El TPI reafirma su jurisdicción en el proceso contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte

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El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado este jueves la impugnación de su jurisdicción presentada por la defensa del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, detenido en La Haya por crímenes contra la humanidad, desestimando el argumento de su equipo legal contra las competencias de la corte.

«La Sala considera que el Tribunal puede ejercer su jurisdicción en el presente caso sobre los crímenes alegados contra el Sr. Duterte, cometidos en el territorio de Filipinas mientras era Estado Parte», han concluido los magistrados en un documento de 32 páginas, respondiendo así al argumento de la defensa, que ha mantenido que la corte no puede juzgar a Duterte, dado que, bajo su Gobierno, Filipinas presentó en 2018 una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019, casi un año después de que comenzase la investigación preliminar en su contra.

En concreto, los jueces han reivindicado el artículo 127(2) del Estatuto, que «garantiza que se respete el derecho de un Estado a retirarse del Estatuto, al tiempo que se asegura que no pueda abusar de ese derecho protegiendo a personas de la justicia en relación con presuntos crímenes que ya están siendo examinados por el Tribunal»

El exmandatario de 80 años ha sido acusado formalmente de haber sido «coautor indirecto» de 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando fue regidor de la localidad de Dávao, mientras que los otros dos cargos imputados se refieren su etapa al frente del país.

En este sentido, los fiscales han relacionado a Duterte con 14 asesinatos denominados «objetivos de alto valor» en 2016 y 2017, y con otros 43 en operaciones de «limpieza» de presuntos delincuentes entre esos años y 2018. Estas operaciones incluyeron «miles de asesinatos, que se perpetraron de forma sistemática a lo largo de todo el periodo», han señalado en el documento.

Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias.

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