Una batalla política y judicial se desató en Estados Unidos tras la decisión de la administración Donald Trump de suspender los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) durante el cierre parcial del gobierno. Mientras millones de familias temen quedarse sin ayuda alimentaria a partir de noviembre, una jueza federal en Boston intervino para exigir que el gobierno utilice fondos de emergencia.
Una jueza federal presiona a la administración Trump por los pagos de SNAP
La magistrada Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, manifestó su inclinación a ordenar que el gobierno de Donald Trump active los fondos de contingencia disponibles para financiar parcialmente el SNAP durante noviembre.
Según consignó Politico, la jueza consideró que el caso constituye una emergencia nacional, ya que el programa, que asiste a alrededor de 42 millones de personas, se quedará sin recursos en cuestión de días si no se aprueba una medida de urgencia.
“Es difícil comprender cómo esto no es una emergencia cuando no hay dinero y millones de personas dependen de sus beneficios alimentarios”, expresó Talwani durante la audiencia. La funcionaria, designada originalmente por el expresidente Barack Obama, anticipó que emitirá su fallo, en respuesta al pedido de una orden judicial temporal presentado por un grupo de estados gobernados por demócratas.
La demanda busca revertir la decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de suspender los pagos de SNAP debido al cierre de gobierno. Los estados argumentaron que el organismo federal posee fondos suficientes para cubrir la totalidad o al menos una parte sustancial de los beneficios correspondientes a noviembre.
Por su parte, el Departamento de Justicia, en representación del Ejecutivo, argumentó que los fondos de contingencia estaban reservados para desastres naturales y no alcanzaban para cubrir los 8000 millones de dólares necesarios para pagar los beneficios del mes siguiente, según Politico.
Su abogado, Jason Altabet, advirtió que una financiación parcial sería “desastrosa”, ya que obligaría a los estados a reajustar los sistemas de pago dos veces si el Congreso aprobara una ley presupuestaria más adelante.
Sin embargo, la jueza Talwani rechazó esa posición y señaló que la intención del Congreso al crear los fondos de emergencia fue “proteger al pueblo estadounidense”. Además, advirtió que, incluso si se llegara a un acuerdo presupuestario, los tiempos administrativos impedirían que los fondos fluyeran de inmediato. “Ausente una victoria total de los demandantes, millones de beneficiarios perderán su ayuda el 1° de noviembre”, enfatizó la magistrada.
Newsom y los estados demandantes: contra Trump y el freno de SNAP
El gobernador de California, Gavin Newsom, encabezó la ofensiva judicial al presentar una demanda contra el USDA y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), ambas dirigidas por funcionarios designados por Trump. El escrito, respaldado por más de 20 estados, acusa al gobierno federal de haber actuado “de manera injustificada, arbitraria y contraria a la ley”.
Newsom calificó la medida como “una crueldad sin precedentes” y apuntó directamente contra el presidente: “Mientras Donald Trump recorre el mundo intentando reparar los daños económicos que él mismo causó, niega comida a millones de estadounidenses que pasarán hambre el próximo mes. Es un acto inhumano y demuestra su total indiferencia por la gente de este país”.
La administración californiana aseguró que el gobierno federal retuvo deliberadamente US$6000 millones de fondos de contingencia que el Congreso había autorizado para sostener el programa en caso de emergencias presupuestarias.
“Cuando las familias no saben de dónde saldrá su próxima comida, el gobierno ha fallado en su deber más básico de cuidar a su pueblo”, añadió Jennifer Siebel Newsom, primera dama del estado.
Los argumentos legales del reclamo contra la administración Trump por los pagos de SNAP
El documento presentado ante el tribunal sostiene que el USDA violó su obligación legal de distribuir los beneficios a todos los hogares elegibles, según lo establecido en el Título 7 del Código de los Estados Unidos. Al negarse a utilizar los fondos de emergencia, la agencia habría incumplido el mandato del Congreso y abusado de su discrecionalidad administrativa.
Los estados plantearon dos fundamentos centrales:
- Violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés): el USDA está legalmente obligado a mantener la entrega de ayuda alimentaria mientras existan fondos disponibles.
- Actuación arbitraria y caprichosa: los demandados modificaron sin justificación una política histórica de utilizar los fondos de contingencia en momentos de cierre gubernamental, ignorando los riesgos de hambre masiva y el impacto social de su decisión.
Los gobernadores exigen que el tribunal declare nulas las directivas del USDA emitidas el 10 y el 24 de octubre, que ordenó la suspensión de los pagos, y que se disponga la liberación inmediata de los recursos para garantizar las asignaciones de noviembre.
