La situación de la República Argentina el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió el nuevo gobierno elegido por el pueblo, tenía muchos puntos en común con la situación de una empresa privada en dificultades, que enfrenta la posibilidad de presentarse en convocatoria de acreedores o eventualmente declararse en quiebra y debe encarar un proceso de reestructuración para tratar de evitar los desenlaces mencionados. Sin embargo, existían diferencias fundamentales, dadas por el tamaño, la complejidad y la variedad de las operaciones que llevaba y lleva adelante la Administración Pública Nacional (APN).
Veintidós ministerios, numerosas secretarías y subsecretarías, 32 organismos descentralizados, 66 organismos desconcentrados y más de 100 empresas del Estado, propiedad total o mayoritaria del Poder Ejecutivo Nacional, todos organismos y reparticiones operados por un plantel de personal colonizado, en muchos casos, por militantes políticos sin la formación necesaria para el ejercicio de sus funciones y con sistemas administrativos antiguos no adecuados para una correcta operación. Una descripción resumida de esta situación está contenida en el informe emitido por la Sindicatura General de la Nación presentado en febrero de 2024 en cumplimiento del decreto 126/23 del Poder Ejecutivo Nacional.
Inflación y emisión monetaria descontroladas, déficit económico y financiero en alrededor del 15% del PBI, reservas negativas, rendiciones de cuentas pendientes y créditos vencidos sin gestión de cobranza en casi todas las reparticiones de la APN, vencimientos de deuda importantes sin acceso a los mercados para refinanciarlos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en una situación crítica y una prestación sumamente deficitaria de los servicios básicos que tiene que prestar el Estado: defensa, seguridad, educación y salud. Ante esta situación, el equipo económico encaró medidas que tienen puntos de contacto con las que se suelen encarar en el caso de las empresas privadas en dificultades.
La concentración de la caja, eliminando fondos fiduciarios y eliminando o fusionando ministerios, secretarías y entes descentralizados con manejo independiente de fondos. El saneamiento del BCRA, transfiriendo paulatinamente la deuda al Tesoro y fortaleciendo la situación de las reservas, objetivo todavía pendiente de ser alcanzado. La reducción de personal, mediante la no renovación de contratos y los programas de retiros voluntarios. La transferencia a provincias y municipios de obras encaradas por la APN en el pasado por motivos políticos. La reducción de transferencias de fondos a las empresas del Estado deficitarias con el objetivo de que se autofinancien para después privatizarlas. El comienzo de la venta de inmuebles y automotores que no son necesarios para la operación del Estado.
La monumental tarea que se está llevando a cabo ha permitido eliminar el déficit fiscal después de muchos años y abatir la tasa de inflación a niveles impensados tiempo atrás. Este logro no puede ser descuidado ante los intentos políticos de atacarlo con propuestas que no son financiables con recursos genuinos. El desafío pendiente es hacer funcionar eficientemente la administración del Estado remanente después del proceso de reestructuración y lograr que la prestación de los servicios básicos mencionados sea lo suficientemente adecuada para evitar que la población, además de sostenerlos con sus impuestos, deba contratar servicios privados alternativos como se da en los casos de salud, educación y seguridad.
Seamos claros. El Estado no va a desaparecer. Tiene que ser eficiente, administrado por personal competente, aprovechando todas las ventajas de la tecnología informática de manera de no ser una carga insoportablemente gravosa para los contribuyentes que deben financiarla. Y esto tiene que ocurrir en los tres niveles: nacional, provincial y municipal. Este proceso va a llevar varios años, ya que es necesario redefinir los organigramas y los procesos administrativos de los organismos fusionados, dotar cada una de las posiciones con funcionarios capacitados para llevar a cabo las funciones, entrenarlos y remunerarlos adecuadamente para poder retenerlos, implementar sistemas informáticos modernos con condiciones de ciberseguridad, ya que no se puede manejar el volumen y la complejidad de las operaciones sin adecuados sistemas de información. El reemplazo permanente de personal con responsabilidades de dirección y el congelamiento de remuneraciones no ayudan a consolidar este proceso.
Los graves problemas que enfrenta la Argentina desde hace varias décadas no se solucionan solo con el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. La recuperación de la confianza en nuestro país por parte de la inversión privada, imprescindible para dinamizar la economía y reducir la pobreza, requiere que todos los sectores que tienen responsabilidades políticas tomen conciencia de esta situación y se aboquen a encontrar soluciones duraderas. Tanto el Poder Ejecutivo Nacional como gobernadores e intendentes, sus correspondientes cuerpos legislativos y sobre todo una Justicia independiente, que asegure la vigencia de la propiedad privada y el Estado de Derecho, son elementos imprescindibles para la restauración de la confianza.
Las medidas a aplicar para este objetivo deben ser las dictadas por el sentido común y la práctica profesional, deben ser implementadas consistentemente y con continuidad en el tiempo y sin interferencias políticas. Solo de esta manera podemos lograr un Estado que funcione.
Exsíndico general de la Nación
