El juez jubilado Manuel García Castellón ha calificado de «barbaridad» la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada este mismo martes por el Gobierno para que las instrucciones penales las dirijan los fiscales o se limite la acusación popular, a la vez que ha augurado como «muy difícil» arreglar el choque entre los poderes del Estado.
Así lo ha expresado en una entrevista a Europa Press con motivo de la publicación de su libro ‘Habla, para que se conozca’ (Deusto), en el que repasa su trayectoria como magistrado instructor en la Audiencia Nacional y da su opinión sobre la actualidad tanto judicial como política.
«Esa es una ley que saldrá o no saldrá, pero a mí me parece una auténtica barbaridad. Es decir, es añadir un peldaño más en una degradación», ha indicado al ser preguntado por la posibilidad de que los fiscales, de aprobarse por las Cortes el proyecto del Gobierno, asuman las instrucciones penales.
García Castellón ha indicado que «naturalmente que en España es perfectamente deseable que sean los fiscales las que lo lleven», como ya pasa en otros países europeos, pero considera que «no se podía haber elegido un momento peor y se ha buscado».
«El problema es que desde aquella famosa frase ‘de quién depende la Fiscalía, pues eso’, todo se vino abajo, porque eso después se ha llevado de una forma grosera a la práctica en muchos asuntos», ha expresado, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pronunció esas palabras.
Al respecto, ha puesto como ejemplo que él tuvo que vivir en el caso de ‘Tsunami Democràtic’ que la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo avaló por mayoría absoluta que el alto tribunal investigara terrorismo, pero «la Fiscalía General dijo lo contrario a continuación».
«Las acusaciones que se están llevando a cabo se están manteniendo por la valentía de algunos jueces, con la contra de las órdenes que provienen de determinados sitios que están dirigiendo la verdadera naturaleza de un cuerpo tan prestigioso como la Fiscalía. Y no solamente el Ministerio Fiscal, sino la Abogacía del Estado», ha criticado.
A su entender, los cambios tienen que venir de la mano de «grandes líderes que hagan reformas verdaderamente profundas de verdad y no cosméticas, porque al final es cosmético todo», personas que «no se dejen llevar ni por las encuestas ni por lo que dice uno o dice otro».
«Pero este arrastre que tenemos va a requerir reformas importantes, no solo en leyes concretas, sino que habría que llegar a una reforma de la Constitución para adaptarla a unos tiempos que vienen degenerando desde hace más de 20 y 30 años», ha afirmado.
Respecto a la propuesta del Gobierno para limitar las acusaciones populares, lo que apartaría a los partidos políticos, García Castellón ha diferenciado entre las partes que se personan «simplemente para sacar información y poder atacar a otros», de las que «aportan sus ideas, sus escritos», lo que «también es una forma de vigilancia sobre la actuación del juez».
«La supresión de la acusación y el problema de la Fiscalía, mal estaría. El único independiente, con la Constitución en la mano, es el juez, es el que tiene constitucionalmente designada la independencia. Es así, los demás no», ha contrapuesto.
CONTRA EL «MURO»
Asimismo, al ser preguntado por los desencuentros entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a cuenta de reformas y causas judiciales abiertas a políticos o familiares, García Castellón ha indicado que la solución es «muy difícil».
«Porque desde el momento en que tú levantas un muro, estás colocando a la mitad de la población en un lado y a la otra en otro. Los que conocimos la Transición española y conocimos cuál era el ambiente que había entre enemigos irreconciliables, porque entonces sí que lo eran, vemos esto y me digo: ‘¿Pero cómo hemos llegado aquí, cómo es posible?'», ha advertido.
Sobre la amnistía al proceso independentista catalán, avalada por el Tribunal Constitucional, el juez jubilado ha querido remarcar que por encima de la corte española de garantías está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del que confía en que «eche abajo» esa ley.
«Porque yo considero que la amnistía se ha aprobado de una forma que no justifica ni en España ni en cualquier otro país europeo civilizado que se pueda aprobar por motivos particulares», ha sostenido.
García Castellón ha asegurado que si el Tribunal Supremo mantiene que el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, no puede ser amnistiado «es por algo» y ha respaldado la cuestión prejudicial «fundamentadísima» que presentó la Audiencia Nacional ante el TJUE. «Imagínese las razones que hay», ha remachado.
Y ha vinculado a la «falta de medios» que tuviera que archivar el ‘caso Tsunami Democràtic’ porque una prórroga de la investigación se hizo fuera de plazo.
EL FISCAL GENERAL «NO SE HACE MUCHO BIEN» AL SEGUIR
De cara al juicio que celebrará el Tribunal Supremo contra el fiscal general por presunta revelación de secretos, García Castellón ha dicho que le conoce desde que se hundió el barco ‘Prestige’ y que «tiene una gran calidad humana y profesional».
«Ahora bien, en la situación actual en la que nos encontramos, yo no creo que se haga mucho bien a él mismo, ni tampoco a la carrera fiscal. Porque la situación de tener a un subordinado que le esté interrogando, para bien o para mal, en positivo o en negativo, digamos que no es una buena imagen de cara a la sociedad», ha puntualizado.
El magistrado jubilado ha defendido que los sistemas políticos «son, sobre todo, las formas, no solamente los fondos»: «Y claro, es una imagen un poco dolorosa».
A la par, ha criticado que «se lanzan infundios acerca de las motivaciones oscuras para tomar estas decisiones del juez del Supremo» que ha instruido la causa, Ángel Hurtado.