RÍO DE JANEIRO.- El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, responsable del operativo policial que dejó más de un centenar de muertos en las favelas cariocas, podría ser destituido tras reactivarse una causa en su contra que databa de hace tres años.
El Tribunal Superior Electoral programó para el martes próximo una audiencia sobre una apelación que podría llevar a la destitución de Castro, un político cercano al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, y la convocatoria de elecciones anticipadas.
La audiencia se programó un día después del operativo en las favelas de Penha y Alemao, que dejó al menos 120 muertos, y que expuso a Castro como máximo responsable por el descontrol represivo de las fuerzas policiales, que incluyó torturas, ejecuciones sumarias y decapitaciones.
Castro y el presidente de la Asamblea Legislativa del estado, Rodrigo Bacellar, son objeto de dos investigaciones judiciales por presunto abuso de poder político y económico, que datan de 2022, aunque los dos habían logrado sortear las primeras instancias de la causa.
En mayo de 2024, fueron absueltos por el Tribunal Electoral Regional de Río de Janeiro, pero la Fiscalía apeló ante el Tribunal Superior Electoral. Los dos dirigentes están acusados de contratar empleados de la Fundación del Centro de Investigación y Estadística de Río y de la Universidad Estatal de Río con fines electorales.
Un posible fallo en contra del gobernador y el congresista afectaría los cálculos políticos para 2026, en los que Castro esperaba ser reelecto capitalizando su política de seguridad de mano dura. El brutal descontrol del operativo del martes, que suscitó severos cuestionamientos desde todos los ámbitos, dio vuelta las cosas y lo dejó debilitado, más bien cercano a la destitución.
El alcalde Eduardo Paes, probable candidato a la gobernación de Río, tendría que renunciar a su cargo para presentarse a las elecciones anticipadas.
En el círculo de Castro, dicen que el Tribunal Superior Electoral está realizando una maniobra coordinada con el gobierno federal del presidente Lula da Silva al programar el juicio en medio de las repercusiones de la masacre.
“El TSE puede ser un tribunal político, pero no puede ser un brazo del gobierno de Lula”, dijo una fuente que sigue de cerca la dinámica del tribunal. Según un miembro del Partido Liberal, del expresidente Bolsonaro, con buenas conexiones en el ámbito jurídico, “no es mera coincidencia” que el tribunal se esté centrando en procesos tan delicados que podrían hundir la carrera política del gobernador.
Nómina secreta
El caso judicial en cuestión se refiere al descubrimiento en 2022 de la existencia de una “nómina secreta” del gobierno de Río, con 45.000 personas nombradas para puestos temporales, incluyendo aliados y miembros del equipo de campaña del gobernador. En mayo del año pasado, el Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro absolvió a los procesados por un estrecho margen de 4-3.
En Río de Janeiro, ningún gobernador ha sido destituido por el Tribunal Superior Electoral, pero algunas señales de esa corte generan inquietud en el entorno de Castro. Una de ellas fue el severo voto emitido en agosto por la ministra Isabel Gallotti a favor de la destitución del gobernador Antonio Denarium, de Roraima, y de su vicegobernador, Edilson Damião, por abuso de poder en las elecciones de 2022, al usar programas sociales con fines electorales.
El caso de Roraima presenta paralelismos con el de Castro, que también gira en torno al uso de la maquinaria pública con fines electorales, y que también está bajo la jurisdicción de Gallotti, cuyo mandato en el TSE finaliza el 21 de noviembre. “A la luz de las recientes decisiones de Gallotti, Claudio Castro va a tener problemas”, afirma un miembro de la dirección del Partido Liberal.
El otro aspecto que generó inquietud en el entorno del gobernador es que las acciones de Castro permanecieron archivadas durante meses y solo se programaron para debate el miércoles, no por casualidad un día después del masivo operativo policial en los complejos Alemao y Penha.
En junio, cuando Gallotti remitió el caso al pleno del tribunal para su análisis, la defensa de Castro emitió un comunicado en el que afirmó estar “confiada en que, al final del juicio, se demostrará una vez más la legalidad de la conducta del gobernador, elegido en primera vuelta con 2,5 millones de votos más que el segundo candidato».
Agencia ANSA y diario O Globo/GDA
