Las visitas parecían rutinarias: mujeres que llegaban al penal con certificados médicos en mano, sonrisas y gestos afectuosos. Pero detrás de esa apariencia había una maniobra calculada. Fingían estar embarazadas para evitar el escaneo corporal por rayos X y, así, ingresar pequeñas dosis de droga ocultas en su cuerpo. Una vez dentro, entregaban la sustancia a los internos que la fraccionaban y comercializaban en los pabellones. Esa escena, repetida durante años, fue el núcleo de una organización criminal que ahora enfrenta la Justicia.
La Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de nueve personas, seis mujeres y tres varones, por integrar esa estructura ilícita dedicada al ingreso y venta de estupefacientes en cárceles federales y provinciales. También ratificó la prisión preventiva de tres imputados.
La resolución fue adoptada por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes consideraron acreditada la figura de comercialización de estupefacientes agravada por haberse cometido en forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su sitio oficial fiscales.gob.ar, la investigación se inició en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC). A partir de las pruebas recolectadas, se reconstruyó el funcionamiento de una estructura ilícita que operó al menos entre noviembre de 2019 y julio de 2024, con base en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
El objetivo del grupo era ingresar pequeñas cantidades de droga previamente fraccionadas y empaquetadas, para su distribución y venta intramuros. Para eludir los controles de seguridad, las mujeres que colaboraban con la organización se registraban como parejas de internos y presentaban certificados de embarazo falsos. Una vez dentro del penal, transportaban la sustancia oculta en su cuerpo y la entregaban a los reclusos encargados de la comercialización.
La pesquisa reveló que la operatoria no se limitaba al CPF I de Ezeiza. También se detectaron maniobras similares en la Unidad Penitenciaria N° 60 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Merlo, y en la Alcaidía N° 10 bis de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con el MPF, el entramado incluía funciones diferenciadas: coordinación desde el interior del penal, recaudación de peculios, fraccionamiento de estupefacientes, falsificación de certificados médicos y provisión del material ilícito desde el exterior.
Un aspecto relevante de la investigación fue el mecanismo de pago. Los compradores, también privados de libertad, abonaban la droga mediante la cesión de sus haberes penitenciarios (peculios). Para ello, autorizaban a miembros de la organización a cobrar los cheques emitidos por la administración del penal. Esos fondos eran administrados con un control financiero centralizado en uno de los internos que actuaba como coordinador general. Además, se detectó el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros, incluso familiares, para canalizar el dinero obtenido.
En su resolución, la Cámara Federal destacó la existencia de una estructura organizada y jerarquizada, con roles claramente asignados. También señaló que, pese a la complejidad del esquema, no se verificó participación de personal del Servicio Penitenciario Federal en las maniobras investigadas.
La causa continúa en etapa de instrucción y se prevé que la fiscalía avance en la recolección de más pruebas para determinar la responsabilidad individual de cada imputado.
