Estuvo 12 años prófugo. Fue, junto con su hermano Marco Estadas Gonzalez, capo narco de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, una zona caliente del narcomenudeo. La organización criminal dominó el territorio a sangre y fuego y, según estimó la Justicia hace una década, llegó a facturar 900.000 euros mensuales. Hoy, en los tribunales de Comodoro Py, Fernando Estrada Gonzales, conocido por su apodo de Piti, comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°3.
El debate comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Piti está acusado de haber organizado junto con su hermano, apodado Marcos, y con su cuñada, Silvana Salazar, “una asociación integrada por un importante e indefinido número de personas, destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína y sus derivados) en grandes cantidades y pequeñas porciones para el consumo individual en el interior y fuera de la villa 1-11-14″, informaron fuentes judiciales.
También fue imputado del “almacenamiento y uso permanente de todo tipo de armamento, sus piezas, municiones y otros elementos de corte balístico con el claro objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en la que produciría la mayor parte del emprendimiento criminal”, agregaron los voceros judiciales.
El TOC N°3 está presidido por el juez Andrés Basso e integrado por sus colegas Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni. En el debate, el Ministerio Público está representado por el fiscal general Diego Velasco y el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminal (Procunar) Matías Álvarez.
En abril de 2023, Basso, Ríos y Pelloni habían condenado a Marcos y a Salazar, entre otros narcos, a las penas de 24 y 13 años de prisión, respectivamente. Piti no había llegado a juicio porque, en ese momento, estaba prófugo.
Marcos, su esposa y otros 23 sospechosos habían sido detenidos el 16 de diciembre de 2016 en operativos realizados por detectives de la División Operaciones Especiales Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) por orden del por entonces juez federal Sergio Torres, hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
En la investigación que derivó en las detenciones de diciembre de 2016, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Juan Pedro Zoni y la Procunar, a cargo de Diego Iglesias.
Por ese expediente, Marcos fue condenado a 17 años de prisión y a pagar una multa 33.750 pesos por considerarlo como coautor penalmente responsable de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y coautor del delito de acopio de armas.
La pena fue unificada con una anterior de diez años de cárcel y, finalmente, Marcos fue condenado a 24 años de cárcel. En 2022 fue deportado a Perú.
“Tres fuerzas de seguridad, la PFA, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, llegaron a la misma conclusión: existía en la villa 1-11-14 una organización narcocriminal que era lidera por Marco Estrada Gonzales, Salazar y Piti. Hubo cambios de gobiernos, crisis económicas, pero desde 2009 hasta mediados de 2017 en su pedazo de territorio, siete hectáreas de la villa 1-11-14 [zona también conocida como barrio popular padre Richiardelli], nada cambió. En ese lugar siempre fueron Marcos, Salazar y Piti. Esperemos que este juicio logré cambiar algo», había sostenido en su alegato de ese primer juicio el fiscal Velasco.
Durante el debate, la fiscalía contó con la colaboración de la Procunar y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).
Según explicó el representante del Ministerio Público durante su alegato y como había sostenido en sus resoluciones el por entonces juez Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Pity.
En un turno de 28 días, según dijo el fiscal Velasco, se podía llegar a recaudar $14.000.000 equivalentes, en su momento, a 900.000 euros.
La equivalencia con la moneda europea no resulta casual. En la resolución donde procesó a Marcos, Salazar y otros sospechosos, el juez Torres había sostenido que la banda narco cambiaba pesos por euros en una agencia de Villa Celina, en La Matanza.
Como se dijo, Piti estuvo prófugo 12 años. Hasta que se entregó en la Procunar, el 25 de abril de 2023.
Piti, de nacionalidad peruana, tiene 59 años. Había sido condenado por el homicidio de Antonio Gallardo, ocurrido el 11 de junio de 1988 en inmediaciones del complejo conocido barrio Rivadavia II, frente a la manzana 24 de la villa 1-11-14. Cumplió la pena impuesta por la Justicia y, según creían detectives policiales y judiciales, manejaba su parte del negocio narco desde Perú.
Fue una sorpresa cuando el abogado Juan Alfredo Sánchez Ortiz llamó a la Procunar y avisó que el capo narco se iba a entregar. Hoy, dos años y medio después, comenzó a ser juzgado.
