RÍO DE JANEIRO.- La extrema cautela demostrada por el gobierno federal en la reacción a la Operación Contención, realizada el martes por las policías de Rio en los complejos del Alemao y la Penha, se debe al reconocimiento, por parte del Palacio del Planalto de que el tema de la seguridad pública es el más delicado para Lula en la campaña del próximo año, según sus colaboradores, incluso más espinoso que la economía y el nudo fiscal.
Existe una profusión de encuestas que muestran la centralidad que este asunto ha adquirido en la percepción del electorado. La violencia es la mayor preocupación de los brasileños respecto al país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública realizada por Quaest para la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) en 2023 y este año.
El mismo instituto ha venido midiendo la evaluación de la población sobre la actuación del gobierno de Lula en el tema de la seguridad. Datos de marzo muestran que esta es negativa en un 38%, y solo el 25% la califica como positiva.
En general, los gobernadores salen mejor parados. Rio, sin embargo, es una excepción: un sondeo también de Quaest en febrero registraba un 60% de rechazo a la actuación del gobernador Claudio Castro en el tema. La operación del martes, por su letalidad inédita y por la repercusión internacional que alcanzó, tiene todas las condiciones para modificar esa percepción popular, y eso es lo que los gobiernos evalúan para decidir cada uno de sus pasos.
De ello se derivan contradicciones y omisiones, deliberadas o involuntarias, de ambos lados. Por parte del gobierno de Lula, estas son evidentes. El presidente prefirió no manifestarse sobre una operación que dejó al menos 121 muertos.
Sus palabras aún resonaban el fin de semana, cuando calificó a los narcotraficantes como “víctimas” de los consumidores durante un viaje a Malasia, y el temor a que produjera otra frase ambigua o abiertamente desastrosa frenó la intención de que hablara.
Lula se limitó a una publicación anodina en redes sociales, en la que no condenó la violencia policial, frustrando a organizaciones de derechos humanos y a parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.
Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e…
— Lula (@LulaOficial) October 29, 2025
La misma postura defensiva marcó el tono adoptado por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, que, después de una visita cordial y llena de cortesías a Claudio Castro, llegó al punto de decir, en una entrevista con Estúdio i de GloboNews, que la operación era un asunto “estrictamente local”, para justificar la falta de colaboración de la Policía Federal en la acción.
Ahora bien, si es así, ¿por qué existe una oficina compartida para actuar contra el crimen organizado? ¿Y qué sucede con el discurso central del gobierno de Lula respecto a la seguridad, según el cual la coordinación debe ser nacional, dado que las facciones criminales ya no respetan fronteras y actúan también fuera del país?
Toda esta cautela se debe a la percepción —que aún debe confirmarse en encuestas— de que la acción en la Zona Norte de Rio, con toda su ferocidad y con diversos cuestionamientos posibles desde los puntos de vista legal, operativo, logístico y humanitario, contó con el apoyo de un amplio sector de la población de Rio y del resto de Brasil.
Esto —sumado al conocimiento de que el gobierno aún no cuenta con un portafolio de acciones concretas que demuestre que prioriza la lucha contra el crimen y que no sigue atado al discurso tradicional de la izquierda de abordar la seguridad únicamente bajo la égida de los derechos humanos y las medidas socioeducativas— llevó a los estrategas de Lula a recomendar evitar que la crisis de Rio cayera sobre sus hombros.
Para intentar comenzar a construir su discurso de campaña, el dirigente del PT intenta un contrapunto a acciones como la del martes con la Operación Carbono Oculto, repitiendo el mantra de que esta causó un daño considerable al PCC sin “derramar una gota de sangre”. Parece poco para revertir la percepción negativa de las encuestas, reforzada por declaraciones como la de los narcotraficantes “víctimas”.
La megaoperación en Rio reaglutinó a la derecha y podría ser un obstáculo para la fase de recuperación que Lula venía mostrando desde que ajustó el discurso de la soberanía para responder al aumento arancelario de Donald Trump.
