Una jueza de Ecuador ha ordenado este miércoles la inmediata puesta en libertad de los cinco sospechosos del ataque al convoy del presidente del país, Daniel Noboa, recibido en la víspera con piedras a su paso por la provincia de Cañar, al considerar que se trata de una detención «ilegal» puesto que se ha violado su derecho al debido proceso.
La jueza Erika Álvarez ha dispuesto la liberación de los detenidos en un fallo recogido por el diario ‘Primicias’ en el que ha argumentado que las autoridades los mantuvieron incomunicados y no leyeron sus derechos.
La magistrada, que ha calificado los hechos que se les atribuyen como un «delito flagrante», no ha dado paso para que la Fiscalía impute cargos debido a que se han vulnerado los derechos fundamentales de los arrestados.
Cabe recordar que, según el Gobierno de Ecuador, los sospechosos serán procesados por delitos de intento de asesinato contra el presidente, lo que supone penas de entre diez y trece años de cárcel, y por terrorismo.
Durante la audiencia, la defensa de los sospechosos –quienes han rechazado las acusaciones– ha denunciado que la lectura de sus derechos se realizó horas después y no en el momento de su detención y que los cinco han permanecido incomunicados durante cerca de siete horas, sin contacto con familiares ni asistencia legal inmediata.
El coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Yaku Pérez, en calidad de abogado, ha sostenido previamente que no formaron parte de «las agresiones a la caravana presidencial».
«Ellos manifiestan que no estuvieron, en ningún momento, ejerciendo actos de violencia. Ninguno de ellos estuvo en la protesta, solamente se les confundió», ha alegado Pérez, quien ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad durante la detención de estos, informa ‘El Universo’.
El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha calificado la orden de la jueza como una «traición» durante una entrevista concedida a Radio Centro Digital en la que ha considerado que la liberación de los detenidos pone en evidencia las debilidades del sistema judicial del país. «Llevamos las evidencias. Los dejan libres porque alegan que no se les leyeron los derechos en el lugar correcto, no porque no sean responsables», ha incidido.
