La jueza 18 Penal Municipal con función de Control de Garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, por su presunta participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
“Se ha establecido que efectivamente sí hay necesidad de esta medida de imposición de aseguramiento preventivo, para evitar la reiteración y comisión de nuevas conductas punibles o atentados a otros ciudadanos (…) o peor aún, a otros candidatos”, indicó la jueza en la audiencia, en la que ninguna de las partes intervinientes presentó recurso de apelación a la decisión.
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De acuerdo con el director General de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, el señalado criminal, que fue capturado el 27 de octubre de 2025, habría sido el principal enlace con los determinadores del homicidio del congresista del Centro Democrático.
En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.
Posteriormente, la Fiscalía solicitó que al investigado se le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que se cumplen los presupuestos para acceder a esa petición.
Los argumentos para sustentar la medida de aseguramiento
Entre las justificaciones que expuso el procurador especial del Ministerio Público, que hizo traslado de la solicitud de la Fiscalía, está el hecho de que los elementos materiales probatorios indican que Marroquín sería autor de las conductas punibles imputadas (grado mínimo exigido para la medida de aseguramiento).
Además, indicó que en este caso se ajusta la necesidad de imponer la medida, toda vez que existe la posibilidad de que el procesado obstruya la justicia.
“Ya habían impartido instrucciones para destruir evidencias, para deshacerse del celular, para borrar información, para desaparecer de la escena, para esconderse, para ponerse a salvo de la justicia”, detalló el funcionario en la audiencia, informando que también constituye un peligro para la comunidad.
El abogado que representa a las víctimas, en este caso, a la familia de Miguel Uribe Turbay, respaldó la posición de la Fiscalía y del Ministerio Público, explicando que Pérez Marroquín tiene un amplio riesgo de fuga, debido a la actitud que ha mostrado ante la justicia y la dificultad que existe de identificar el arraigo del procesado.
“Tenemos que ser presentes y conscientes de que hasta un día antes de la comisión del atentado, el señor Pérez Marroquín estaba en Bogotá. Ahora bien, si bien tenía orden de captura desde julio, esta solamente se pudo hacer efectiva en octubre”, precisó.
El rol de alias el Viejo en el atentado
El 7 de junio de 2025, el senador recibió tres disparos por parte de un adolescente de 15 años, que lo ubicó en el parque El Golfito, del barrio Modelia de Bogotá. Tras dos meses de hospitalización, falleció el 11 de agosto.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Pérez Marroquín habría sido el intermediario entre los determinadores del asesinato de Miguel Uribe Turbay y el grupo delincuencial que ejecutó el crimen. Al parecer, fue contactado para que organizara todo lo relacionado con el atentado y encomendó el plan a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi.
“El imputado, presuntamente, es el cabecilla de la organización criminal que integró de manera activa y directa la logística, integrado de autores materiales que perpetraron el atentado”, detalló la jueza, conforme a lo que expuso el ente acusador.
Además, habría estado involucrado en labores previas al ataque, que consistieron en hacer seguimiento a la víctima. En marzo de 2025, por ejemplo, habría participado en la vigilancia y toma de fotografías de Miguel Uribe mientras se encontraba en una reunión política en Bogotá.
El delegado del Ministerio Público, por su parte, aclaró que, según el material probatorio recaudado hasta el momento, el procesado estuvo relacionado con la entrega del arma que utilizó el sicario que asesinó a Miguel Uribe.
“Existe, señora juez, un señalamiento directo, que lo ubica como la persona que entregó el arma el día anterior. Consiguió a la persona que había de trasladarla hasta el sitio de los hechos (Katherine Andrea Martínez Martínez)”, precisó el delegado del Ministerio Público.
Posteriormente, el 14 de junio, una semana después del ataque armado, Marroquín habría facilitado el escape de Martínez, entregándole dinero y un celular. La mujer llegó a Caquetá: “Allí integrantes de la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc, al parecer, la recibirían y la entrenarían en tácticas de francotirador y manejo de drones”, detalló la Fiscalía.
Aunado a ello, presuntamente, desde 2022, sería el cabecilla de una red delincuencial dedicada al tráfico local de drogas, a los homicidios y al uso de menores para cometer delitos.
