La reciente decisión del Poder Judicial (PJ) ha generado un nuevo escenario en la gestión de los peajes en el sur de la capital.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus promovida por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la empresa concesionaria Rutas de Lima, bajo el argumento de vulneración del derecho constitucional al libre tránsito.
El fallo dispone la suspensión inmediata del cobro en los peajes de Villa y Punta Negra, establecidos en dos puntos estratégicos del sur limeño, con la indicación de aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Este fallo surge enmarcado en la concesión de 30 años firmada en 2013 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima S.A.C., dentro del proyecto Vías Nuevas de Lima.
Varias asociaciones y autoridades locales habían expresado reclamos continuos, señalando que el esquema actual perjudicaba a residentes y transportistas de la zona sur, quienes diariamente afrontaban el pago por tramos reducidos sin rutas alternas.
La disputa tomó fuerza cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) respaldó el reclamo ciudadano y calificó la decisión judicial como un triunfo legal y social, asociando la medida a una demanda histórica de vecinos, trabajadores y autoridades afectadas.
“No tienen sustento técnico ni económico”
El alcalde de Santa María del Mar, Hugo Monteverde Cerrutti, destacó que la acción judicial resulta de una evaluación de las condiciones de los peajes en Villa y Punta Negra y reiteró que los mismos “no tienen sustento técnico ni económico”.
En declaraciones para Exitosa Noticias, el burgomaestre explicó que su distrito, junto a otras jurisdicciones como Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Pucusana, se ven afectados por un esquema de cobros que, en su visión, carece de justificación ante la ausencia de rutas alternas y el uso reducido de la infraestructura concesionada.
Monteverde Cerrutti recalcó que la demanda constitucional presentada hace más de un año por la Municipalidad de Santa María del Mar responde a los reclamos de conductores y vecinos, quienes sostenían que el pago por desplazarse cortos tramos o regresar a sus domicilios resultaba desproporcionado.
La autoridad municipal aprovechó para recordar precedentes legales en la ciudad, señalando que en casos similares —como el registrado en Puente Piedra— ya se había anulado el cobro de peajes bajo criterios de ilegalidad o por evidencia de corrupción.
El alcalde también se refirió a los cuestionamientos por la legalidad de los contratos de concesión, mencionando su preocupación por indicios de irregularidades y señalando que la problemática de los peajes urbanos debe analizarse de manera integral, con sustento técnico, económico y social que justifique cualquier tipo de tarifa impuesta al usuario.
Consultado sobre la posibilidad de que Rutas de Lima apele la medida, Monteverde Cerrutti expresó confianza en que el Poder Judicial ratifique el fallo, y remarcó que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en antecedentes similares en favor de los usuarios viales.
El edil reiteró que la suspensión es un paso relevante para la defensa de derechos ciudadanos y transparentar el manejo de peajes en la capital.
