Después del revés que sufrió en ambas Cámaras, el Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, en el marco del último día de plazo para aplicarlas, las cuales instan a entregar fondos y contemplan una recomposición salarial. El presidente Javier Milei había vetado ambas normas, sin embargo, la oposición logró ratificarlas en Diputados y en el Senado.
Por medio del Decreto 759/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente. De esta manera, tendrá la obligación de asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil, e incrementar la inversión en programas de becas estratégicas y de estudio en los niveles universitario y preuniversitario.
“El Poder Ejecutivo deberá definir las partidas presupuestarias destinadas al programa ‘Desarrollo de la Educación Superior’, con el fin de afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado, así como garantizar su formación continua. Las mismas deberán garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal”.
Además expresó: “Se dispone la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas. También se prevé la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades, junto con el impulso de las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria”.
En tanto, señaló que la Auditoría General de la Nación realizará un control administrativo externo de las universidades y “de manera inmediata” remitirá al Congreso informes con observaciones y un plan de seguimiento y control.
“La presente ley podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”, informó.
Por otra parte, a través del Decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.796, que impone la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. Mediante la normativa, se decreta la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial afectado al cuidado y atención pediátrica; se establece la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, asistencial y no asistencial; y se prevé la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud que se desempeñe en efectores públicos y privados cuando realice actividades críticas, horas extras o guardias.
A su vez, el Garrahan fue declarado “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad” y el Ejecutivo se encargará de reasignar partidas presupuestarias y aplicar recursos.
“Se pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”, escribieron en el documento.
Luego explicaron: “Se busca asegurar la continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias médicas y de profesionales de la salud, reconociendo su rol formativo, asistencial y estratégico en la atención sanitaria mediante condiciones laborales adecuadas, una retribución digna acorde con el nivel de responsabilidad y una planificación que asegure la cobertura de especialidades críticas”.
Este lunes, médicos del Garrahan y miembros de las universidades habían marchado en reclamo a la promulgación de las leyes y acusado que los anuncios de su aplicación habían sido “solo promesas de campaña”.
