La advertencia de los jueces federales sobre el futuro del sistema judicial se intensificó tras conocerse el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, actualmente en debate en el Congreso.
Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal manifestaron su inquietud por el recorte presupuestario propuesto por el Consejo de la Magistratura –Poder Judicial de la Nación–, que contempla una disminución general del 8% y una reducción del 74% en el rubro de Bienes de Uso.
Según el pronunciamiento de la Junta, la continuidad de estos recortes pondría en riesgo el funcionamiento regular de los tribunales y, en consecuencia, la independencia del Poder Judicial, considerada un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Los jueces subrayaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial son condiciones indispensables para preservar la efectiva independencia del Poder Judicial.
El comunicado enfatizó que el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer sobre las coyunturas económicas. Además, los magistrados advirtieron que asignaciones presupuestarias insuficientes conducen a una infraestructura inadecuada, al deterioro de los salarios y a un acceso a la justicia cada vez más restringido para la población.
En el contexto de la modernización judicial, los jueces señalaron que la plena implementación del sistema procesal penal federal exige recursos adecuados. La reducción del 74% en Bienes de Uso, según alertaron, impediría sostener obras, realizar el mantenimiento edilicio y actualizar la tecnología, elementos que consideran esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno.
Ante este escenario, los integrantes de la Junta reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortaron a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y ajustado a sus necesidades reales. El objetivo, sostuvieron, es resguardar el equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible.
