Como empresario argentino observo hace años cómo la presión tributaria y la informalidad impactan de manera negativa en nuestras empresas, en los consumidores y en el desarrollo del país.
Entre 2005 y 2015 el gasto público consolidado expresado como porcentaje del PBI sufrió un gran incremento que fue acompañado por un fuertísimo aumento de la presión tributaria, principalmente a través de impuestos distorsivos como las retenciones, Ingresos Brutos y las tasas municipales; que en la práctica funcionan como impuestos, ya que no siempre están asociadas al costo de una contraprestación, sino que se vinculan con la facturación de las empresas como base imponible.
El aumento de los impuestos acompañado por bajos niveles de fiscalización han generado un incremento muy importante de la informalidad. Esto ha dado lugar a un círculo vicioso donde cada vez más impuestos recaen sobre menos contribuyentes. Actualmente Argentina tiene una de las cargas impositivas formales más altas del mundo (según estudios del Banco Mundial y la UIA).
A mi juicio, esta realidad de altos impuestos y baja fiscalización genera tres efectos muy nocivos en el comercio, el sector que conozco:
Primero, sobre los consumidores, que terminan pagando más caros los productos. Normalmente un producto de consumo masivo que se produce y comercializa íntegramente en el mercado formal incluye entre 40% y 45% de impuestos en su precio final. En el caso de las bebidas gaseosas alcanza casi el 50%; dicho de otro modo, cada vez que una familia se sirve un vaso de gaseosa, también le sirve otro al Estado en sus tres niveles.
En segundo lugar, genera un desincentivo muy grande a la inversión y formalización de las empresas del sector. Se estima que entre el 50% y el 60% del comercio se maneja en la informalidad. El supermercadismo es un negocio de altísimos volúmenes de venta y márgenes de rentabilidad muy bajos: en términos históricos una rentabilidad final cercana al 2% de las ventas es considerada como muy buena. Sin embargo, los impuestos (sin incluir el IVA) que se tributan en el giro del negocio representan cerca del 12% de las ventas. Los impuestos sextuplican la rentabilidad del negocio; esto genera un incentivo enorme a evadir y castiga a quienes cumplen con la ley.
En la década de los 90, los supermercados teníamos más del 50% del mercado de consumo masivo. Con el aumento de la presión fiscal y la evasión, las grandes cadenas perdimos terreno frente a la informalidad: hoy no superamos el 40%. Cadenas internacionales que invirtieron durante décadas, generando empleo formal e impulsando al sector, terminaron yéndose del país, como por ejemplo Falabella y Walmart. La dificultad no está en la gestión empresarial, sino en un entorno impositivo que atenta contra la rentabilidad del negocio formal.
Tercero, impacta sobre la competitividad de las empresas. Es difícil crecer y exportar con una mochila impositiva tan pesada. La Argentina se mantuvo como un mercado muy cerrado durante mucho tiempo y hoy busca reabrirse al mundo, pero los impuestos no se exportan: la carga tributaria no se puede trasladar al exterior y queda como un costo interno que afecta la competitividad de nuestras exportaciones. Esta realidad también dificulta a la industria nacional al momento de competir con productos importados que no soportan la misma carga tributaria. Es frecuente escuchar a nuestros proveedores quejarse de esta situación.
La Argentina debe avanzar en un camino de reforma tributaria, que sin poner en riesgo el superávit fiscal, baje la carga impositiva para que el sector privado formal pueda desarrollar todo su potencial. La reducción de impuestos se debería hacer en los más distorsivos (Ingresos Brutos, impuesto al cheque y tasas municipales) y venir acompañada de un control más efectivo de la evasión. Este será uno de los temas clave del próximo Coloquio de IDEA en el que estamos trabajando junto a un grupo de CEO.
La Argentina tiene talento, empresas capaces y una sociedad con voluntad de generar valor. Para crecer necesitamos pasar de un esquema que premia la informalidad y castiga a los cumplidores a uno que fomente la inversión privada formal. Esto será un incentivo para que las empresas crezcan en la formalidad, inviertan en tecnología, aumenten su productividad y generen más empleo privado formal sustentable.
El autor es gerente general de Supermercados La Anónima y director de IDEA
