Dos soldados del Ejército Nacional, secuestrados durante más de 30 horas en la zona limítrofe entre Caquetá y Meta, fueron entregados a la Defensoría del Pueblo luego de una gestión humanitaria. La operación logró concretarse gracias a la coordinación entre funcionarios de la Defensoría y el acompañamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, así como de autoridades locales y regionales.
Los uniformados Ángel Humberto González Garcés y Édgar Mina Carabalí quedaron bajo custodia de una comisión de la Defensoría del Pueblo en el departamento de Caquetá, donde fueron evaluados y asistidos antes de su traslado para el reencuentro con sus familiares.
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La información fue confirmada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien informó que ambos militares se encuentran en buen estado de salud.
“Los soldados profesionales Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo de nuestra regional en Caquetá. Se encuentran en buen estado y en camino para encontrarse con sus seres queridos”, declaró Marín en sus redes sociales.
La entrega final tuvo lugar en la zona rural conocida como La Punta, en el límite de los departamentos de Caquetá y Meta. Los funcionarios de la Defensoría facilitaron la salida segura de los soldados, quienes posteriormente fueron movilizados en un vehículo oficial hacia el casco urbano de San Vicente del Caguán.
Un fallido primer intento y la reiteración del secuestro
Durante la jornada del martes, ya se había informado que existía un acuerdo para la entrega de los soldados, quienes inicialmente quedaron bajo custodia de un sacerdote y una comisión de la MAPP/OEA. Sin embargo, horas después, un grupo de civiles volvió a retenerlos y los trasladó 22 kilómetros hasta otro punto, lo que prolongó su cautiverio. Esta situación fue confirmada tanto por la Defensoría como por reportes en terreno.
El episodio generó malestar en las Fuerzas Militares, que recalcaron que ningún uniformado debe ser privado de la libertad durante el ejercicio de sus labores de defensa del territorio nacional.
Origen del secuestro y presión de la multitud
El incidente se remonta al lunes 3 de noviembre, cuando, durante un acompañamiento a operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, un grupo de aproximadamente 400 personas rodeó a miembros del CTI y al personal militar en la vereda San Juan de Lozada, zona limítrofe entre Caquetá y Meta. El grupo, según versiones proporcionadas por autoridades, habría estado bajo influencia de las disidencias de las antiguas FARC.
En esa asonada, fueron retenidos un teniente y tres soldados profesionales. El oficial y uno de los soldados recuperaron la libertad después de unas horas. Los otros dos militares, identificados como González y Mina, permanecieron secuestrados hasta su liberación oficial.
Los soldados liberados fueron desarmados y obligados a vestirse de civil antes de su entrega a la comisión humanitaria, según los reportes oficiales recabados por las autoridades y las declaraciones públicas de la Defensoría del Pueblo. Así lo ilustran fotografías difundidas tras la entrega, en las que ambos aparecen acompañados por los funcionarios responsables del proceso.
Sin canje ni negociación: antecedentes judiciales
El general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, explicó a EL TIEMPO que la liberación se logró “a través de los buenos oficios del doctor Edwin Leal, defensor del Pueblo del Caquetá, y de la doctora Margarita Bolívar, defensora del Pueblo del Meta”.
Añadió que, aunque inicialmente los secuestradores exigieron la liberación de una mujer capturada el día anterior en un operativo judicial, “no hubo ningún tipo de canje”. La mujer fue detenida en un allanamiento con incautación de armas y está bajo custodia del CTI en Florencia (Caquetá).
La audiencia de legalización de la captura de la mencionada mujer fue aplazada para el día siguiente, donde se decidirá si sigue bajo detención intramural o domiciliaria.
Presencia de grupos armados en la región
De acuerdo con informes oficiales, en la zona de La Macarena (Meta) actúan distintos grupos armados ilegales, entre ellos los frentes 7, 40 y 62 de las disidencias de las FARC, con presencia permanente en la región. En mayo de 2024, las autoridades denunciaron que dichos grupos habrían facilitado la deforestación de al menos 9.000 hectáreas mediante actividades ilícitas como el cultivo de coca y minería ilegal.
Las autoridades siguen desplegadas en el sector para esclarecer los hechos y determinar si hubo coordinación entre los líderes de la revuelta y organizaciones armadas residuales que mantienen diálogos con el Gobierno.
