Para el jueves 13 de noviembre de 2025 quedó fijada la audiencia en el Tribunal Federal Dirksen en Chicago (Illinois) luego de la violenta captura de la que fue víctima una profesora colombiana de prescolar por parte de agentes de ICE en EE. UU. y frente a varios de sus alumnos, que en medio de los gritos y las lágrimas no entendían porque se llevaban a su maestra esposada, como si fuera una delincuente.
Por tal motivo, la comunidad estudiantil representada en los padres y madres de familia que día a día levaban a sus pequeños al Centro de Aprendizaje de Inmersión en Español Rayito de Sol, donde se presentaron los hechos días atrás, el 5 de noviembre, convocaron movilizaciones no solo para el jueves; también miércoles 12 de noviembre, en apoyo a la colombiana.
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La detención de Diana Patricia Santillana, profesora originaria de Medellín (Antioquia) y residente en Chicago provocó indignación y temor.
Todo porque las imágenes del arresto, registrado en video, circularon en redes sociales y medios.
Testigos relataron que los agentes ingresaron al establecimiento y retiraron a Santillana por la fuerza, causando llanto y confusión entre los niños.
“Todo el centro ahorita estamos muy aterrorizados por lo que pasó. Ahorita estamos haciendo grupos de padres, cómo podemos responder y proteger nuestros niños”, relató Sergio Rocha, padre de familia, en diálogo con W Radio.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) indicó que la detención respondió a una supuesta falsedad en la identidad presentada por la profesora y a la negativa de un vehículo asociado a detenerse. La docente intentó refugiarse en el centro educativo, pero fue interceptada por los agentes.
Hasta hace pocos meses las guarderías estaban consideradas “lugares sensibles” y resultaban exentas de este tipo de procedimientos. Sin embargo, tras cambios de política implementados bajo la administración de Donald Trump, esas garantías ya no aplican en centros educativos, bibliotecas y hospitales.
Los padres de los estudiantes pidieron la liberación inmediata de Santillana y la restitución de garantías para evitar futuros operativos dentro de instituciones educativas.
Según Rocha, el arresto afectó gravemente a la comunidad: “El cuidado de esta maestra y todas las maestras ahí son como familia. Rayito de Sol ha hecho como un hogar para mí, para mi esposa y para mis hijas por mucho tiempo. El cuidado de esta maestra es… como familia”.
Concejales y funcionarios locales como Matt Martin y Mike Kegley sumaron sus voces de rechazo al operativo y expresaron su solidaridad con la comunidad migrante, según reportó Infobae.
La situación de la docente colombiana también movilizó un esfuerzo de recaudación colectiva a través de la plataforma GoFundMe, que en tiempo récord la meta de 150.000 dólares en menos de una semana.
La defensa de Diana Santillana destacó a través del abogado Charlie Wysong, que la profesora contaba con permiso de trabajo vigente hasta noviembre de 2029 y no registra antecedentes penales. Presentaron una solicitud de habeas corpus y denunciaron el procedimiento como irregular, debido a la ausencia de orden judicial.
El operativo y su difusión dejaron secuelas tanto emocionales como logísticas en la comunidad de Rayito de Sol, que quedó temporalmente cerrada. Los padres mantienen protestas y reuniones para exigir justicia y protección, mientras la situación legal de Diana Santillana permanece sin solución a la espera de lo que ocurra en el juicio.
