Cuando el poder de compra de los ingresos y la reforma laboral están sobre la mesa del debate de la política, los datos indican que, en el promedio de los últimos años, alrededor de 15 de cada 100 asalariados sufre “inseguridad alimentaria” -seis de ellos, de forma “severa”-, en tanto que el índice se eleva a 25 de cada 100 entre quienes trabajan por cuenta propia. Son estadísticas que confirman que tener una ocupación, incluso si es bajo relación de dependencia, no es sinónimo de quedar al margen de tener, por falta de recursos, una alimentación insuficiente o episodios de hambre.

Las cifras surgen de un nuevo informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica, que señala que, en promedio entre 2022 y 2024, el 19,6% de la población ocupada de 18 años y más (considerando a asalariados y no asalariados) tiene inseguridad alimentaria, un índice algo menor al que surge de observar la situación de la población adulta total, sin diferenciar por situación ocupacional (en este caso, el porcentaje es de 21,3%).

La situación está claramente influida por la elevada informalidad y la persistente precariedad laboral. Según el informe, entre los asalariados registrados (sin considerar el servicio doméstico), la inseguridad alimentaria afecta al 7,4%, un nivel sensiblemente inferior al promedio observado en el universo de dependientes.

¿Qué significa ese indicador? El índice de inseguridad alimentaria se construye a partir de un puntaje asignado a cada entrevistado en función de las respuestas dadas, en el relevamiento de la UCA, a preguntas vinculadas con la posibilidad de acceder a alimentos. Se consulta si en los 12 meses previos los integrantes adultos de un hogar (por un lado), y los niños y adolescentes (por otro lado, ya que los puntajes son diferentes), redujeron las porciones de comida por insuficiencia de dinero para comprarla; y también se pregunta si a causa de la escasez de recursos los adultos y/o los niños del hogar sintieron hambre. En cada una de esas consultas, la respuesta implica sumar -o no- una cantidad de puntos.

Una última pregunta indaga sobra la frecuencia con que eventualmente se experimentó hambre a causa de la poca cantidad de alimentos. Según la respuesta, se asigna un puntaje. El resultado final determina si hay seguridad alimentaria o inseguridad moderada o severa.

Por ejemplo, si en un hogar contestan que los adultos disminuyeron las porciones de comida y que sintieron hambre “varias veces”, sin que la situación afectara a los niños, la estadística ubica a ese hogar como uno con inseguridad alimentaria no severa. Si esa situación de carencia afectó a adultos y niños, la inseguridad es calificada como severa, incluso si en lo referido a la frecuencia se informa que la sensación de hambre fue ocasional.

Como las preguntas se refieren a la situación de los hogares, se concluye que la vulnerabilidad revelada por los indicadores se extiende a quienes integran la familia de las personas con trabajo. En el caso de la población ocupada (en general), el 8,1% está en situación de inseguridad alimentaria severa, en tanto que el 11,5% sufre esa situación en grado moderado.

La encuesta abarca centros urbanos del país con 80.000 habitantes o más, y en el último año las personas consultadas fueron 2894.

Año a año

Más allá de las conclusiones del informe, referidas a datos promedio de los tres últimos años, la estadística de la ODSA observada período por período permite ver que en el grupo de los ocupados en general el índice de inseguridad alimentaria se elevó de 17,3% en 2022 a 18,8% en 2023 y a 22,5% en 2024. Las tendencias para lo ocurrido el año pasado fueron diferentes según se trate de asalariados y no asalariados. En el primer grupo, en 2024 el índice cayó levemente respecto del año previo, de 16,5% a 16,3%, en tanto que entre los no asalariados se detectó un agravamiento significativo: la incidencia de la inseguridad alimentaria pasó de 22,1% a 31,8%.

En el caso de los asalariados, el índice se redujo de 9,1% en 2023 a 7,8% en 2024 entre quienes tienen aportes a la seguridad social. Entre los dependientes sin aportes, la incidencia empeoró, al pasar de 27,4% a 30,3%.

“De 2025 todavía no hay datos -dijo a LA NACION Ianina Tuñon, investigadora de la ODSA y coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia-, pero es posible que el índice haya mejorado, en sintonía con la merma de la pobreza y la indigencia, aunque las dinámicas de consumo en los hogares han cambiado». En línea con la última observación, señaló que “uno de los aspectos que afectó en 2024 fue la calidad de los alimentos consumidos”.

Diferencias por grupos

Los datos de la ODSA focalizados en la población de asalariados confirman que la problemática se da con mayor intensidad en determinados grupos de edad y zonas de residencia. La inseguridad alimentaria es, en el segmento de quienes trabajan en relación de dependencia, de 18,9% en el conurbano bonaerense, de 14,8% en ciudades del interior del país, y de 7,1% en la Ciudad de Buenos Aires, según el promedio de los últimos tres años. Si se observa solo el grupo de asalariados con aportes, los índices son, en cada caso, de 10,5%, 7,4% y 1,8%, siempre según los datos promedio de los tres últimos años.

En cuanto a edades, el grupo en el cual la incidencia es mayor es de el de personas de 35 a 54 años, entre quienes la inseguridad alimentaria afecta al 17,1% del total de asalariados y al 8,9% de los asalariados con aportes.

Si bien en el grupo de asalariados en general los índices no muestran una diferencia significativa según se trate de varones o mujeres, sí se detectó una brecha de género en la incidencia de la inseguridad alimentaria entre quienes tienen aportes: el índice es en este caso de 6,6% entre ellos, y de 8,5% entre ellas.

Reforma laboral

Según Tuñon, la cuestión de la inseguridad alimentaria en trabajadores podría incluirse en el actual debate sobre una reforma laboral. “Las ayudas alimentarias, como vales para almorzar en el trabajo o comprar alimentos -evaluó- podrían ser beneficios regulados no incluidos en los salarios, como hubo en los 90, pero con todo el potencial de lo digital para garantizar la transparencia”.

La alimentación suficiente y adecuada, recordó, “no solo implica un beneficio para los trabajadores en cuanto a su salud, sino también para el mercado, por su impacto en la productividad y en el sistema de salud, porque son muchas las enfermedades asociadas a lo alimentario, con costos muy elevados”. Además, dijo que una estrategia de otorgamiento de vales podría estimular el consumo y ser un estímulo para la formalización del trabajo.