El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso está a punto de cerrar la compra de flores por valor de 125.000 euros para decorar los eventos que organice la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que dirige la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel García.
Presidencia quiere que, en función de cada uno de los actos oficiales, “se adecúen las sedes, salones y espacios donde tendrá lugar el desarrollo de los actos, debiendo encontrarse a la altura del ceremonial y protocolo exigido”. De momento, dos empresas se han presentado a la licitación: ‘Floreale’ y ‘Camino de Flores’. El anterior contrato quedó desierto. Y el anterior a ese, Presidencia lo rompió porque no le gustaban los “enfoques estéticos” de la empresa que ganó.
Presidencia prevé actos oficiales tanto en el interior como en el exterior de las sedes de esta Consejería, de sus Direcciones Generales o de espacios de su competencia, “cualquiera que sea su ubicación y en cualquier punto del territorio de la Comunidad de Madrid”. La adecuación de estos espacios, en función de las características del acto oficial a celebrar, conlleva la instalación de una serie de estructuras y equipos, además de la decoración con flores, plantas, árboles u otros elementos decorativos sobre soportes de distinta naturaleza con un diseño determinado.
La sede donde se desarrollan el mayor número de actos oficiales es la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, donde se ubica la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Entre los distintos actos institucionales de especial relevancia celebrados en esta sede destacan los que se organizan de forma fija cada año: el día de la Constitución, la Navidad, el homenaje a las víctimas del 11-M y las fiestas del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Luego hay actos que se celebran de forma puntual, “como recepciones de mandatarios y organizaciones, almuerzos oficiales o entrega de premios, que varían en función de la actividad dispuesta por el Gabinete de la Presidencia”.
En este sentido, Presidencia justifica este contrato porque es necesario “garantizar que los diseños y las decoraciones realizadas se encuentren a la altura del protocolo exigido en los actos que se celebran en la Real Casa de Correos, tanto del exterior como del interior de la sede, decorando los diferentes espacios de forma apropiada al acto a celebrar, en coherencia con el carácter histórico del edificio y respetando la condición de Bien de Interés Cultural”. Y también porque la Consejería carece de personal de arte floral, por lo que “el servicio de diseño, preparación, montaje y desmontaje de la decoración floral debe ser realizado por empresas especialistas en el sector con experiencia en este tipo de trabajos y con altos estándares de calidad”. El pliego técnico no especifica cuántos actos anuales se van a organizar, solo que hay cuatro fijos y muy importantes en el calendario de la Comunidad: Día de la Constitución, las semanas de Navidad, el homenaje a las víctimas del 11-M y las fiestas del 2 de mayo.
Segundo intento
Esta es la segunda vez que Presidencia intenta adjudicar este contrato. El 30 de junio de 2025 formalizó la misma licitación, pero fue declarada desierta en agosto “al no alcanzar ninguna de las ofertas presentadas la puntuación mínima establecida en los pliegos para poder acceder a la fase decisoria de la licitación”. Y es que la empresa adjudicataria “deberá imprimir un estilo identificativo y propio a la Consejería que conjugue adecuadamente la trascendencia histórica, la representatividad y la sobriedad de la institución con las últimas tendencias en diseño y decoración floral imprimiéndole al mismo tiempo un carácter actual, moderno y vanguardista resultando necesario evaluar previamente el estilo y la capacidad de diseño de las empresas licitadoras”.
En 2024 hubo un contrato similar, pero la Comunidad lo rescindió en noviembre de 2024 después de que los primeros trabajos realizados por la empresa que ganó no gustaran al equipo de la presidenta. “No consignaban adecuadamente el valor artístico y el enfoque estético de la prestación a realizar manifestada por el responsable del contrato”, argumentó la Comunidad. “Resulta inconveniente la permanencia del contrato, existiendo las razones de interés público expuestas que aconsejan su resolución y la búsqueda de una solución adecuada a los fines institucionales que se pretende satisfacer con el contrato”. Presidencia, eso sí, abonó esos trabajos y le pagó 2.026 euros.
