Sergi padeció una leucemia cuando tenía cinco años. Durante cuatro, el niño tuvo que hacer frente a la enfermedad, con varios ingresos en el Vall d’Hebron en Barcelona. Para su madre, además de una profunda preocupación, supuso un elevado gasto. El tratamiento y la medicación principales estaban cubiertos, se trataba de sanidad pública, pero no los complementos vitamínicos o la gasolina para los desplazamientos o el coste de aparcar el coche durante cada consulta u hospitalización. Se trata de una familia monoparental. Es una historia de los periodistas Anna Lasaga Hertogs y Josep Maria Porta Palau para la televisión 3CatInfo.
Era el año 2016. Mar, así se llama la madre, fue informada de que tenía derecho a una prestación económica dada esta situación particular tan delicada. Así, estuvo recibiendo 263 euros al mes. Insuficientes, pero quitaban carga. Aquel triste episodio ya quedó atrás, pensaba, pero el pasado mes de mayo, llegó una carta certificada a casa de los padres de Mar a nombre del niño, Sergi, notificando que debía nada menos que 5.000 euros a la Agencia Tributaria de Cataluña. Se suponía que había recibido pagos de más.
Embargo de las cuentas
En realidad, eran 4.000 euros. Así lo hizo saber el organismo tributario un año antes en una primera carta, pero dirigida a una dirección en la que los abuelos de Sergi ya no vivían, de modo que la deuda, 12 meses más tarde, se había hecho más grande. Y pública, ya que apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Y así es como un menor de 10 años figura como deudor de la administración”, explica Mar a 3CatInfo. El panorama, que ya era extraño y angustioso, se volvió más confuso cuando la madre, de inmediato, acudió a la Agencia Tributaria.
Mar quería conocer, antes que todo, si se trataba de un error. No le entraba en la cabeza que la institución hubiera señalado a un niño, que ella tuviera un problema económico sin haber hecho otra cosa que seguir las indicaciones del asistente social y del Vall d’Hebron. No lo era. De hecho, no acceder a la petición, es decir no pagar, podía tener aún peores consecuencias: cuando Sergi fuera mayor de edad, estaría endeudado. “Me dijeron -cuenta su madre- que si ese importe no lo abonaba yo, cuando él tuviera su primer trabajo, le embargarían sus cuentas”.
60 familias afectadas
Los funcionarios de la Agencia Tributaria fueron los primeros sorprendidos, una multa a un niño, pero no pudieron sino ser honestos con lo que podía pasar y decir los pasos a seguir para llegar a evitarlo. Mar toma entonces una buena decisión, y no es pagar o buscar la forma de poder hacerlo, sino ir al Sindic de Greuges, un equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña, en busca de amparo. Se entera en ese momento de que no es la única afectada, y que en torno a 60 familias más se encuentran ante el mismo problema.
Todas ellas habían solicitado lo que la Generalitat llama ‘Prestación económica para menores de edad en situación de riesgo’. Se trata, según el portal oficial, de “una ayuda económica temporal y de derecho subjetivo para atender a los gastos de mantenimiento de un menor en situación de riesgo”. S encarga el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y está dirigido “a las personas que tienen la guarda de un menor que ha sido valorado en situación de riesgo”. La cuantía de la ayuda varía en función de la edad: de 0 a 9 años, de 10 a 14 y de 15 a 18 años.
Sin respuesta ni disculpa
Para alivio de estas familias, sí se trataba de un error, pero no de la Agencia Tributaria, sino de Derechos Sociales e Inclusión. Se debía a un cambio en el cálculo en 2012 para otorgar la prestación. Deberían haber recibido menos dinero, pero no eran culpables de haber recibido más, era culpa de la administración, que no había aplicado esa nueva cuantía inferior. El Sindic de Greuges ha hecho su parte, pero Mar aún no ha recibido una respuesta de la Generalitat indicando que no deba hacer el reembolso del dinero. “Tampoco se han disculpado”, lamenta.
Sergi tiene hoy 14 años. Aún no ha recibido el alta médica, pero se encuentra bien.