona detrás de aquellos restos que fueron hallados en la casa de al lado de dónde alguna vez vivió Gustavo Cerati. Se trataba de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido desde el 26 de julio de 1984. El EAAF fue el responsable detrás del hallazgo. “Nosotros vemos en los huesos”, había dicho Analía Simonetti, coordinadora del laboratorio del EAAF, a LN+.

La recuperación de la identidad de Diego fue una excepción en un océano de casos sin resolver. Hoy no hay registro de la cantidad de personas desaparecidas en democracia en la Argentina. Los números se basan en estimaciones y no hay certeza de que reflejen la realidad.

Tampoco hay un sistema que permita cruzar la información disponible sobre los restos óseos de identidad desconocida –llamados N.N.– y las personas que fueron denunciadas como desaparecidas a lo largo del país. La ausencia tiene un alto precio: decenas de casos emblemáticos muestran que la falta de este mecanismo estatal retrasó la identificación de personas desaparecidas a lo largo de la historia argentina.

El caso de Diego cumplió con una serie de elementos que facilitaron su identificación: primero, que la difusión permitió que los familiares de Diego reconocieran ciertas similitudes entre las características del cuerpo y el joven; segundo, que un familiar -su sobrino- se comunicó con el EAAF luego de la difusión; y tercero, que la madre de Diego estuvo dispuesta a que le sacaran una muestra de sangre. Ese paso a paso fue el que permitió que la sangre de su madre y el ADN de sus huesos fueran analizados y dieran compatibilidad.

“El caso de Diego se resolvió y a una velocidad inusual. Esos [los casos resueltos] los podemos contar con los dedos de la mano”, señaló Mariana Segura, arqueóloga y directora para Sudamérica del EAAF.

Un trabajo artesanal y fino se lleva adelante en las oficinas del equipo, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA), para desenterrar las identidades de aquellos sin nombre.

Desaparecidos en democracia

Tras el caso de Diego, el EAAF recibió 22 llamados de familiares que buscaban respuestas sobre sus desaparecidos. De aquellos, seis eran desconocidos: no se encontraban registrados en el sistema de búsqueda que el equipo está construyendo paso a paso hace diez años.

¿Su objetivo? Crear una base federal unificada que permita el cruce de datos. De un lado de la base, estarían todas las personas que son buscadas en el país y, del otro, todos los cadáveres que no han sido identificados. Y ahí se podrían hacer búsquedas cruzadas.

“Esto quiere decir que si, por ejemplo, busco una persona con un tatuaje y hay un hallazgo de un cadáver con un tatuaje semejante, podamos generar una hipótesis de identidad. Como esa línea de comparación aún no existe y esos dos universos no están definidos, es muy difícil llegar a las respuestas”, señaló Segura.

Desde el equipo se encuentran en desarrollo de este mecanismo. Hasta la fecha, la base de datos que generaron contabiliza alrededor de 5500 registros de hallazgos de cadáveres sin identidad (N.N.) y 6600 registros de personas desaparecidas en democracia.

El registro se nutre de fuentes documentales de distintas entidades gubernamentales federales y provinciales, de datos recolectados por organizaciones civiles, relevamientos directos de información en prensa, páginas webs, y redes sociales.

Sin embargo, el registro es muy reciente y no es retroactivo en relación a casos que el equipo ya trabajó previamente: “¿De cuántas personas estamos hablando? No lo sabemos. Solo sabemos que son miles”, dijo Segura.

El EAAF es reconocido a nivel regional y mundial principalmente por su trabajo de reconocimiento de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en la Argentina. Sin embargo, su intervención en casos de desapariciones en democracia viene de larga data, y surgió cuando la Justicia comenzó a preguntarse si los métodos utilizados para las desapariciones forzadas podían trasladarse a otro tipo de búsquedas. “Ya no tenemos, como en la dictadura, algo que engloba a los casos, que era la desaparición forzada. Acá hay un amplio espectro y un universo más heterogéneo”, dijo la arqueóloga.

El primer caso fue en 1986: el carnicero de San Andrés de Giles, un asesino múltiple que mató a su madre, padre, hermana, hermano y tía. La Justicia solicitó al equipo que analizara los restos óseos de los familiares. Luego trabajaron en causas de femicidios y en los casos de Ciudad Juárez en México, donde desaparecieron o fueron asesinadas más de 600 mujeres entre 1993 y 2001.

Pero terminaron de entender la ausencia de un mecanismo estatal alrededor de 2016, cuando fueron consultados por el ministerio de Seguridad para la creación del Sistema Federal de Búsqueda. El objetivo era que colaboraran en la parte pericial. “Tomamos consciencia de lo grave que era esa ausencia”, expresó Segura.

Y surgió una pregunta: “¿Cómo puede ser que, con la experiencia que tuvo este país en búsqueda de personas e identificación de cadáveres [en dictadura] tengamos, a partir de la democracia, cero mecanismo de identificación? Es una deuda enorme”, consideró.

“Aunque lo teníamos contemplado para desapariciones forzadas, no teníamos lo mismo para cualquier persona que desaparezca en democracia. No lo concebíamos. Y ahí fue que decidimos empezar a ver cómo era este mundo”, sumó. Y eso despertó el interés de las fiscalías, que comenzaron a llamar a la puerta.

Los casos que marcaron las falencias

Luciano Arruga tenía 16 años cuando desapareció el 31 de enero de 2009. Su familia denuncia que fue torturado tras ser detenido por efectivos del destacamento de Lomas del Mirador de la Policía Bonaerense, en el partido de La Matanza, en los meses previos a su desaparición. Su familia lo buscó por más de cinco años por una simple falla: no se habían vinculado dos causas judiciales paralelas que correspondían al joven. Una de ellas, era sobre su búsqueda; la otra, sobre un joven fallecido sin identificar.

Fue tras un cotejo de sus huellas dactilares –que implica comparar una huella encontrada en un lugar de interés con otra de origen conocido– que descubrieron que fue atropellado en la avenida General Paz y Emilio Castro y enterrado como N.N. en el Cementerio de la Chacarita en 2014. El EAAF intervino en el caso.

“Todo lo que vimos con el caso de Diego [Fernández Lima] nos pasó en su momento con Luciano Arruga. Pensamos que en ese momento el país se iba a dar cuenta del problema. Ya pasaron más de diez años”, remarcó Segura.

Lo mismo se reflejó en los casos de Mariela Tasat y Salomé Valenzuela. Tasat fue el primer caso documentado por la organización Missing Children registrado en el país: Mariela tenía 14 años cuando desapareció el 7 de septiembre de 2002 en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Lanús. Su madre, convencida de que había sido captada por una red de trata, la buscó en prostíbulos y villas. Fue la falta de respuestas la que la llevó al EAAF.

Ellos descubrieron que había sido atropellada por un tren ese mismo día, sobrevivido por unas horas y muerto en un hospital. Aunque le tomaron las huellas dactilares en ese entonces, no logró ser identificada y fue enterrada como N.N. en el cementerio de Lanús.

Por el deterioro de su cuerpo, en la autopsia la marcaron como una mujer de 30 años. “Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que a veces el estimativo etario que realiza la policía dice, por ejemplo, 25 años, pero cuando el cuerpo va a la morgue, el médico dice que en realidad tenía 46. Pero la búsqueda no se actualiza. Entonces, seguimos buscando al de 25, pero al de 46 no”, comentó Segura.

Las huellas de Mariela tampoco estaban en el Registro Nacional de las Personas (Renaper). La comparación de su ADN con el de su madre y hermana finalmente dio la coincidencia, poniendo fin a una búsqueda de 15 años.

Salomé fue otra de las víctimas de las fallas del sistema. Tenía 12 cuando salió con sus amigas el 16 de febrero de 2013 para, más tarde, ir a bailar. Faltaban dos días para su cumpleaños. El enigma de su ausencia persiguió a su familia por siete años. Salomé había sido asesinada horas después de salir de su hogar.

Pocos días después de su desaparición, un cuerpo apareció en un descampado a 20 cuadras de su casa. Pero nadie relacionó el cadáver con la ausencia de Salomé y enterraron el cuerpo como N.N. Fue años después, cuando una familia pidió que exhumaran el cuerpo pensando que era el de su hija desaparecida, que se hizo la conexión.

El equipo también intervino en casos emblemáticos que hasta el día de hoy no tienen resolución. Uno de ellos fue el de María Cash, que fue vista por última vez el 8 de julio de 2011 en Salta, cuando tenía 29 años. El equipo fue convocado dos veces por el hallazgo de cuerpos sin identificar en el noroeste del país. Ambos dieron negativos.

Las falencias son infinitas. En el caso de Diego Fernández Lima, fue registrado como “fuga de hogar”. Otra falla es la falta de actualización de datos: “Capaz una persona aparecía y eso no se registraba. Otros continúan desaparecidos, pero no figuran necesariamente como tales hoy en día”, explicó.

Los casos de Luciano, Mariela y Salomé reflejan el temor más grande: que miles de familias carguen con una incertidumbre cuya solución está disponible, pero no hay nadie para construirla. “Hay mucha consciencia de que es un problema, pero no está claro cómo trazar el camino”, explicó Segura.

La construcción de una nueva base y la búsqueda colectiva

El blanco de las paredes del edificio del EAAF contrastan con la pintura gastada de la arquitectura de la exESMA. Su pulcritud se refleja también dentro de las inmediaciones, en particular en el laboratorio. Desde el equipo advierten que representa una puerta hacia otro mundo. El espacio está lleno de cajas acomodadas, libros apilados en robustas bibliotecas, y mesas metálicas donde se arman, parte por parte, los restos óseos de los cuerpos sin identificar.

Alejandro Vázquez y Florencia Bustamante trabajan con delicadeza y seriedad sobre los huesos, que cuentan una historia. Un relato que se desarrolla antes, durante y después de la muerte. “En nuestros huesos guardamos memoria. En el tejido quedan componentes que indican dónde nacimos, dónde vivimos y hacia dónde nos movimos”, señala Mariana Segura mientras observa los esqueletos desplegados frente a ella.

Este año se contabilizan al menos 93 expedientes de personas desaparecidas en el EAAF. Desde el equipo remarcan que su relevamiento es muy difícil, porque muchos oficios que llegan por paraderos incluyen el cruce con una gran cantidad de casos de N.N. Como ejemplo: por una búsqueda de un desaparecido en la misma causa, se relevaron 32 cuerpos sin identificar. Esos datos luego se incorporaron dentro de la investigación del buscado.

El proceso de intento de identificación de un cadáver es altamente minucioso y consta de diversas etapas. La mayoría de los casos que reciben se conocen como cold cases o casos fríos. Los restos óseos llegan en grandes contenedores de campo, y pasan a una sala de rayos X. Luego, se los coloca en un lavabo de metal, donde se los limpia con cepillo y agua, se los deja secar y se los cataloga con rótulos. Después los huesos se colocan para realizar un inventario, donde se registra cómo está conformado el cuerpo, y se pasa al perfil biológico. También se analiza la presencia de rasgos individualizantes y se realiza una toma de ADN.

Cuando el proceso es inverso -no hay un cuerpo, sino un familiar que busca a un desaparecido- aparece otra dificultad. La coordinadora de la Unidad de Casos del EAAF Virginia Urquizu explicó que los familiares suelen acercarse pasado cierto tiempo de la desaparición. “Tiene que haberse iniciado algún proceso en la familia, muchas veces mientras la causa está parada. Aceptan que es la búsqueda de una persona fallecida”, manifestó.

Los familiares, que se comunican a través de mail, teléfono o redes sociales, llenan un formulario y, a partir de ahí, son contactados por el equipo. Luego, se les realiza una entrevista, ya sea en las oficinas del EAAF como en sus domicilios, y una muestra de sangre.

La muestra, sin costo ni obligación alguna para los familiares, consiste en un simple pinchazo en el dedo, donde extraen unas gotas de sangre. Esa muestra va al laboratorio de genética forense que se encuentra en Córdoba, donde se secuencia y pasa a estar en un banco forense de datos de familiares. La muestra permite la posibilidad de comparaciones futuras. Esto permite ayudar en una “búsqueda colectiva”, que engloba a familiares de todo el país.

Luego, se procede a la búsqueda de la persona en la base de datos que conformaron y, si no se encuentra allí, en el Ministerio de Seguridad y otros organismos. Esta base se arma pensando en la posibilidad futura de que, con colaboración estatal, se conforme una mesa de trabajo conjunta con diversos organismos, como el ministerio de Justicia, el de Seguridad y el ministerio Público Fiscal. “Nosotros lo estamos armando para que, eventualmente, cuando podamos sentarnos en una mesa de trabajo, haya una base”, detalló Mariana Segura.