Los impulsivos mensajes del presidente Gustavo Petro nuevamente le pasan cuenta de cobro, porque la justicia le ordenó rectificarse por las polémicas acusaciones que hizo contra la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Según se conoció en la tarde del miércoles 22 de octubre, el mandatario nacional fue ordenado a retractarse por un comentario en la red social X sobre la exfuncionaria del gobierno de Iván Duque luego de que el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá considerara que el mensaje presidencial vulneró los derechos fundamentales de Ramírez a la honra y el buen nombre, según el fallo conocido por la revista Semana.
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En la resolución emitida, el juzgado ordenó que el mandatario “proceda con la retractación y rectificación de la publicación realizada en la red social X el día 29 de agosto de 2025, (…) puesto que tal señalamiento vulneró los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de la accionante”.
La decisión responde a una tutela presentada por Marta Lucía Ramírez, quien alegó que un comentario de Petro en dicha red social constituyó una acusación falsa y perjudicial: “No, señora excanciller. Voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”, afirmó el presidente en su momento.
La controversia se originó a raíz de unas declaraciones de Ramírez a un medio nacional, en las que cuestionó la tardía respuesta militar de las autoridades colombianas frente a la situación en la frontera con Venezuela y criticó a Petro por su presunta solidaridad con Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador.
Según la interpretación de la defensa de Ramírez, la respuesta del presidente la vinculó, de manera lesiva y sin fundamento, a actividades delictivas y a actores asociados con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Los abogados de la exvicepresidenta detallaron ante el juzgado que la publicación presidencial tuvo más de 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 me gusta y 790 comentarios, cifra que, según su testimonio, demuestra el alcance e impacto negativo del mensaje.
“Muchos de los cuales interpretaron literalmente la afirmación presidencial, atribuyendo a Ramírez vínculos con organizaciones criminales, lo que demuestra el impacto reputacional y moral negativo de las declaraciones”, argumentaron los representantes legales en el expediente.
Ante la situación, Ramírez había solicitado oficialmente a la Casa de Nariño una rectificación el 4 de septiembre, pero obtuvo una respuesta negativa. El coordinador del grupo jurídico de la Presidencia, Alejandro Melo, indicó que el contenido del mensaje no se refería de manera directa a la exvicepresidenta, sino a un tercero, y argumentó que se trataba “de un intercambio de opiniones políticas, no en una imputación delictiva directa”, según el expediente judicial.
Finalmente, el fallo del Juzgado 66 determinó que la afirmación de Petro sí cruzó la línea y constituyó una vulneración de derechos fundamentales, motivo por el cual le ordenó publicar la retractación y rectificación en un plazo de cuarenta y ocho horas desde la notificación oficial.
Apenas el 16 de octubre, el jefe de Estado cumplió la orden judicial que le exigía retractarse por haber llamado “narcofiscal” a Mario Andrés Burgos Patiño, funcionario de la Fiscalía General de la Nación, pero simultáneamente profundizó sus críticas contra la entidad y el propio Burgos, a quien volvió a señalar por presuntas omisiones en investigaciones relevantes.
La decisión judicial, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, determinó que las declaraciones del presidente vulneraron los derechos fundamentales de Burgos al buen nombre, honra, dignidad humana e integridad personal, al acusarlo sin pruebas de nexos con el narcotráfico y de encubrir responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022 en Cartagena.
El Tribunal destacó que la libertad de expresión presidencial no es absoluta y que no puede atribuir conductas delictivas sin sustento probatorio, especialmente cuando tales afirmaciones provienen del jefe de Estado y afectan la credibilidad de la justicia.
En su comunicado, Petro reconoció: “En mi calidad de Presidente de la República de Colombia, y en cumplimiento de la orden judicial emanada del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, manifiesto a la ciudadanía: reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.
El mandatario insistió en que sus manifestaciones previas fueron “juicios de valor y opiniones críticas” dentro del debate democrático y reiteró su respeto por la independencia judicial.
