En una petición dirigida al Ejecutivo, la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, propuso la instalación de cámaras en los servicios sanitarios públicos como mecanismo para evidenciar situaciones de violencia o maltrato. En la comunicación enviada tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la ministra de Sanidad, Mónica García, Flores expuso que la existencia de dispositivos de videovigilancia permitiría aportar pruebas objetivas en aquellos casos en que se denuncien agresiones o prácticas indebidas. Según detalló el medio, la dirigente remarcó que estas grabaciones solamente se remitirían a la justicia si se produjera una denuncia formal, de forma que no se vulneraría la confidencialidad o la intimidad de los pacientes y el personal.
De acuerdo con la información publicada por El Defensor del Paciente, la entidad también demandó al Gobierno la creación de un registro nacional de negligencias médicas. La finalidad de esta iniciativa, según expuso Flores en una carta difundida por la organización, reside en “aportar claridad” a las víctimas de errores sanitarios, así como dotar de herramientas a quienes hayan sido afectados directa o indirectamente por fallos médicos, demoras prolongadas o gestiones deficientes dentro del sistema de salud.
La presidenta de la asociación describió en la misiva los motivos que justifican su reclamo, subrayando el sufrimiento de las personas que han perdido familiares o han sufrido secuelas graves. Flores argumentó que detrás de cada caso existen historias de daño por “mala praxis”, abandono en la atención, tiempos de espera excesivos y deficiencias en la administración sanitaria. Estos elementos, destacó la asociación, requieren respuestas claras e información accesible a las víctimas y sus familias.
El defensor del Paciente ilustró la dimensión del problema mediante algunos ejemplos de recientes episodios de presunta negligencia sanitaria. Entre los casos mencionados por Flores figuran quienes resultaron afectados por la DANA en Valencia, las personas fallecidas en residencias durante la pandemia y aquellos que han quedado con lesiones permanentes como consecuencia de deficiencias asistenciales. Según detalló la presidenta, estos sucesos configuran situaciones en las que la falta de información y transparencia dificultan la reparación, la identificación de responsabilidades y la prevención de nuevos incidentes.
El medio señaló que la iniciativa presentada ante el Gobierno pretende establecer mecanismos que permitan sistematizar las denuncias por errores médicos y facilitar el acceso de las víctimas a los datos relevantes sobre procedimientos, investigaciones y posibles sanciones. Flores enfatizó que la ausencia de un registro unificado a escala nacional limita la eficacia de la respuesta institucional, agudiza la vulnerabilidad de quienes denuncian un perjuicio y contribuye a la percepción de opacidad en el sector sanitario.
En lo que respecta a la videovigilancia, la asociación indicó que la utilización de cámaras representa una herramienta que podría reforzar la seguridad tanto de los usuarios del sistema público como del personal sanitario, en especial ante informes o sospechas de violencia o trato inadecuado. Según recoge el medio, la presidenta argumentó que la confidencialidad permanecería protegida, puesto que las imágenes quedarían reservadas salvo requerimiento judicial. Esta medida, según la carta remitida por Flores, se integraría en un paquete de acciones orientadas a reforzar el control y la rendición de cuentas en el ámbito de la salud.
El Defensor del Paciente reiteró en su comunicación que la transparencia constituye un elemento clave para que familiares y afectados obtengan información precisa respecto a lo ocurrido en casos de fallecimiento, lesiones graves o secuelas evitables. Según la información difundida por la organización, el establecimiento de herramientas como el registro y la instalación de cámaras permitiría consolidar un entorno más seguro, accesible y justo para los ciudadanos y profesionales implicados.
Finalmente, la asociación instó al Ejecutivo a tomar medidas concretas que contribuyan a evitar la repetición de casos similares a los narrados. Flores insistió en que la creación de un registro nacional de negligencias médicas, junto con la videovigilancia en instalaciones públicas, responde a una demanda sostenida por parte de afectados que piden mayor claridad en los procesos, garantías en la tramitación de sus denuncias y una gestión sanitaria transparente que facilite la depuración de responsabilidades cuando se produzcan errores o fallos que afecten la salud y la vida de las personas.