La jugada de Alberto Fernández para llevarse la causa por violencia de género de los tribunales de Comodoro Py está a un paso de concretarse. La Cámara de Casación Contravencional y de Faltas, un tribunal de la justicia porteña, hizo lugar a un pedido de los abogados del expresidente. La decisión ocurre en un momento muy particular: Fabiola Yañez volvió al país hace un mes con el objetivo de llegar a un acuerdo con el expresidente en los temas familiares. Eso desencadenó la renuncia de sus abogados y una serie de movimientos sospechosos en distintos expedientes.
La jugada para sacar la causa por violencia de los tribunales federales de Retiro no es nueva. Al comienzo del escándalo, la abogada del expresidente había solicitado que el expediente tramite en el juzgado federal de San Isidro, argumentando que los hechos ocurrieron en la quinta de Olivos. No prosperó.
A fines del año pasado, justo antes de la indagatoria ante el juez Julián Ercolini por la denuncia de su exmujer, los abogados de Fernández pidieron que el caso pase al fuero Contravencional y de Faltas porteño. “Se peticiona la incompetencia material dado que el fuero de excepción es restrictivo y la única manera de sostenerlo sería por la calidad del sujeto que ostentó Alberto Fernández en un tramo del hecho que se le imputa”, decía ese escrito.
A esa altura, Fernández ya acumulaba una serie de derrotas en Comodoro Py, en distintas instancias. Luego de esa presentación, el expresidente fue indagado y finalmente procesado por los delitos de lesiones leves agravadas por violencia de género (reiteradas en dos oportunidades), lesiones graves y amenazas coactivas. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal. Y en agosto del año pasado, el fiscal que llevó adelante la investigación, Ramiro González, pidió elevar la causa a juicio.
La suerte del expresidente cambió hace pocas semanas, cuando los integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación decidieron apartar al juez Ercolini. El expediente ahora está a cargo del juez Daniel Rafecas.
La decisión judicial coincidió con el sorpresivo viaje de Yañez al país. La ex primera dama comenzó a negociar un acuerdo en la sombras con allegados al expresidente. Esa decisión desencadenó las renuncias de sus abogados. Mariana Gallego se apartó de las dos causas en las que estaba designada: en el expediente civil, donde la pareja discute la cuota alimentaria, y en otra causa que tramita en la ciudad de Buenos Aires por amenazas e impedimento de contacto. Y luego Mauricio D’Alessandro renunció al expediente de violencia de género.
La novedad ahora llegó desde la Justicia de la ciudad. En una jugada sorpresiva, la Cámara de Casación en lo Contravencional y de Faltas le ordenó a un juez de la ciudad, el mismo que lleva adelante una causa por presuntas amenazas y hostigamiento de parte de Yañez, “que requiera al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal interviniente, que se inhiba de entender en la causa nro. 2539/2024 y la remita a este Fuero Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para continuar con su investigación”.
En una extensa resolución de 55 carillas, a la que tuvo acceso LA NACION, los camaristas Luisa Escrich y Jorge Franza opinaron que los hechos que se investigaron en la causa de violencia son ”en su mayoría, delitos ya transferidos a la órbita del fuero local».
“Sin desconocer que la justicia federal ya rechazó un planteo de incompetencia formulado por el imputado en aquellas actuaciones y que, el mismo fue confirmado por la Sala II de ese fuero, consideramos que le asiste razón a la parte querellante sobre el pedido de que aquél juzgado federal se inhiba de entender en esas actuaciones y que sea este fuero local el correspondiente en la tramitación”, opinaron los dos camaristas.
En minoría, una jueza del tribunal, Elizabeth Marum, votó por ratificar la decisión del juez de primera instancia, que había rechazado reclamar el expediente por violencia. “La cuestión que aquí se intenta reeditar a fin de arribar a una diferente solución, ya ha sido debidamente analizada y resuelta en el fuero competente –decisión que se encuentra firme–, en virtud del pleno conocimiento de los hechos y proceso que allí tramita, por lo que no se advierte argumento jurídico ni fáctico que habilite a estos jueces, ajenos a aquel caso, a pedir la inhibición del juzgado interviniente y remisión a la justicia de esta Ciudad», sostuvo.
La decisión de la Cámara de Casación de la Ciudad reedita la discusión por la competencia. Ahora deberá opinar el juez a cargo de la causa, Daniel Rafecas.
