Por primera vez, Estados Unidos ataca una “lancha narco” en el Pacífico: dos muertos

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WASHINGTON.- En medo de la creciente escalada en el Caribe, el Ejército estadounidense llevó a cabo la noche del martes un ataque contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico en aguas del Pacífico, frente a la costa de Colombia, en donde murieron dos personas, según el ministro de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Por orden de Donald Trump, el Departamento de Guerra (como rebautizó al Pentágono) ejecutó un “ataque cinético letal” contra una embarcación vinculada a una organización terrorista y al narcotráfico, informó Hegseth.

La lancha fue alcanzada en aguas internacionales, murieron los “dos narcoterroristas a bordo y no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses”, agregó.

Hegseth advirtió que quienes intenten introducir “veneno” en las costas estadounidenses “no encontrarán refugio ni perdón, solo justicia”.

Se trata del primer operativo conocido en el Pacífico dentro de la ofensiva antidrogas de Donald Trump, que hasta ahora se había centrado en el Caribe, y marca una expansión hacia las rutas marítimas por donde circula gran parte de la cocaína destinada a Estados Unidos.

Con esta acción, ya son ocho operaciones conocidas desde el 2 de septiembre, con 34 víctimas, en las que el Ejército estadounidense ha tratado embarcaciones sospechosas de traficar drogas como objetivos militares dentro de una “guerra” contra el narcotráfico.

El gobierno de Trump justificó su campaña contra los cárteles de la droga al calificarlos de amenaza terrorista para la seguridad nacional, argumentando que el tráfico de drogas —principalmente fentanilo— provoca decenas de miles de muertes cada año y constituye un “ataque armado”.

Según la Casa Blanca, para atacar esa amenaza ligada al gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red de narcotráfico transnacional, autorizó incluso operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

Estados Unidos incrementó su presencia militar en la región con el despliegue de destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6500 soldados.

La expansión de los ataques al Pacífico podría profundizar la tensión con los gobiernos de Colombia y Ecuador, que ya expresaron su preocupación por la falta de coordinación y la violación de la soberanía regional.

Sin embargo, expertos en derecho internacional cuestionaron la legalidad de estas acciones, advirtiendo que el ejército no tiene permitido atacar deliberadamente a civiles, incluso si son sospechosos de delitos, cuando no participan directamente en hostilidades.

El senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, criticó duramente la estrategia. En declaraciones a la prensa, sostuvo que “esas rutas por el Caribe se usan principalmente para llevar cocaína a Europa, no a Estados Unidos” y recordó que el fentanilo, el opioide responsable del grueso de las muertes por sobredosis, “ingresa al país por otras vías”. Además, Kelly reveló que durante las sesiones informativas en el Congreso, los funcionarios del gobierno “tuvieron muchas dificultades para explicar la justificación legal y la constitucionalidad de estas operaciones”.

El Pentágono, por su parte, aún no dio detalles sobre las nacionalidades de las víctimas del ataque más reciente.

Escalada con Colombia

En episodios previos, sin embargo, los impactos regionales ya fueron evidentes: el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció que dos bombardeos anteriores —el 15 de septiembre y el 3 de octubre— provocaron la muerte de ciudadanos colombianos, y acusó a Estados Unidos de “asesinato”.

La tensión entre Washington y Bogotá volvió a escalar esta semana, luego de que el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno afirmara que Estados Unidos prepara pruebas sobre un presunto vínculo del presidente Petro con el narcotráfico.

“Hemos escuchado noticias de cómo aceptó dineros de los carteles de la droga para ser elegido, cómo enriqueció a su familia y permitió que grupos terroristas internacionales como Hezbollah aumenten su influencia en Colombia”, dijo Moreno en una entrevista.

El legislador añadió que Trump “tomará medidas para defender nuestra seguridad nacional”. Con estas declaraciones, el republicano amplió la ofensiva discursiva de Trump, quien días atrás había acusado a Petro de encubrir actividades del narcotráfico y de poner en riesgo los acuerdos bilaterales en materia de cooperación.

Moreno, considerado una figura ascendente dentro del trumpismo y con peso en los temas de política latinoamericana, evitó ofrecer detalles sobre el supuesto expediente judicial, pero adelantó que “las pruebas van a estar para que todos las puedan ver”. También matizó las amenazas previas de Trump sobre imponer aranceles a Colombia, al señalar que “Estados Unidos no va a sancionar al país, sino que va a actuar sobre los responsables de socavar la seguridad hemisférica”. Según analistas en Washington, las declaraciones de Moreno podrían anticipar una estrategia de presión más amplia contra el gobierno de Petro.

Desde Bogotá, Petro respondió con dureza y acusó a Moreno y a su familia de tener intereses económicos en el país, señalándolo como “el encargado de enrarecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”.

En un mensaje publicado en X, el mandatario colombiano reconoció que existe “un entramado judicial en marcha” en su contra en la justicia estadounidense, pero calificó la investigación como una maniobra política impulsada por Trump. “El senador Bernie Moreno es quien ha jugado en esta trama un papel nefasto”, escribió Petro, en uno de los intercambios más tensos desde que el republicano asumió el control de la Casa Blanca.

El cruce marca un nuevo capítulo en la escalada diplomática y personal entre Trump y Petro, que se ha intensificado desde comienzos de octubre, cuando el presidente estadounidense acusó públicamente a su par colombiano de “traicionar la cooperación antidrogas” y de “ser cómplice de los carteles”. Petro replicó entonces calificando a Trump de “imperialista” y de “usar a América Latina como chivo expiatorio para su política interna”.

Agencia Reuters y diario The New York Times

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