A través de la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno reestructuró la organización normativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y derogó 973 normas para eliminar intervención en los procesos productivos y quitar burocracia en los procedimientos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó la medida y sostuvo: “Dejamos atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo donde se enfoca exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino“.
“La industria del vino ya mostró lo que puede dar. La Argentina produce 900 millones de litros por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial. Exportamos 800 millones de dólares anuales. Pero el consumo mundial está cayendo y los gustos cambian (por ejemplo, se impone en varios países el consumo de vino sin alcohol). Por ello es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno“, destacó el titular de la cartera en sus redes sociales.
Según lo establecido en la resolución, el INV dejará de intervenir en cada una de las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo -como la producción en el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte- para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados. Su rol central será garantizar que los productos estén aptos para el consumo y no adulterados.
La Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con firma de su titular Carlos Tizio, deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola. La Resolución deroga 973 normas (sí, 973!) y redefine completamente el rol del organismo. Dejamos atrás… pic.twitter.com/FiY8GHmmyc
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 7, 2025
Por otra parte, a partir de la medida, los controles de trazabilidad (certificaciones de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a disposición de los productores que los requieran en función de sus necesidades comerciales, aunque también lo podrán hacer mediante medios privados.
El nuevo régimen alcanzará a productores primarios de uvas; establecimientos elaboradores; fabricantes artesanales, así como también vino casero, bodegas, bodegas integradas, fábrica de mosto, fábrica de espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológico; comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores de productos vitivinícolas; laboratorios enológicos y de análisis habilitados; y operadores inscriptos.
En tanto, Sturzenegger detalló: “Para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5000 inspecciones a bodegas. Existen registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Como si esto fuera poco, el organismo se encargaba de trámites innecesarios como la determinación año a año del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”.
Acto seguido, afirmó que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción” y declaró: “Al eliminar las fiscalizaciones intermedias los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta para la discrecionalidad y la corrupción”.
“En otras palabras ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas (un reclamo de los productores que se repetía sin cesar). Y como dice su titular -Carlos Tizio-, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas», cerró.
