El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que el dictamen de la Comisión de Venecia sobre las propuestas para la elección de los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recuerda que «no hay estándares obligatorios» y aborda «los riesgos que tiene el modelo corporativo» de que los jueces escojan a sus representantes.
De esta forma ha reaccionado Bolaños al dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa, que ve problemas de «politización externa e interna» en los dos modelos propuestos por los sectores progresista y conservador del CGPJ, que recomiendan sistemas opuestos.
«El informe que ya hemos conocido va a resultar muy útil en un debate casi histórico en nuestro país sobre la modalidad de elección de los vocales», ha declarado a preguntas de los periodistas en un acto de firma de un convenio con la ONCE en la sede del Ministerio para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia.
Para Bolaños, lo que dice el informe de la Comisión de Venecia «es que no hay estándares obligatorios». «Y, por tanto, eso permite que Alemania no tenga un Consejo General de Poder Judicial, que en Italia lo presida el presidente de la República, que en Francia algunos de los miembros los elija el presidente Emmanuel Macron», ha puesto como ejemplo.
Ha insistido en que «los modelos en la Unión Europea son muy diferentes» y ha defendido que los distintos modelos de consejos generales del Poder Judicial «han de buscar garantizar la independencia judicial».
«En España está absolutamente garantizada la independencia judicial», como «lo atestiguan todas las encuestas que se hacen también a nivel de los propios jueces y magistrados de nuestro país», ha subrayado.
Dicho eso, Bolaños ha expresado que el dictamen de la Comisión de Venecia es la «primera vez» que «un organismo internacional menciona los riesgos que tiene el modelo corporativo que defiende la derecha, de politización y de corporativismo».
«Nosotros apostamos por el modelo democrático, es decir, por que la Justicia, que emana del pueblo y es un poder del Estado, tenga una base democrática, es decir, que tenga una intervención del Parlamento que sea decisiva», ha contrapuesto.
Y ha reivindicado que el modelo de elección de los vocales del Consejo tiene que ser el resultado de un «gran pacto de Estado como el actual», que «se consolidó en el año 2001».
«Eso hace que sea un modelo equilibrado, que sea un modelo democrático, que sea un gobierno de los jueces que puede reconocer todas las diferentes sensibilidades que hay en la sociedad española y también en la carrera judicial», ha añadido.
CAMBIARLO SIN CONSENSO, UNA «ESPIRAL DESASTROSA»
A su juicio, «nadie puede tener la tentación de cambiar un modelo de manera unilateral, porque lo que dar lugar es a que cada vez que hubiera un cambio de gobierno, hubiera un cambio de modelo en la elección de los vocales», lo que «sería una espiral desastrosa para el Poder Judicial».
Ha querido recordar que hubo grupos políticos que pidieron rebajar las mayorías para elegir el actual modelo, pasando de tres quintos a mayoría absoluta.
«Ese cambio no lo llevamos a cabo porque no creemos que haya que hacer ningún cambio unilateral, creemos que todo ha de tener al menos el mismo consenso que tuvo en 2001. Y eso se traduce en un Consejo General del Poder Judicial democrático, con base democrática plural y que acoge a todas las sensibilidades», ha indicado.
Bolaños ha reivindicado que el modelo vigente es «democrático» y «lleva funcionando más de 20 años con éxito», para criticar acto seguido que en el último «bloqueo» a la renovación del CGPJ hubo «un causante clarísimo, el Partido Popular, que durante cinco años y medio decidió bloquear».
«Pero el modelo ha funcionado sigue funcionando y lo más importante garantiza la independencia judicial, que es la finalidad de todos los modelos europeos», ha concluido.
Cabe recordar que el sector conservador propuso que en la elección de los doce vocales de procedencia judicial votaran todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo en el momento de publicarse la convocatoria y sin participación del Parlamento o del Gobierno, mientras que el bloque progresista planteó que los jueces participasen de forma «directa» en la elección de los doce vocales judiciales, pero con el aval posterior de las Cortes Generales.
El dictamen de la Comisión de Venecia considera insuficiente la propuesta de los conservadores por la influencia de las asociaciones y recela que la de los progresistas deje la decisión final «en manos de un órgano político».