Rafael Martínez
Madrid, 31 oct (EFE).- La filtración de la que se acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de un correo sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desembocado en un juicio cuya cronología está repleta de momentos sin precedentes en nuestra historia judicial.
Desde el 3 al 13 de noviembre, un fiscal general del Estado se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos por la que le piden entre 4 y 6 años de cárcel, con la oposición de la Fiscalía, que busca la absolución.
Y lo hará por un caso que comienza su andadura, sin saberlo, el 2 de febrero de 2024. Aquel día, el abogado Carlos Neira envía a la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos y a un abogado del estado un correo en el que reconoce la comisión de «dos delitos» contra Hacienda por parte de Alberto González Amador, novio de Ayuso, y ofrece un pacto por el que se declara culpable.
Días después, el fiscal Julián Salto le informa por correo de que se hará cargo del caso y que «toma nota de la voluntad de reconocer los hechos». Ya el 5 de marzo la investigación, que nació de Hacienda, salta a los juzgados, cuando la Fiscalía presenta la denuncia.
A día de hoy, González Amador continúa procesado por ese fraude y está investigado por presunta corrupción en los negocios.
El 6 de marzo un periodista llamó a la Fiscalía General interesándose por el procedimiento contra una empresa de González Amador.
Al tratarse de un caso con posibles repercusiones mediáticas, comenzó la dación de cuentas a superiores que contempla el Reglamento en casos como este: el 7 de marzo la Fiscalía de Madrid remite a la Fiscalía General y a la de la Comunidad el expediente de la causa.
El día 12, eldiario.es publica que «La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla».
También ese día, el fiscal Salto envía un correo al abogado de González Amador para informarle de la denuncia y dice que «aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible».
De inmediato, el letrado envía a su cliente un mensaje «He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima». Y acto seguido, González Amador manda un pantallazo con este mensaje al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
A las 21:29 horas del 13 de marzo, una noticia de El Mundo atribuye la oferta del pacto al fiscal -«La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales»-.
Lo que ocurrió en la siguiente media hora en Fiscalía fue frenético, según el juez. Un intercambio de llamadas, mensajes y correos para tratar de esclarecer lo ocurrido e informar en una nota de prensa que culminan cuando el fiscal Salto envía sus correos con el abogado a sus superiores. La fiscal Pilar Rodríguez los envía a su vez a la cuenta personal de García Ortiz.
Poco después, La Sexta informa de que fue González Amador quien ofreció al fiscal un acuerdo -y no al revés- y más tarde la cadena SER difunde el contenido del correo clave, el de la supuesta revelación de secretos.
Aquella noche, Miguel Angel Rodríguez envía a su vez a un chat de periodistas el contenido del correo del día 12 destacando que el pacto lo ofrece la Fiscalía, pero que por órdenes de arriba se retiró la propuesta. Ante el juez, dijo que afirmó esto por «suposición» y porque tiene «el pelo blanco».
Finalmente, el correo clave lo publica El Plural por la mañana, una hora antes de que la Fiscalía de Madrid remita una nota de prensa para aclarar el procedimiento contra González Amador, lo que provocó un duro comunicado del Colegio de la Abogacía de Madrid.
El 20, el Colegio presenta una denuncia contra la Fiscalía, un día antes de que la pareja de Ayuso se querelle contra la fiscal provincial Pilar Rodríguez y el fiscal Salto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre una investigación contra ambos al mismo tiempo que García Ortiz asume públicamente la responsabilidad de la nota de prensa, que era, a priori, el asunto sobre el que pivotaba el caso. Desde ese momento, la investigación ya comienza a apuntar hacia arriba y acaba desembocando en el Tribunal Supremo.
El 16 de octubre el Supremo abre causa contra García Ortiz y Rodríguez con una novedad que lo cambia todo: acota la presunta revelación de secretos a la filtración del correo del 2 de febrero; no a la nota de prensa.
Y el 30 se produce un hecho insólito con la entrada de la Guardia Civil en los despachos de Rodríguez y del fiscal general para un registro que duró más de diez horas y que fue la base para el informe clave de la causa.
El informe contenía lo incautado a Rodríguez. Respecto al fiscal general, la UCO halló «0 mensajes» en su móvil entre el 8 y el 14 de marzo. Según esta unidad, García Ortiz cambió de móvil el 23 de octubre y borró mensajes el 16, el mismo día que el Supremo abrió causa, pero no especificó qué mensajes.
También cerró su cuenta de Gmail, una acción que el fiscal general justificó en las amenazas que recibía.
En su declaración, en la que rechazó contestar al juez, García Ortiz explicó que borra «absolutamente todo» y «de una manera regular» por «imposición legal» en materia de seguridad, porque contiene «datos ultrasensibles».
Cinco meses después de aquella cita, el juez procesa al fiscal general, una decisión confirmada por la Sala por 2 a 1 con un duro voto particular de un magistrado que no veía indicios contra él.
El 9 de septiembre, el juez da vía libre a un juicio que arranca menos de dos meses después. EFE
