Un tribunal oral federal de la Ciudad de Buenos Aires dictó sentencia en una causa por encubrimiento agravado y uso de documentación falsa, luego de que dos hombres resultaran detenidos tras ser interceptados en un control vehicular en el Puente La Noria mientras circulaban en un automóvil con pedido de secuestro. La resolución dispuso penas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo para ambos acusados, y en uno de los casos, la unificación con una condena anterior que elevó la sanción total a siete años y cuatro meses de prisión.
El episodio que desencadenó esta investigación comenzó el 18 de septiembre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires. Una persona denunció que, tras haber conocido a una mujer mediante una aplicación de citas, acudió a su domicilio en compañía de ella y consumió bebidas alcohólicas durante la noche. Al despertar, en la madrugada, descubrió que faltaban diversas pertenencias, entre ellas el automóvil marca Peugeot modelo 208, junto con la cédula verde, la cédula azul, el documento personal y la licencia de conducir.
Según la resolución, desde ese momento el vehículo permaneció con pedido de secuestro. Dos meses después del robo, el 20 de noviembre de 2023, un sistema automatizado de lectura de patentes detectó el automóvil cruzando el Puente La Noria en dirección a Capital. La alerta correspondía a una búsqueda previa de la Policía de la Provincia por delitos vinculados al robo de ruedas.
Luego de detectar la patente del vehículo, personal policial inició un seguimiento en la avenida General Paz. Finalmente, en inmediaciones de la avenida 2 de Abril, lograron detener el rodado y procedieron a identificar a sus ocupantes. Ambos presentaron una cédula verde de identificación automotor cuyo número de serie y medidas de seguridad no coincidían con los registros oficiales.
Durante la inspección realizada en presencia de testigos, las autoridades hallaron, en el interior del automóvil, herramientas como llaves francesas, pinzas, destornilladores y elementos similares a los utilizados en la manipulación de rodados y retiro de ruedas. Ante las anomalías observadas, el auto fue secuestrado para su análisis.
Las pericias oficiales
Las posteriores pericias oficiales establecieron que tanto la cédula de identificación presentada como las patentes que ostentaba el auto eran apócrifas. Además, los expertos concluyeron que los números de motor y chasis se encontraban adulterados y que incluso los cristales del automóvil habían sido modificados para exhibir datos falsos.
En el capot del vehículo, los peritos encontraron oculta bajo la pintura la referencia al dominio original, el mismo que figuraba como robado desde el suceso denunciado en septiembre de 2023. Esta evidencia permitió confirmar que el rodado recuperado era el mismo que se buscaba por la sustracción inicial.
La investigación sumó testimonios, actas de realización de secuestros y declaraciones de quienes participaron en los procedimientos. También se incorporaron registros de llamadas al 911, informes del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y declaraciones del propio afectado, quien relató cómo se concretó el engaño a través de la utilización de una identidad falsa en la aplicación de citas.
Ambos ocupantes del vehículo reconocieron en audiencia los hechos y su participación en la maniobra, lo que fue valorado como atenuante por el tribunal. La fiscalía y las defensas alcanzaron un acuerdo que permitió tramitar el caso por la vía de un juicio abreviado, con la aceptación de los acusados, que ratificaron su conformidad de forma libre y voluntaria.
El tribunal sostuvo que la prueba acumulada acreditó que los imputados recibieron el vehículo sabiendo de su procedencia ilícita, y además utilizaron documentación apócrifa para intentar legitimar su circulación y titularidad. Según el fallo, la conducta evidenció un ánimo de lucro, puesto que la sola utilización del vehículo robado otorga un beneficio económico independientemente de su venta.
La magistrada evaluó como agravantes el daño causado y los antecedentes penales de uno de los condenados, así como las distintas acciones desplegadas para sostener la maniobra, que incluyeron no sólo la manipulación material del auto, sino también la preparación de documentos falsos.
En virtud del acuerdo alcanzado, se fijó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo para ambos acusados. En el caso de uno de ellos, se realizó la unificación de esta condena con una previamente dictada por otro tribunal, por hechos no vinculados a este proceso. De esa manera, la sanción total resultó de siete años y cuatro meses de prisión.
