ROSARIO.- El dilema que asomaba en Rosario en plena ola de violencia narco era el riesgo de que se sumara otro problema capaz de generar pánico en el ámbito empresario, que no estaba ajeno a lo que sucedía en la ciudad. Los Monos habían intentado sin éxito iniciar un emprendimiento criminal con secuestros extorsivos dentro del mundo narco, pero la logística necesaria para ese tipo de delitos era más sofisticada que la violencia extrema y cruda que el clan Cantero sabía aplicar contra sus víctimas.
Profesionales de esa rama delictiva, por fuera del narcotráfico, observaron que Rosario reunía condiciones para llevar adelante este tipo de hechos, que generan terror pero requieren una planificación extrema. El miedo, combustible ideal para ese negocio, ya existía a causa de la violencia narco. Una organización del norte de Buenos Aires, con sospechas de vínculos con los servicios de inteligencia, aprovechó ese contexto y empezó a tejer estrategias para raptar personas con capacidad económica para pagar.
En el juicio que terminó esta semana contra seis acusados de tres secuestros en Rosario, las condenas fueron severas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°3 de Rosario impuso penas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a los integrantes de una banda que entre 2021 y 2023 planificó y cometió secuestros extorsivos con familiares de empresarios como víctimas en Rosario y en la bonaerense Villa Ramallo.
Entre los fundamentos del fallo se destacó que los acusados conformaban una organización criminal compleja, profesional y estable. La condena se sustentó en el amplio cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, entre ellas intervenciones telefónicas, geolocalización de celulares, peritajes de voz y la identificación de un modus operandi idéntico en todos los hechos.
El TOF N°3, integrado por Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, dio a conocer el veredicto el 3 de octubre y el 14 del mismo mes publicó los fundamentos en una resolución de casi 300 páginas. Las penas más altas fueron de 19 años y 6 meses para el comerciante Claudio Daniel Coto, de 63 años, y de 17 años y 6 meses para el mecánico Néstor Adrián Santabaya, de 61, como “jefe ideológico” y “jefe operativo” de la asociación ilícita.
Por los mismos delitos que Santabaya, pero como coautores, también fueron condenados a 14 años Emiliano Mario Andrés Acuña, de 38, y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese, de 47, quien además fue declarado reincidente. El remisero Nicolás Adrián Santabaya, de 32, hijo del mecánico, recibió 5 años como coautor de asociación ilícita y autor de tenencia ilegal de arma de guerra, ambos en concurso real, y también fue declarado reincidente. La misma pena se impuso a Silvia Beatriz López, de 44, pareja de Pugliese, como coautora de asociación ilícita y partícipe secundaria de secuestro extorsivo agravado.
Los secuestros ocurrieron entre julio de 2021 y diciembre de 2023, cuando la banda planificó y ejecutó secuestros, amenazas y extorsiones en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás, con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”: selección de víctimas de alto perfil patrimonial, tareas de inteligencia, alquiler de casas para cautiverio, vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta un distorsionador de voz.
“No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, sostuvo en el alegato el fiscal Federico Reynares Solari.
Coto manejaba la estrategia general y utilizaba identidades falsas para camuflar la autoría de los delitos. Según la fiscalía, su segundo en la cadena de mando era Santabaya, definido como “jefe operativo”.
En el rol de “soldados” o mano armada, los fiscales mencionaron a Acuña, quien se identificó en la causa como “animador de eventos infantiles”, y a Pugliese, mientras que López actuaba en tareas de inteligencia y logística, y Nicolás Santabaya colaboraba en funciones de apoyo.
“Estos hechos no son improvisados, son la muestra de una criminalidad organizada que puso en riesgo la vida y la libertad de ciudadanos comunes con el único fin de enriquecerse”, afirmaron Reynares Solari, Romero y Sosa ante el tribunal al cerrar un alegato en el que pidieron no solo condenar a los culpables, sino también desarticular la estructura económica de estas organizaciones.
El primero de los hechos ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario, secuestrado cuando circulaba en una camioneta por un camino de tierra. Se montó un falso operativo policial con vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.
El hombre fue trasladado a una casa en San Nicolás. Los captores se comunicaron por mensajes de texto con un familiar y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos y una nota con instrucciones y la exigencia de un millón de dólares de rescate.
Las negociaciones se extendieron hasta el día siguiente, cuando acordaron el pago de US$580.000. El familiar debió cumplir un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de Wilde, partido de Avellaneda, donde por la noche un motociclista retiró el dinero.
Los delincuentes avisaron a las 2 de la madrugada del 26 de enero que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional N°9, en el ingreso a Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario.
El segundo y tercer secuestro, uno en tentativa y otro consumado, ocurrieron con cinco días de diferencia en el mismo sitio y tuvieron como víctimas a la pareja y el hijo adolescente de un empresario rosarino.
El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo se dirigieron a la cochera del edificio donde residen para subir al auto. Los imputados intentaron ingresar para capturarlos y exigir rescate, pero la maniobra se frustró porque el techo del utilitario quedó atascado con el portón y se retiraron.
El 10 de octubre, a las 6.44, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a la cochera y, cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al rodado.
Según la investigación, los captores trasladaron a las víctimas al barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde permanecieron en una habitación. El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían sobre sus familiares secuestrados y exigían 3 millones de dólares para liberarlos.
Luego, le indicaron que pasara a retirar por un restaurante un bolso con celulares. Sin que se pagara rescate, la mujer y su hijo fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido de San Nicolás. Lo llamativo de este caso es que la casa utilizada para alojar a los secuestrados fue un inmueble en San Nicolás que ocupaba con anterioridad el juez federal Carlos Villafuerte Ruso.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue utilizada ploteada como ambulancia el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño, y que apareció incendiada en el partido bonaerense de Lanús.
