Empezó un juicio histórico, y ese movimiento procesal que es el corazón de un proceso penal, se metió de lleno en la discusión pública. Se trata del casillero uno de un sinfín de obstáculos para tener una sentencia firme. Ahora bien, ¿cómo se inició la causa cuadernos? Pues por tratarse de un juicio histórico, lo que ofreció la Justicia para que lo siga quien quiera hacerlo es relativamente poco.
Esta vez, la oralidad, uno de los pilares del derecho penal acusatorio, se reemplazó por una plataforma digital, el programa Zoom. Apenas, 16 cuadraditos de acusados, una suerte de foto carnet poco clara, y 70 que pudieron escudarse en el anonimato que le entregaban las otras pestañas que el Tribunal nunca mostró. Siete decenas de anónimos jamás aparecieron.
A esa frialdad en la “audiencia” se le suma la frecuencia: una vez por semana hasta antes de Navidad y después a retomar en febrero con la misma disposición. Recién en marzo se suma una más para pasar llegar a 8 por mes. Y más allá de las ganas o no de los jueces del tribunal de cargar la agenda, es verdad que la vacancia en el Poder Judicial (llega a alrededor de 40%) es un punto sobre el que pueden construirse argumentos como para no modificar el cronograma que se ha trazado.
Solo para recordar, alguna vez, cuando se avanzó en el juicio de Vialidad, se llegaron a fijar tres citas semanales como para que los tiempos no se extiendan. Pero, como se dijo, el cúmulo de trabajo de algunas dependencias judiciales se sostienen en datos. Por caso, en el último informe que presentó la fiscal Fabiana León dijo que en su despacho corren 135 expedientes a los que debe atender.
Ese principio de oralidad que esta vez se dejó de lado significa que las actuaciones -especialmente el juicio- deben realizarse de manera oral, inmediata y pública para privilegiar el contacto directo entre el juez, las partes y las pruebas.
En palabras simples, la verdad y la decisión judicial deben construirse al escuchar y ver directamente a las personas en audiencia, no solo leyendo papeles o escritos.
Una de las principales premisas que persiguió el legislador es que permite el control ciudadano, el escrutinio de la prensa y refuerza la legitimidad de la justicia penal. Cara a cara, el juez percibe directamente la credibilidad de los testigos, la actitud de los imputados y la fuerza real de los argumentos, sin intermediarios ni interpretaciones ajenas.
Por Zoom nada de eso se da. Esa herramienta, que fue el modo con el que el mundo se comunicó en pandemia cuando no había otra posibilidad, fue abandonada por todos los que pudieron en forma inmediata. Primó el regreso a la calidez del encuentro. La Justicia la dejó vigente para muchos casos, y la eligió para el mayor juicio de corrupción de la historia.
Cuando sean las indagatorias, por caso, los imputados podrán estar leyendo lo que quieran, o tener todo su repertorio en una pantalla adjunta, en un papel o incluso, le podrán dictar sus abogados en vivo. Lo mismo pasará con los testigos que tranquilamente podrán declarar dónde sea y secundados por quien crean conveniente.
Obviamente, será imposible rebatir, objetar y contrainterrogar en tiempo real. Con solo decir que se perdió la señal o lo que fuere, es podible acudir por ayuda rápida antes de seguir con sus dichos.
La primera audiencia mostró las limitaciones de la herramienta. Es verdad que se transmitió por la plataforma de YouTube pero allí solo se capturaba la primera de las pantallas en la que aparecían algunos de los procesados, no todos. El resto jamás estuvo en cámara. Estaban en pestañas posteriores.
A Roberto Baratta no se le pudo ver la cara y a Oscar Centeno, tampoco. Lo mismo puede aplicarse a todos los empresarios ya que algunos, unos pocos, cayeron en el tablero de inicio del Zoom. Por caso, la Argentina le podría haber conocido la cara a la familia Cartellone, a punto de ganar la concesión de la Ruta del Mercosur, o volver a ver a Aldo Roggio o Carlos Wagner, históricos animadores de las tertulias de anuncios de obras públicas kirchneristas.
O verle la cara a Armando Loson, Cristóbal López o el eterno Rey de Retiro, Néstor Otero. Quizá sea bueno recordar a Juan Carlos Lascurain, el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) que ya tuvo una condena por corrupción.
Tampoco hubiese estado mal recordar viejos funcionarios como el hombre del convento, José López; o el gestor de la embajada paralela con Venezuela, Claudio Uberti; el exsecretario Legal y Técnico de Julio De Vido, Rafael Llorens, o el director de la poderosa Yacyretá, Oscar Thomas. Nada de eso sucedió, el Tribunal prefirió el modo “foto carnet”. Y solo para unos 15; el resto, escondidos.
Bien se podría haber dispuesto en una sala de prensa un set de monitores que desplegaran todas las pestañas del Zoom para que, aunque sea, se mantenga algún pequeño atisbo de aquella oralidad. En cambio, se transmitió la pantalla inicial.
De hecho, la audiencia terminó tarde y con un pedido del Tribunal compuesto por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Pidió que se conecten a horario. Sucede que la tardanza en arrancar se debió a eso, a que varios no se conectaban.
Esa mañana de jueves, nadie quería hacer clic a tiempo por una simple razón. La plataforma los coloca de acuerdo con el orden de llegada y los primeros conectados abren la página. Luego esa plataforma lleva a la carátula a quién hablea o abra su micrófono. De ahí que el abogado defensor José Ubeira ingresó a la pantalla principal cuando preguntó si ya terminaba la audiencia. Desplazó a uno que, seguramente, le agradeció.
El debate sobre la consecución del juicio de esta manera no es un tema menor. Más aún, es necesario para entender qué impacto tendrá en la institución judicial, en la vida pública y en la administración de Justicia la consecución de un juicio al que el mundo le puso el ojo y que se lleven desde la Argentina un álbum de fotos carnet en la que algunos comen, otros retozan en la cama y vaya a saber cuántos lo siguieron desde cualquier lado del planeta. Las consecuencias podrían ser devastadoras para una Justicia que se retuerce en medio de un deterioro que lleva décadas.
En el territorio de las ideas entre la psicología social y la Justicia ha desarrollado su trabajo Tom Tyler, profesor de Psicología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. El destacado académico norteamericano es un faro al que todos atienden cuando se trata de comprender algunos procesos de enunciados simples, aunque de profunda complejidad. En La obediencia del derecho, su obra más importante, responde ciertas preguntas esenciales como por qué las sociedades se someten o no a la ley y qué sucede con la legitimidad de los funcionarios que la deben hacer cumplir.
En las sociedades donde el derecho se vuelve oscuro, cambiante o desigual, la obediencia no se gana: se impone. Tyler, uno de los mayores teóricos de la legitimidad judicial, demostró que los ciudadanos acatan las leyes no por miedo al castigo, sino porque creen que el sistema merece ser obedecido. Esa confianza -la que sostiene el orden sin necesidad de fuerza- solo existe cuando las reglas son claras y se aplican del mismo modo para todos.
Pero el académico agrega algo más, que resulta fundamental: “El cumplimiento por parte de los ciudadanos no es un acto de fe; si los ciudadanos respetan las normas es porque además de conocerlas y tener noción de la importancia de su cumplimiento, saben que tienen un origen democrático, que están orientadas a salvaguardar sus derechos y que no están diseñadas para el beneficio de las autoridades o los poderosos. El cumplimiento se basa en que los ciudadanos sepan que los funcionarios son los primeros en cumplirlas”.
La ejemplaridad de la Justicia no se mide por la severidad de sus fallos, sino por la transparencia de sus procedimientos. En un lugar donde el Poder Judicial se comporta con previsibilidad y respeto, el Estado no necesita gritar para que lo escuchen.
Un juicio histórico, por cantidad y por calidad de sus imputados, bien puede ser un faro para reconstruir la credibilidad de un sistema político y jurídico que no ha podido dar respuesta al reclamo social de transparencia en los actos públicos. Para lograrlo, la simbología es importante. El juicio por el Caso Cuadernos en modo “foto carnet” ayudará a eso, o por el contrario, será un boomerang que venga de frente.
