El gobernador Gavin Newsom aprobó una ley que busca resguardar en California a los vendedores ambulantes, muchos de ellos extranjeros, frente a la amenaza de la deportación y de la persecución por parte de agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Cómo es la “Street Vendor Business Protection Act” de California que beneficia a los migrantes
El texto legal de la Street Vendor Business Protection Act, aprobado por la Legislatura de California, comienza con una declaración contundente: los vendedores ambulantes representan un motor económico y cultural para las comunidades inmigrantes y de bajos recursos.
Según el documento, el trabajo en las calles “provee importantes oportunidades de emprendimiento y desarrollo económico” para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral formal.
Además, el Estado reconoció que la venta callejera amplía el acceso a productos y alimentos culturalmente relevantes, al tiempo que dinamiza los espacios públicos y fortalece la vida comunitaria. En esa línea, la ley subraya que la seguridad y el bienestar de la población se ven favorecidos cuando los gobiernos locales apoyan, en lugar de criminalizar, la actividad de estos vendedores.
La nueva norma revierte décadas de políticas que castigaban con sanciones penales a quienes trabajaban sin los permisos necesarios, al tiempo que pone fin a un historial de detenciones y multas que afectaron de manera desproporcionada a inmigrantes latinos.
La protección de California para los vendedores ambulantes frente a la deportación y la persecución
La Street Vendor Business Protection Act establece que ninguna autoridad local podrá entregar información personal de los vendedores a agencias de inmigración sin una orden judicial o citación válida. Entre los datos protegidos se incluyen nombres, direcciones, números de identificación, teléfonos, permisos de venta y registros fiscales. Esta disposición apunta a eliminar el miedo generalizado entre quienes intentaban obtener una licencia municipal y temían que ese trámite los expusiera ante el ICE.
La Legislatura advirtió que “los programas locales de permisos recolectan y almacenan información sensible que podría usarse para la deportación si se comparte con agencias federales”. Por ello, la norma impone una clara restricción: ni las ciudades ni los condados podrán permitir el acceso voluntario a esos registros.
Cualquier intento de divulgar información requerirá una orden judicial específica, mientras que los municipios tendrán derecho a impugnarla ante un tribunal federal. Además, toda base de datos creada antes de 2026 que contenga antecedentes penales o información sobre el lugar de nacimiento deberá ser destruida antes del 1° de marzo de ese año, salvo que la ley exija conservarla.
La protección también se extiende a los vendedores de alimentos en unidades móviles, conocidos como compact mobile food operations, un sector particularmente vigilado por autoridades de salud. La ley prohíbe que los funcionarios que regulan esos permisos consulten el estatus migratorio o los antecedentes penales de los solicitantes e impide cualquier tipo de cooperación con agencias dedicadas a la aplicación de leyes migratorias.
La ley aprobada por Gavin Newsom no impide que los gobiernos estatales o locales compartan información de inmigración cuando sea requerido bajo las secciones 1373 y 1644 del Título 8 del Código de los Estados Unidos, pero establece un marco de garantías que limita el uso de esos datos.
Con esta medida, Newsom busca consolidar a California como un “estado santuario” en materia de políticas migratorias, al priorizar la integración económica y social de las comunidades extranjeras sobre la cooperación con las autoridades federales.
