La Registraduría Nacional del Estado Civil cerró oficialmente la puerta a la aspiración presidencial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, al rechazar el registro del comité de recolección de firmas con el que pretendía avalar su candidatura independiente bajo el grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”.
La decisión, adoptada mediante resolución suscrita por la Delegatura en lo Electoral, señala que Quintero se encuentra inhabilitado para participar nuevamente en el mismo proceso electoral luego de haber sido inscrito como precandidato a la consulta interna del Pacto Histórico, coalición que agrupa a varios sectores de izquierda y que apoya al presidente Gustavo Petro.
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De acuerdo con el documento, la Registraduría concluyó que permitir la inscripción de un comité de firmas en respaldo de una candidatura “inválida por una prohibición conocida” generaría un proceso “inútil y costoso”, además de representar un obstáculo legal insuperable.
Por ello, resolvió negar la solicitud de registro presentada por el grupo ciudadano, argumentando que su aceptación vulneraría los principios de legalidad y eficiencia del proceso electoral.
“Respaldar una candidatura inválida por una prohibición conocida generaría un proceso inútil y costoso, al presentarse un obstáculo legal insuperable. Así, se protege el derecho de participación política en los términos de la ley y se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente”, señala la resolución.
La Registraduría fundamentó su decisión en los artículos 2, 40, 108 y 120 de la Constitución Política, así como en diversas disposiciones del Decreto Ley 1010 de 2000, que le otorgan a la entidad la competencia para dirigir, organizar y garantizar la legalidad de los procesos electorales.
Según el organismo, su deber es velar porque los mecanismos de participación ciudadana se desarrollen dentro del marco constitucional y evitar actuaciones que puedan inducir a los ciudadanos al error o a la frustración de sus derechos políticos.
En el expediente se detalla que el pasado 27 de octubre de 2025, mediante comunicación, la Registraduría informó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la solicitud de registro del grupo “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, que buscaba postular a Quintero como candidato a la Presidencia.
Sin embargo, el 29 de octubre, la oficina jurídica del CNE devolvió la petición a la Registraduría por considerarla de su competencia.
Tras analizar los antecedentes, la entidad determinó que la inscripción de Daniel Quintero como precandidato a la consulta del Pacto Histórico “quedó en firme”, y que dicha participación lo inhabilita para aspirar a la Presidencia mediante otro mecanismo, ya sea por un partido o por firmas, dentro del mismo proceso electoral.
La decisión se apoya también en el principio de unidad del proceso electoral, que impide que un mismo ciudadano participe por diferentes vías o colectividades en una misma contienda. Con ello, la Registraduría busca garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los aspirantes.
“Se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente, garantizando el interés general y la finalidad de los procedimientos electorales”, enfatiza el documento.
El acto administrativo firmado por el Registrador Delegado en lo Electoral Jaime Hernández Suárez establece además que contra la decisión procede recurso de reposición y en subsidio de apelación, conforme a los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, que regula el procedimiento administrativo y contencioso.
En caso de que Quintero decida interponer estos recursos, el proceso podría llegar al Consejo Nacional Electoral, que tendría la última palabra sobre su eventual participación.
La polémica por la candidatura presidencial de Daniel Quintero se reavivó luego de que el Polo Democrático confirmara ante un juez que el exalcalde de Medellín no pertenece a esa colectividad ni fue inscrito en su consulta interna.
Quintero había interpuesto una tutela contra la Registraduría por impedirle continuar con su inscripción, argumentando una supuesta inhabilidad por haber sido registrado en la coalición del Pacto Histórico. El exalcalde denunció trabas a su aspiración y reiteró que no está inhabilitado.
La decisión supone un duro golpe político para Quintero, quien aspiraba a capitalizar su figura como opositor de los partidos tradicionales y cercano al petrismo, pero con autonomía de las estructuras de la coalición de gobierno.
Con su inhabilitación, el panorama electoral de 2026 se reconfigura y deja abierta la pregunta sobre el papel que jugará el exmandatario antioqueño en los próximos meses.
