Altos funcionarios que fueron abogados defensores del presidente ahora ocupan algunos de los puestos que normalmente aprueban este tipo de pagos, lo que pone de relieve posibles conflictos éticos.
El presidente Donald Trump exige que el Departamento de Justicia le pague alrededor de 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales en su contra, según personas familiarizadas con el asunto, quienes agregaron que, en última instancia, cualquier acuerdo podría ser aprobado por altos funcionarios del departamento que lo defendieron a él o a personas cercanas.
La situación no tiene un paralelo en la historia de Estados Unidos, ya que Trump, candidato a la presidencia, fue perseguido por las fuerzas de seguridad federales y finalmente ganó las elecciones, asumiendo el control del mismo gobierno que ahora debe revisar sus reclamaciones. También es el ejemplo más claro hasta ahora de los posibles conflictos éticos que surgen al poner a los antiguos abogados del presidente al frente del Departamento de Justicia.
Trump presentó quejas a través de un proceso de reclamación administrativa que a menudo precede a las demandas. La primera reclamación, presentada a finales de 2023, busca daños y perjuicios por una serie de supuestas violaciones de sus derechos, incluida la investigación del FBI y del fiscal especial sobre la manipulación de las elecciones por parte de los rusos y las posibles conexiones de estos con la campaña de Trump de 2016, según personas familiarizadas con el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato porque la demanda no se ha hecho pública.
La segunda queja, presentada en el verano de 2024, acusa al FBI de violar la privacidad de Trump al registrar Mar-a-Lago, su club y residencia en Florida, en 2022, en busca de documentos clasificados. También acusa al Departamento de Justicia de persecución maliciosa al acusarlo de mala gestión de archivos confidenciales después de que dejara el cargo.
Cuando se le preguntó sobre el tema en la Casa Blanca tras la publicación de este artículo, el presidente dijo: «Resulté muy perjudicado y cualquier dinero que consiguiera, lo donaría a la caridad».
Y añadió: «Yo soy el que toma la decisión y esa decisión tendría que pasar por mi escritorio y es terriblemente extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo».
Los abogados dijeron que la naturaleza de las reclamaciones legales del presidente plantea innegables desafíos éticos.
«Qué farsa», dijo Bennett L. Gershman, profesor de ética de la Universidad de Pace. «El conflicto ético es tan básico y fundamental que no hace falta un profesor de derecho para explicarlo».
Y añadió: «Y luego, que sean personas del Departamento de Justicia las que decidan si su demanda prospera o no, y estas son las personas que le sirven y quienes deciden si gana o pierde. Es extraño y casi demasiado descabellado para creerlo».
El presidente también pareció reconocer ese punto en el Despacho Oval la semana pasada, al aludir vagamente a la situación mientras estaba junto al director del FBI, Kash Patel, la fiscala general Pam Bondi y su adjunto, Todd Blanche. Según la normativa del Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto –en este caso, Blanche– es una de las dos personas con derecho a firmar un acuerdo de este tipo.
«Tengo una demanda que iba muy bien, y cuando me convertí en presidente, dije, en cierto modo me estoy demandando a mí mismo», dijo Trump, y añadió: «No se ve muy bien que me demande a mí mismo, ¿no? Así que no sé. Pero era una demanda muy sólida, muy poderosa».
Las reclamaciones administrativas no son técnicamente demandas. Dichas quejas se presentan primero al Departamento de Justicia en lo que se denomina Formulario Estandarizado 95, para ver si se puede llegar a un acuerdo sin presentar una demanda ante un tribunal federal. Si el Departamento rechaza formalmente la reclamación o se niega a actuar en consecuencia, el interesado puede presentar una demanda ante los tribunales. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra en este caso, dado que Trump ya está negociando, en esencia, con sus subordinados.
Las indemnizaciones suelen correr a cargo de los contribuyentes. Dos personas familiarizadas con las reclamaciones legales del presidente dijeron que no había recibido ningún pago del gobierno federal, pero que esperaba recibirlo.
La segunda demanda acusaba a Merrick Garland, entonces fiscal general, a Christopher Wray, entonces director del FBI, y a Jack Smith, el fiscal especial que investigaba a Trump en ese momento, de «acoso» con la intención de influir en el resultado electoral. «Esta persecución maliciosa hizo que el presidente Trump gastara decenas de millones de dólares defendiendo el caso y su reputación», decía la demanda.
Según el manual del Departamento de Justicia, los acuerdos de reclamaciones contra el departamento por más de 4 millones de dólares «deben ser aprobados por el fiscal general adjunto o el fiscal general asociado», es decir, quien supervisa la división civil de la agencia.
El actual fiscal general adjunto, Blanche, se desempeñó como el principal abogado de defensa criminal de Trump y dijo en su audiencia de confirmación en febrero que su relación abogado-cliente con el presidente continuaba. El jefe de la división civil del departamento, Stanley Woodward Jr., representó al coacusado de Trump, Walt Nauta, en el caso de los documentos clasificados. Woodward también ha representado a otros ayudantes de Trump, incluido Patel, en investigaciones relacionadas con Trump o con los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021.
Un vocero del equipo legal personal del presidente dijo que estaba luchando contra la investigación de Rusia que ha denunciado durante mucho tiempo como una cacería de brujas y lo que ha llamado el uso del sistema de justicia penal como arma por parte del gobierno de Joe Biden.
Una portavoz de la Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Justicia. Al preguntarle si Blanche o Woodward recusarían o habían sido recusados de supervisar el posible acuerdo con Trump, un portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, dijo: «En cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento de Justicia siguen las directrices de los funcionarios de ética de carrera».
En julio, Bondi despidió al principal asesor de ética de la agencia.
Trump es famoso por odiar las recusaciones. Se quejó amargamente después de que su primer fiscal general, Jeff Sessions, se retirara de supervisar la investigación sobre Rusia que ahora es objeto de una de sus exigencias de dinero.
«El fiscal general cometió un terrible error cuando hizo esto y cuando se recusó», dijo Trump en 2018. «Ciertamente, debería habernos hecho saber si se iba a recusar, y habríamos usado un puesto a un fiscal general diferente».
El Departamento de Justicia no requiere específicamente un anuncio público de los acuerdos alcanzados por reclamaciones administrativas antes de que se conviertan en demandas. Si o cuando el gobierno de Trump pague al presidente lo que podrían ascender a cientos de millones de dólares, es posible que no haya una declaración oficial inmediata al respecto, según funcionarios actuales y anteriores del departamento.
Algunos exfuncionarios han expresado en privado su recelo ante el hecho de que los dirigentes del departamento no rechazaran las reclamaciones legales de Trump en los últimos días del gobierno de Biden. Desde hace tiempo, es práctica habitual que los litigios civiles, incluidas las demandas contra el gobierno, se suspendan hasta que se resuelvan las causas penales relacionadas con los mismos hechos.
Alan Feuer colaboró con reportería.
Devlin Barrett
cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times.
Tyler Pager
es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.
Alan Feuer colaboró con reportería.
