Cuando los jueces inauguren el Zoom y den inicio formal al juicio por los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner estará apostada en el living de su departamento de San José 1111, desde donde se conectará para el inicio del proceso. La expresidenta piensa que no hay prueba directa contra ella y que, por ese motivo, la Justicia le atribuye la figura de jefa de una asociación ilícita para cubrir ese supuesto bache jurídico.
“El mensaje es que a nadie se le ocurra tocar los intereses que tocamos nosotros”, suele repetir Cristina Kirchner entre los dirigentes de mayor confianza cuando se refiere a su situación judicial. La jefa del PJ nacional ya fue condenada en la causa Vialidad y es posible que cuando concluya el juicio por los cuadernos, ya habrá cumplido la pena de seis años que transita actualmente. Pero aún así le quedará Hotesur y Los Sauces.
Junto a la causa por el memorando con Irán, cuyo juicio podría comenzar en 2026, a Cristina le aguarda una rutina marcada por audiencias judiciales en los próximos años, con las que deberá convivir tanto como con su prisión domiciliaria, salvo que se produzca un giro copernicano que, a esta altura de las circunstancias, nadie de su entorno de anima a profetizar. Eso, por cierto, le resta margen para conducir al peronismo.
En el partido que preside, aún estando recluida, le reprochan más a Cristina el baile en el balcón la noche de la derrota electoral con La Libertad Avanza (LLA), porque no entienden qué estaba festejando la exmandataria, que sus múltiples procesos judiciales. A tal punto, que la confirmación de su condena a seis años de prisión ofició, en su momento, como una suerte de despertador para la militancia que estaba golpeada por el advenimiento de Javier Milei.
Cristina Kirchner desconoce todas las acusaciones en su contra. Si bien en alguna ocasión dijo que le provocaba “odio” haber visto a José López, el exsecretario de Obras públicas de las administraciones kirchneristas, revoleando bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez, tratando de esconder el producto de la corrupción, nunca estuvo ni siquiera cerca de reconocer que ese entramado llegara hasta ella y Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
De hecho, el principal argumento de su defensa en el juicio por los cuadernos será que “no hay prueba directa” que la vincule con los pagos de coimas que hacían empresarios de la construcción y otros sectores de la economía a la estructura del Ministerio de Planificación -que entre 2003 y 2015 controló Julio de Vido-, pese a que el chofer Oscar Centeno anotó que llevaban dinero a su departamento de Recoleta y a la quinta de Olivos.
Cristina Kirchner no tomará la palabra este jueves en el primer día del juicio por los cuadernos, pero haría un pronunciamiento público, probablemente a través de las redes sociales. En forma paralela, la expresidenta habilitó a tres voceros para defenderla en el campo político y también en el jurídico: el senador Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; y uno de sus abogados principales, Carlos Beraldi.
La expresidenta llega a esta instancia cuestionada por una parte del peronismo bonaerense, que se nuclea en torno al gobernador Kicillof, que todavía no digiere que la dama le haya echado la culpa de la derrota del 26 de octubre al desdoblamiento electoral que se pergeñó en La Plata. Sin embargo, Kicillof no duda en alinearse con Cristina cuando se trata de las causas judiciales, que encuadra en una “persecución” por motivos políticos.
En el peronismo también llama la atención el posicionamiento de la Corte Suprema, a cuyos integrantes identifican con una avanzada similar a la que sufrió Lula Da Silva en Brasil, con prisión efectiva incluida, antes de regresar al poder. El kirchnerismo hará notar que los jueces del tribunal de los cuadernos se congregarán presencialmente en el Palacio de Justicia, solo dos pisos arriba del que ocupan los magistrados supremos de la Nación.
