El anuncio del Gobierno nacional sobre el posible incremento de aranceles a la importación de vehículos y motocicletas de combustión ha generado inquietud en el sector automotor y entre los consumidores.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto que propone elevar el gravamen arancelario hasta el 40% para automóviles y 35% para motocicletas propulsadas por gasolina o diésel, una medida que, según el Ejecutivo, busca “frenar la entrada de tecnologías más contaminantes y orientar el mercado automotor hacia alternativas limpias y de producción nacional”.
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El documento oficial detalla que “el 95,9% de la demanda energética del país todavía depende de combustibles fósiles (petróleo, queroseno, gasolina y diésel)”, lo que, en palabras del Ministerio, convierte al transporte basado en gasolina y diésel en “una de las fuentes prioritarias de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia”.
El texto subraya la urgencia de la transición energética y la acción climática, afirmando: “Existe incertidumbre sobre la disponibilidad de energéticos provenientes de fuentes fósiles, la volatilidad de los precios y el impacto negativo en el medio ambiente”, según el borrador del decreto.
La propuesta, que excluye a los vehículos y motos amparados por Tratados de Libre Comercio (TLC), afectaría principalmente a los modelos importados desde países sin acuerdos preferenciales.
El decreto, una vez expedido, entraría en vigor entre quince y noventa días después de su publicación oficial. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomienda “establecer un gravamen arancelario del 40% para la importación de vehículos clasificados en la partida 8703 (que incluye trece subpartidas arancelarias)” y “un 35% para motocicletas que utilizan motores de combustión (identificadas en la partida 8711)”.
El impacto económico de la medida ha sido objeto de debate. Óscar Restrepo, director del portal especializado El Carro Colombiano, advirtió, en entrevista con El Colombiano, que la propuesta “puede terminar afectando seriamente al mercado automotor y al bolsillo de los compradores”.
Restrepo explicó que modelos populares como el Kia Picanto, uno de los más asequibles del país, “podría pasar de 57 a más de 63 millones de pesos, encarecimiento que dejaría por fuera a buena parte de los compradores de clase media”.
Según el experto, “el 70% de los automóviles que se venden en Colombia aún son de motor a combustión, y en el caso de las motos —donde casi toda la oferta es de gasolina— el impacto también sería alto, aunque existe una mayor producción nacional”.
Desde la academia, Andrés Emiro Díez, doctor en Ingeniería y experto en movilidad eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuestionó la efectividad de la medida: “No me parece apropiado desincentivar una tecnología encareciéndola vía aranceles, porque ese costo termina trasladándose directamente al usuario”, dijo Díez a El Colombiano.
Así mismo, el profesor advirtió que “en el campo no hay todavía un sustituto claro de cero emisiones. Si alguien quisiera usar un equipo eléctrico, probablemente tendría que cargarlo con una planta diésel. En esos casos, la penalización no tiene mucho sentido”. Díez insistió en que “en este tipo de transiciones es más efectivo bajar el arancel de los vehículos eléctricos que aumentar el de los de combustión. No se trata de demonizar las otras tecnologías, sino de hacer una transición justa y viable”.
Por su parte, Darío Hidalgo, experto en transporte y logística de la Universidad Javeriana, consideró que la propuesta tendrá efectos mixtos: “Desde la perspectiva de quienes comercializan estos tipos de vehículos, estas medidas de aranceles pueden aumentar los precios significativamente y reducir la demanda”, explicó Hidalgo al medio citado.
El académico matizó que “hoy ya existe una oferta de vehículos híbridos y eléctricos muy competitiva, con ventajas arancelarias y beneficios adicionales, como la exención del pico y placa en las principales ciudades”. Hidalgo subrayó que “la mayor cantidad de viajes en nuestro país se realizan a pie y en transporte público. Por eso, las medidas arancelarias pueden no tener un impacto directo en la movilidad general, aunque sí lo tendrán sobre los comercializadores de vehículos”.
El decreto también contempla un arancel del 35% para motocicletas de combustión interna, lo que afectaría directamente al mercado más masivo del país. Colombia cuenta con más de 11 millones de motos registradas y cada año se venden cerca de 800.000 unidades nuevas.
Aunque muchas motos ingresan bajo tratados preferenciales o se ensamblan localmente, un aumento de este tipo podría impactar los precios y la demanda, especialmente en los segmentos de bajo cilindraje, usados principalmente para trabajo o transporte urbano.
El Gobierno sostiene que la política arancelaria es una herramienta estratégica para “internalizar los costos ambientales y orientar la demanda hacia tecnologías que protejan la salud y el ambiente”.
La medida, contemplada en la Estrategia Nacional de Transporte Sostenible y la Política Nacional de Reindustrialización, busca reducir la dependencia de la economía del petróleo y del carbón, y acelerar el paso hacia un parque automotor más limpio.
