La Defensoría del Pueblo calificó como posibles violaciones de derechos humanos los hechos registrados durante la Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina en Medellín, luego de que circularan videos en los que se observa a gestores de convivencia de la Alcaldía interviniendo de manera violenta contra manifestantes y al concejal Andrés “el Gury” Rodríguez portando un bate en medio de los disturbios.
De acuerdo con la entidad, la intervención de los gestores de convivencia y seguridad durante la manifestación —realizada el martes 7 de octubre en la avenida El Poblado— excedió las competencias legales asignadas a estos funcionarios, quienes no están autorizados para usar la fuerza ni para disolver concentraciones ciudadanas.
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“En ningún caso deben impartirse o ejecutarse instrucciones orientadas a la disolución violenta de las marchas o concentraciones, especialmente si son realizadas por contratistas que no hacen parte de los contingentes de Policía con formación especializada”, señaló la Defensoría en un comunicado.
Según el reporte del organismo, dos personas resultaron heridas durante los enfrentamientos, y algunos comerciantes denunciaron daños a locales por parte de un grupo de encapuchados.
Ante esta situación, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó que el derecho a la protesta pacífica está protegido por la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que las autoridades deben garantizar su ejercicio “en condiciones de libertad, seguridad y respeto”.
Marín explicó que el control de excesos en las manifestaciones debe comenzar por el diálogo y la mediación, con participación de la Defensoría, antes de considerar cualquier uso de la fuerza.
“Cuando sea absolutamente indispensable, este solo puede ser ejercido por unidades de Policía especializadas, como el Undemo, siguiendo los principios de proporcionalidad, necesidad, precaución y diferenciación”, recalcó.
La funcionaria también hizo un llamado a las autoridades locales para evitar la estigmatización de la protesta y de los manifestantes, recordando que “las instituciones del Estado deben ser garantes de derechos, no generadoras de nuevos riesgos”.
En ese sentido, pidió abrir investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios públicos que hayan actuado por fuera de sus competencias durante la jornada.
La intervención de los gestores de seguridad ocurrió luego de que un grupo de manifestantes comenzara a cometer actos de vandalismo sobre la avenida El Poblado, lo que llevó a la Alcaldía a ordenar el uso “diferenciado de la fuerza”.
Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, la decisión se tomó “en el marco del PMU” para proteger la integridad de las personas y los bienes. “Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la propiedad privada”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, el episodio que más controversia generó fue la aparición del concejal Andrés “el Gury” Rodríguez portando un bate mientras increpaba a los manifestantes cerca del centro comercial Oviedo.
En las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, se le observa caminando con el objeto en la mano y gritando a los presentes. Aunque no hubo enfrentamientos físicos, su comportamiento fue interpretado como una incitación a la violencia.
La Defensora del Pueblo advirtió que esa actitud “constituye una incitación a la violencia e implica un incumplimiento del deber de los servidores públicos de promover la paz y proteger los derechos de todas las personas”. Marín insistió en que los funcionarios deben “mantener una conducta ejemplar, especialmente en contextos de protesta social, donde la tensión puede escalar rápidamente”.
En respuesta, Rodríguez justificó su actuación en su cuenta de X, donde aseguró que intervino para “defender a los niños” que se encontraban dentro de un restaurante McDonald’s atacado por manifestantes. “¿Uno los enfrenta para defender a los niños y el ‘paraco’ es uno? Hágame el favor. Vandalizaron todos los locales y se ponen a llorar”, escribió el concejal, quien horas antes había anunciado que saldría a “defender la ciudad”.
Las reacciones fueron inmediatas. El activista y exdiputado Hernán Muriel calificó de “vergonzoso” el comportamiento del concejal y lo acusó de “provocar a los manifestantes con un arma en la mano”. En contraste, simpatizantes del Centro Democrático defendieron su actuación, argumentando que actuó ante la ausencia de autoridad.
