La petición de la acusación particular para los imputados contempla la solicitud de la pena máxima recogida en la legislación para cada uno de los acusados, fijando seis años de internamiento en régimen cerrado para dos de los chicos y ocho años para la adolescente de 17 años en el momento de los hechos, de acuerdo con las declaraciones que ofreció a los medios Raúl Montaño, abogado de la familia de la víctima, antes de iniciar el juicio. El proceso judicial examina la responsabilidad penal de tres menores por la muerte de la trabajadora social Belén Cortés, cuyo caso ha despertado un fuerte seguimiento por parte de la ciudadanía desde que se conoció el suceso en marzo de este año.
El juicio, que se desarrolla en el Juzgado de Menores de Badajoz en el entorno de Ronda Norte, comenzó este miércoles, abriendo la primera de tres sesiones programadas para los días 29, 30 y 31, según informó Europa Press. Los acusados tenían en ese momento edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. La Fiscalía ha presentado cargos que incluyen asesinato, robo con violencia en vivienda habitada y conducción sin permiso. El castigo solicitado por el Ministerio Público corresponde a seis años de internamiento cerrado para dos de los detenidos y cinco para el tercero, además de sumar tres años de libertad vigilada para cada uno, añadió el medio Europa Press.
En el caso de la acusación particular, Montaño puntualizó que sus pretensiones se centran fundamentalmente en el delito de asesinato para los tres jóvenes, sumando los delitos relacionados con el robo con fuerza y la conducción temeraria, según recogió Europa Press. Las penas reclamadas por la familia buscan la aplicación de la mayor gravedad conforme al rango de edad de cada imputado: ocho años para una de las personas procesadas, que tenía 17 años, y seis para los otros dos.
La investigación establece que los hechos ocurrieron la noche del 9 de marzo en un piso tutelado de la ciudad de Badajoz, donde la educadora social Belén Cortés, de 35 años, ejercía su labor a cargo de los tres menores. Según detalló Europa Press, los acusados permanecían en esa vivienda bajo medidas judiciales, y fue en ese lugar donde, presuntamente, se produjeron tanto la muerte de la trabajadora social como los delitos asociados de robo y conducción sin permiso.
La celebración del juicio ha sido señalada como privada, ya que se lleva a cabo a puerta cerrada dada la condición de menores de los acusados, según informó Europa Press. Esto implica que los detalles que trascienden del proceso provienen de declaraciones institucionales y de los equipos jurídicos involucrados, lo que limita la difusión pública de elementos del sumario.
De acuerdo con la información obtenida por Europa Press, la Fiscalía distingue en la acusación entre la participación como autores y como cómplices. Los delitos de asesinato y robo con violencia se imputan a la totalidad de los acusados, si bien en el caso de la joven se consigna la participación en calidad de cómplice. El delito de conducción sin permiso únicamente se atribuye a uno de los menores involucrados.
La muerte de Belén Cortés, ocurrida en el contexto de su trabajo con menores sometidos a medidas judiciales, ha movilizado a la comunidad y ha puesto el foco sobre el funcionamiento de los recursos destinados a la atención de personas en conflicto con la ley. Según publicó Europa Press, el procedimiento cuenta con la atención sostenida tanto de la opinión pública como de asociaciones que trabajan en protección a las víctimas y derechos de infancia.
El caso, seguido con atención por parte de los medios locales y nacionales, representa un proceso judicial cuya resolución determinará la aplicación de las penas estipuladas por la ley del menor en casos de delitos graves, como asesinato y robo con violencia, en el marco de las medidas de protección y reforma de menores en España, consignó Europa Press.
