El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación sin precedentes: 121 legisladores respaldaron la vacancia presidencial, sin votos en contra ni abstenciones, en una sesión que marcó el final de su mandato. La acusación de incapacidad moral permanente fue el argumento central de la moción, y la sucesión presidencial recayó de inmediato en el presidente del Congreso, José Jerí, conforme a la legislación vigente.
Desde 2016 desfilaron siete presidentes en Perú, muchos expulsados mediante idénticos juicios por vacancia moral, una especie de proceso que permite cierto uso discrecional. Con el voto de solo 87 de los 130 congresistas, el presidente queda absolutamente vulnerable a los caprichos de los parlamentarios.
Los bajísimos niveles de aprobación de la ahora expresidenta se explican, en parte, por su falta de capacidad para enfrentar distintas expresiones del crimen organizado. Desde comentarios poco felices, como la sugerencia de no contestar números de teléfono desconocidos para así evitar extorsiones, hasta acusaciones de abandono del cargo por ausencia sin permiso del Congreso, facilitaron la decisión de los legisladores.
Aunque la salida de Dina Boluarte fue recibida con satisfacción por algunos, la designación de Jerí no generó confianza en buena parte de la ciudadanía. El presidente interino enfrenta cuestionamientos de diversos sectores sociales, particularmente de la llamada Generación Z. Los principales reclamos giran alrededor de una denuncia por violación sexual presentada en enero de este año, la cual fue archivada, así como de presuntos actos de corrupción durante su etapa como congresista.
La crisis política en Perú resulta aún más preocupante considerando el acelerado deterioro de la seguridad con un exponencial aumento de los delitos. En los mismos nueve años en que Perú ha sumado siete presidentes, la tasa de homicidios se triplicó. Así, si en 2017 llegaron a 671, este año, solo en el tercer trimestre del presente año, alcanzan los 575, según datos oficiales del Sistema Nacional de Defunciones. El promedio diario de homicidios en 2025 llega a 6,4. Solo en los primeros siete meses de este año se registraron casi 16.000 denuncias de extorsión.
Lo paradójico es que, en medio de semejante caos político, la economía peruana ha mantenido una relativa estabilidad. Gracias a la independencia de su Banco Central, a una sólida posición fiscal y a un sector minero robusto, el país ha sorteado las turbulencias con tasas de crecimiento que, aunque modestas, han evitado la recesión. En el primer semestre de 2025, el PBI creció el 3,4% impulsado por los altos precios del cobre. Las proyecciones para 2026 apuntan a una expansión del 2,6%. Los fundamentos macroeconómicos —bajo nivel de deuda, reservas internacionales sólidas y políticas fiscales ortodoxas— han protegido al país del colapso.
Perú, al igual que muchos otros países de la región y del mundo, sufre las consecuencias de una crisis de representación política. La ausencia de partidos políticos sólidos impide construir consensos, genera conflictos entre poderes del Estado y alimenta la improvisación, atentando contra el normal funcionamiento del sistema democrático.
