MONTEVIDEO.– Después de haber logrado una media sanción en la Cámara de Diputados en agosto pasado, el Senado uruguayo convirtió este miércoles en ley un proyecto de eutanasia que aún enfrenta resistencias.
Bautizada “Muerte Digna” e impulsada por el partido de izquierda en el gobierno, el Frente Amplio (FA), la iniciativa despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones. La Cámara de Diputados le dio media sanción en agosto y el Senado aprobó la norma con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes.
Así Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida en el que figuran Canadá, Holanda, Nueva Zelanda y España. En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.
Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son algunos de los requisitos.
Según el proyecto, el médico al que se solicita el procedimiento está en condiciones de rechazar el pedido. En esa instancia, el paciente puede hacer una nueva solicitud a otro médico. En caso de que este también rechace el pedido, se deberá convocar a una junta médica que deberá estar integrada por tres médicos, un psiquiatra, un especialista en la patología que padece el paciente y un tercero a definir en la reglamentación de la ley. Las instituciones médicas también pueden rechazar el procedimiento.
Si el médico acepta la solicitud de asistencia para morir, deberá someter el caso a consideración de un segundo médico, que también tendrá acceso al historial clínico y mantendrá una consulta presencial con el solicitante. Si el segundo médico confirma la opinión del primero, el procedimiento podrá avanzar.
El paciente también deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos, y puede arrepentirse en cualquier instancia del procedimiento.
El texto aprobado en Diputados incluye además la formación de una comisión de revisión de casos, que deberán reportar sus resultados anualmente.
Podrán ofrecer la eutanasia la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el principal prestador de salud pública de Uruguay, las instituciones privadas de salud sin fines de lucro conocidas como mutualistas, los seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial, pero no podrán brindarla las clínicas privadas. A efectos legales, los procedimientos de eutanasia se considerarán como muertes naturales.
Para la activista Florencia Salgueiro, de la agrupación Empatía, la clave de la normativa es el respeto que tiene por la voluntad de un adulto de terminar con su suplicio.
Florencia presenció la lucha de su padre por recibir asistencia para poner fin a su vida cuando el ELA hacía insoportables sus días. Pablo Salgueiro murió a los 57 años sin cumplir su deseo.
En la votación en el Senado se prevé que estén presentes miembros de las asociaciones Empatía Uruguay y Tenemos ELA, a favor del texto, y de Prudencia Uruguay, entre otros, en contra. Los defensores del proyecto coinciden en que su redacción brinda garantías y representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
El 62% de los uruguayos están a favor de legalizar la eutanasia y apenas un 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra.
El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema. Sin embargo, asesoraron en todo el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”, comentó el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.
La Iglesia Católica mostró “tristeza” ante la votación afirmativa en Diputados y la resistencia al proyecto traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones y decenas de personas rechazaron la redacción del proyecto por “deficiente y peligrosa”.
“Se están dejando muy desprotegidas a las personas más vulnerables”, señaló Marcela Pérez Pascual, una de las firmantes.
Con información de AFP
