En un aula del Instituto Infancias, en el barrio porteño de Almagro, una docente sostiene un simulador de boleta. En la pizarra se lee “Elecciones”. Los alumnos, ya en edad para votar, practican cómo se dobla y dónde se marca. “¿Hay que decir el voto?”, pregunta la maestra. Uno de los chicos se incorpora del banco y responde sin dudar: “No, el voto es secreto”. El grupo celebra la respuesta.
Pisos más abajo, otra escena ocurre al mismo tiempo: estudiantes etiquetan velas y jabones que ellos mismos elaboran. “Estoy a cargo de las ventas –dice uno, sosteniendo un aerosol–, pero no tenemos Mercado Pago, solo efectivo”. En otra planta, niños de 9 y 10 años corren detrás de una pelota en el recreo.
Pero mientras en el edificio los chicos aprenden, fuera de las aulas se libra una pelea: la de sostener económicamente el lugar donde todo sucede.
El Instituto Infancias atraviesa la peor crisis económica en 38 años de historia. Una institución que nació con un solo alumno y la convicción de que la discapacidad no invalida el derecho a aprender, hoy pelea por sostener su servicio básico: abrir las puertas cada mañana. La inflación, los aumentos en servicios esenciales, la desactualización del nomenclador nacional y los pagos que llegan con 60 días de demora hicieron que la escuela funcionara a fuerza de créditos bancarios y planes de ARCA, mientras los directivos se preguntan si podrán pagar los próximos sueldos y aguinaldos.
El comedor recibe $3099 por día por cada estudiante de jornada completa (incluyendo desayuno, almuerzo y merienda), pero la vianda cuesta alrededor de $7000. El transporte escolar, indispensable para que lleguen al aula estudiantes con movilidad reducida o que viven lejos, se sostiene con reintegros que reconocen $500 por litro de combustible cuando en las estaciones de servicio ronda los $1700. Los sueldos docentes aumentaron 160% desde diciembre; los servicios, entre 500% y 900%; el ABL también se disparó. Pero en ese tiempo el nomenclador solo subió 99%. Hoy, el instituto –que brinda educación, acompañamiento clínico, talleres laborales y alimentación diaria a más de 300 estudiantes con discapacidad– factura apenas el 30% de lo que realmente cuesta sostener toda la escuela.
Lo explica Martín Valdés, apoderado institucional y preceptor, en diálogo con LA NACION: “Nosotros cobramos a sesenta días del mes vencido. Entonces facturamos un monto que, cuando finalmente llega, ya quedó totalmente depreciado por la devaluación y la inflación. Hoy estamos facturando apenas el 30% de los costos reales: tenemos un atraso del 70%. Estamos al tope de créditos bancarios y con diez planes de cargas sociales para poder pagar sueldos y funcionamiento. No sabemos cómo vamos a pagar el próximo aguinaldo. No tenemos más espalda. ¿Cuántos créditos más vamos a tener que sacar?”.
La tensión económica se siente en la comunidad educativa. En una asamblea interna, más de 100 familias se presentaron para acompañar, ofrecer ayuda y también manifestar su preocupación por el futuro. La actriz Valentina Bassi, madre de un alumno, lo describió así a LA NACION: “El hecho de tener que armar eventos para recaudar fondos para sostener la escuela quita un montón de tiempo que necesitamos para nuestros hijos y sus terapias. La sumatoria abruma: colectas, terapeutas que piden que pongamos dinero porque la obra social no paga y todo lleno de incertidumbre”.
Paula, madre de Julieta, alumna de séptimo grado, viaja todos los días desde Banfield para que su hija pueda asistir al Instituto Infancias. “Julie se levanta a las seis de la mañana, y a las seis y media la vienen a buscar los chicos del transporte que trabajan con el cole –contó a este medio–. Pasa mucho tiempo arriba de la combi justamente por esto de que suman todos a un mismo recorrido, por la falta de presupuesto, pero sin ese transporte sería imposible que pueda llegar al colegio”. Explicó que su hija cursó hasta cuarto grado en una escuela común en Lomas de Zamora, pero que debieron buscar un espacio donde pudiera desarrollarse con acompañamiento real. “Las escuelas comunes están muy lejos de lo que es una verdadera inclusión. Los chicos con discapacidad terminan en escuelas especiales porque no están dadas las condiciones para incluirlos realmente”. Sobre la propuesta del Instituto Infancias, agregó: “Nos dio la ilusión de crecimiento, de que pueda trabajar, desarrollar su autonomía y aprender a desenvolverse sola”.
Luego describió la preocupación que hoy atraviesa a las familias: “Necesitamos de las terapias, necesitamos que el transporte los venga a buscar; necesitamos que en el colegio estén bien, que estén bien alimentados, no que coman cualquier cosa. Todo lo que está pasando genera que esa excelencia se derrumbe. ¿Por qué no podemos apuntar a que los chicos estén bien atendidos? Es lo mínimo que un papá quiere”.
Paula remarcó además la incertidumbre económica que sienten las familias: “Todos estamos endeudados. Fuimos sacando préstamos para cubrir gastos, pagar el colegio, las tarjetas, los servicios. Imaginate un colegio o un transportista que hace más de un año no recibe los aumentos que corresponden. No estamos pidiendo nada del otro mundo, solo las herramientas para seguir adelante”. Y cerró: “Para mí es una crueldad enorme lo que están haciendo. No digo que no se audite, me parece perfecto, pero tiene que hacerse bien, con transparencia, cuidando a los que más lo necesitan”.
Para quienes dependen de terapias múltiples, la posibilidad de interrupciones genera miedo. Dafne, madre de Giuliano, de 26 años, lo explicó con detalle a LA NACION: “Giuli nació sin problemas, pero a los seis meses le diagnosticaron una enfermedad neurometabólica que le produjo un daño cerebral enorme. Nos dijeron que no iba a poder hacer nada, que sería una ameba. Pero gracias a las terapias que tuvo desde ese momento hasta hoy, camina; habla, mal, pero habla, puede ir a Infancias, tiene autonomía en la casa, se viste solo, con ayuda puede cocinar. No puede salir a la calle sin acompañamiento, pero es un pibe que, gracias a las terapias, se inserta cada vez más en la sociedad”.
El temor de perder esos espacios, dice, es constante: “Si Giuliano dejara hoy sus terapias o la escuela, solo involucionaría. Lo que un chico con discapacidad incorpora puede llevar años. Y esa liviandad con la que se dice ‘si pueden ir que vayan, si no que no’, es una crueldad”. Denuncia que los valores del sistema están desactualizados y desalientan el trabajo profesional: “Un acompañante terapéutico cobra $2800 la hora. ¿Quién quiere trabajar así? Es una burla, es depositarlos en el fondo de la olla. Como no son productivos, no se apuesta en ellos”.
La falta de recursos impacta también en las familias: “Nadie puede pagar todo eso. Fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología, acompañamiento terapéutico, psicología… Es imposible. Todos estamos endeudados, sacando préstamos para poder sostener el día a día”. Para Dafne, lo que ocurre excede lo económico: “Es este abandono. Dan aumentos que no sirven, las obras sociales pagan a los tres o cuatro meses”.
Infancias abrió sus puertas en marzo de 1987 como escuela de recuperación para niños con discapacidad intelectual leve. Lo cuenta a LA NACION Susana Ré, fundadora y directora general, en una oficina decorada con obras de estudiantes: “Fundamos Infancias porque había chicos que en la escuela común no recibían los apoyos que necesitaban. La idea de pluralidad de infancias es que no existe una sola infancia: cada una tiene sus necesidades. Empezamos en una casita en la calle Gallo y el primer alumno, Gastón, hoy trabaja acá. Siempre quisimos que pudieran alfabetizarse, tener contención, socializar y formarse para el trabajo”.
Luego llegó la sede de Pringles 939, donde hoy se desarrollan talleres laborales y proyectos de oficios; más tarde, el edificio actual en Guardia Vieja 4541, con cinco pisos diseñados específicamente para educación especial. “Es uno de los más modernos, pensado desde cero para accesibilidad y necesidades reales”, destaca Ré.
Hoy, el Instituto Infancias tiene alrededor de 310 estudiantes entre sus dos sedes: unos 250 en Guardia Vieja, entre 60 y 80 en Pringles. Los grupos son reducidos, con múltiples profesionales por aula, comedor, seguimiento médico, trabajo social, apoyo pedagógico y orientación hacia la vida adulta. La situación, aclara Valdés, no empezó este año: es una crisis que se fue acumulando y que ahora llegó al límite. “Es un sector que siempre tuvo que tener la guardia en alto. Con todos los gobiernos hubo aspectos positivos y aspectos negativos. No es algo que apareció de un día para el otro. En la primera movilización, por ejemplo, fue cuando se quiso eliminar la educación especial, en el gobierno de Cristina Kirchner. Después, con Mauricio Macri hubo desactualización del nomenclador, pero se optimizó el mecanismo de integración y sabías que a los 60 días cobrabas. Podías discutir, pero había diálogo”, afirma.
A diferencia de ese contexto, Valdés sostiene que desde diciembre de 2023 el vínculo con las autoridades cambió por completo: “Desde que asumió el nuevo gobierno, hay un desinterés total. Hubo una devaluación del 118% a los tres días de asumir y el aumento del nomenclador no se acercó ni de casualidad a ese número. Se suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad, se recortaron más de cien mil pensiones sin criterio, se insultó al sector públicamente. Nos dijeron que era ‘el negocio de la discapacidad’, mostraron la radiografía de un perro para justificar recortes, nos levantaron tres veces reuniones clave. No hay diálogo real ni urgencia, cuando la urgencia es nuestra: la discapacidad no puede esperar”.
Valdés sostiene que lo más grave es la sensación de desprotección total: “Llegamos a tener que concentrarnos en la puerta de Andis [Agencia Nacional de Discapacidad] y entrar porque ni siquiera nos querían recibir un petitorio. El interventor dijo que no trabaja bajo presión. Pero las familias están desesperadas: si su hijo se queda sin transporte o sin terapia o sin escuela, la devolución es irreversible. Nosotros deberíamos tener la cabeza puesta en las aulas, no en ver cómo hacemos para llegar a fin de mes o si mañana vamos a poder seguir”.
Desde la Andis informaron a LA NACION que, con fecha 28 de octubre, es decir, anteayer se decidió una actualización del nomenclador para prestadores del sistema. En el comunicado señalaron que habrá “un aumento de entre 29% y 35% en tres tramos entre octubre y diciembre de 2025”, y que la medida busca “dar previsibilidad al sistema, fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación”, además de “reconocer el trabajo de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”. Para la comunidad del Instituto Infancias, el ajuste resulta insuficiente.
El conflicto tiene un trasfondo político. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en el Senado el 10 de junio, vetada por el Poder Ejecutivo el 4 de agosto y luego ratificada con insistencia en Diputados y la Cámara alta. Su ejecución, sin embargo, quedó suspendida por falta de definición presupuestaria. Algunos centros del país ya comunicaron cierres y otros, como el Instituto Infancias, sostienen su funcionamiento con créditos bancarios y planes de pago.
Consultados sobre si existe temor de cierre, Martín Valdés fue claro: “El temor lo tenemos, claramente lo tenemos. Estamos haciendo todo lo posible desde la vía legislativa, con el apoyo de las familias, pero la situación es muy difícil. No sabemos cuánto más vamos a poder sostenerlo”.
