A principios de 2013 fue condenado en España a la pena de 13 años de prisión por el tráfico de 944 kilos de cocaína que ocultó en un Bombardier Challenger 604 que, piloteado por su hermano Eduardo, aterrizó en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en enero de 2011. Cuando regresó a la Argentina fue indagado por en una causa donde se investigaba el contrabando de oro a los Estados Unidos. Ahora, el empresario Gustavo Juliá está cerca de ir a juicio por su presunta participación en un secuestro extorsivo.
En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de primera instancia dictado por la jueza María Servini sobre Juliá y otros siete sospechosos del secuestro de Gastón Tallone.
La víctima, a pesar de que su familia pagó el rescate exigido, nunca apareció y para la Justicia, a partir de una serie de pruebas y la declaración de un arrepentido, fue asesinada.
Juliá y los otros siete sospechosos están procesados por el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por haber sido cometido por tres o más personas y por haber dado muerte intencional a la víctima.
“En torno a los distintos tramos que conformaron el hecho ilícito y el aporte que cada uno de los procesados materializó para su efectiva concreción corresponde señalar que, en oposición a lo señalado por cada uno de los letrados defensores [en las apelaciones], no es cierto que esas contribuciones puedan ser distanciadas de un carácter delictivo y, como consecuencia de ello, desechar la hipótesis del acusador público y la querella- ratificada en el auto de mérito cuestionado- pues, la lectura integral de cada una de esas conductas, en el contexto general del hecho acaecido, permite una reconstrucción razonable y sólida- conforme al estadio procesal que atraviesa el proceso- que en modo alguno permite la desvinculación de los procesados de la investigación iniciada en su contra”, se sostuvo en el reciente fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El tribunal de alzada, en cambio, revocó el procesamiento de otros dos sospechosos, les dictó la falta de mérito y ordenó su inmediata libertad.
En un primer momento, a partir de la denuncia de la familia de la víctima que reside en Entre Ríos, el secuestro de Tallone, que habría ocurrido entre los barrios de Balvanera y Almagro el 8 de julio del año pasado, era investigado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, pero después esa funcionaria judicial declaró la incompetencia en el caso y la investigación pasó a los tribunales de Comodoro Py, con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli y la jueza Servini.
“Tallone ha sufrido un destino trágico, como la muerte. La falta de evidencia directa de su bienestar, combinada con la ausencia de intentos genuinos de comunicación y la presencia de sus documentos personales y de valor en un lugar donde fácilmente podrían haber sido recuperados, sugieren el peor de los escenarios para la víctima. Tampoco se han verificado, pese al considerable lapso de tiempo transcurrido, nuevas comunicaciones exigiendo condiciones para su eventual liberación, ni tampoco pruebas de vida”, había sostenido el fiscal Stornelli en el dictamen donde, en su momento, solicitó ampliar los procesamientos de los imputados, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
Otro de los procesados es el abogado José Alberto Tomás Uriburu, supuesto ideólogo del plan criminal.
El representante del Ministerio Público citó las afirmaciones del arrepentido que había sostenido que otro imputado, durante una conversación, le dijo: “Uriburu se volvió loco, al empresario lo mató con una pala de cavar y lo llevaron cerca de Campana, donde lo tiraron al costado de la ruta y lo prendieron fuego. Creo que fueron ellos dos porque me lo contó así, me dijo, ‘lo prendimos fuego’”.
Por este caso, Juliá, hijo del fallecido brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, fue detenido en diciembre pasado Martínez, en San Isidro, cerca de su casa, por detectives de la División Antisecuestros de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).
La víctima era investigada por lavado de dinero. En su momento, después de una negociación, su familia pagó un rescate, pero no recibió noticias del empresario.
El dinero, al menos 65.000 euros, se entregó en una estación de servicio situada en avenida Cabildo al 4700, en el barrio porteño de Núñez.
“Devuelvan la droga y los 500 mil dólares que se robó”, fue el mensaje que recibió la familia de Tallone después de pagar el rescate.
Para Stornelli, según se explicó en www.fiscales.gob.ar, “el simple hecho de no haberse hallado, de momento, el cuerpo de la víctima, no implica la imposibilidad de probar su muerte, dado que el fallecimiento puede y debe ser acreditado por otros elementos probatorios -como los aquí tratados-, por cuanto, en caso contrario, la ausencia del cadáver favorecería a las personas que arbitraron los medios para lograrlo”.
