La muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante una movilización, causada por el disparo del agente Luis Magallanes quien no utilizaba el uniforme policial, generó un mayor escrutinio sobre las estrategias del Estado peruano ante las protestas sociales y sobre los mecanismos de actuación de las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el Congreso de Perú recibió una propuesta legislativa destinada a penalizar severamente el hecho de cubrirse el rostro durante protestas públicas, según reportó ‘La República’. La iniciativa, impulsada por la congresista Elizabeth Medina del partido oficialista Somos Perú, plantea penas que van desde ocho hasta diez años de prisión para quienes oculten su identidad en espacios de manifestación colectiva.
‘La República’ detalló que este proyecto de ley coincide con un panorama nacional marcado por una mayor vigilancia estatal y restricciones al ejercicio de derechos civiles, especialmente tras la llegada de José Jerí a la presidencia luego de la destitución de Dina Boluarte. Tras el asesinato de Ruiz Sanz, las críticas hacia el accionar policial y el creciente rechazo al uso de la fuerza en el control de manifestaciones motivaron la presentación de la iniciativa. El texto normativo, documentado por el diario peruano, argumenta que la imposibilidad de identificar a los participantes en protestas incrementa la dificultad para que las autoridades investiguen y sancionen delitos cometidos durante los eventos, además de facilitar el aprovechamiento del anonimato para realizar actos que comprometan el carácter pacífico de las movilizaciones.
Dentro de la propuesta de Medina se contemplan alternativas a la reclusión efectiva: los sancionados podrían enfrentar la obligación de realizar servicios comunitarios o abonar multas calculadas en función de noventa días de salario mínimo. No obstante, el eje central del proyecto es la penalización con prisión para quienes persistan en ocultar su rostro durante la participación en protestas.
La cobertura de ‘La República’ puntualiza que el incremento de la tensión social y política en Perú ha influenciado el debate legislativo y la presentación de proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades estatales para responder ante manifestaciones. El Congreso ya había recibido en octubre un planteamiento de similares características, también desde Somos Perú, a través del congresista Héctor Valer. En este caso, se propuso penas de seis a diez años de prisión para aquellas personas que utilicen explosivos o pirotécnicos en contra de agentes policiales o civiles durante protestas públicas.
Según argumentan los documentos legislativos referidos por ‘La República’, la intención detrás de estas propuestas es incrementar el margen de control estatal y resguardar la seguridad ciudadana en escenarios de alta conflictividad. El problema de fondo radica en la pugna por definir los límites entre la protección del orden público y la garantía del derecho a la protesta sin represalias desproporcionadas.
El contexto de las movilizaciones convocadas por agrupaciones juveniles, referenciadas por el medio como identificadas con la Generación Z, acentúa el sentido de urgencia de la respuesta legislativa y ejecutiva. Estas protestas se articulan como una reacción al aumento de la represión estatal, sobre todo luego del caso de Ruiz Sanz, y dentro de un marco en el cual la percepción de inseguridad y las denuncias por supuestos abusos policiales ocupan un lugar central en el debate público.
En paralelo, el presidente José Jerí decretó el estado de emergencia el 22 de octubre, una medida que redujo temporalmente diversas garantías constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y circulación, según consignó ‘La República’. A esta disposición se sumó la implementación de sistemas de monitoreo tecnológico, destacándose la utilización de drones con cámaras de reconocimiento facial para vigilar los eventos masivos y detectar posibles incidentes, una práctica dirigida a evitar desórdenes pero que también incrementó las preocupaciones respecto a la protección de la privacidad.
Simultáneamente al desarrollo de estas políticas de control sobre las protestas, el sector de transportistas mantiene su propia agenda de movilización en demanda de mayores garantías frente a los riesgos de extorsión y violencia que afectan a conductores a nivel nacional. ‘La República’ informó que la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) convocó un nuevo paro nacional, programado para el viernes, que se suma a una serie de medidas ya adoptadas y refleja la gravedad de la problemática en ese ámbito laboral.
El análisis de ‘La República’ subraya que la confluencia entre el endurecimiento de las políticas de seguridad y la intensificación de la protesta social se traduce en presiones tanto para el poder legislativo como para el ejecutivo. La génesis de este fenómeno se vincula a la percepción de inseguridad ciudadana y al descontento creciente ante la actuación policial en contextos de protesta, lo que, a su vez, genera respuestas institucionales basadas en restricciones al anonimato y mayores sanciones.
El debate sobre el anonimato en las manifestaciones se encuentra en el centro de la agenda parlamentaria. La propuesta de penalizar el ocultamiento del rostro y la utilización de explosivos o pirotécnicos durante manifestaciones, impulsadas por legisladores afines al partido de gobierno, forman parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a reforzar el control sobre el ejercicio del derecho a protestar, particularmente en momentos de especial volatilidad política y altos niveles de movilización social.
La cobertura realizada por ‘La República’ muestra que esas medidas legales, sumadas a la adopción de tecnología de reconocimiento facial, reproducen las tensiones sobre la proporcionalidad de la respuesta estatal ante el ejercicio de derechos fundamentales. Tanto la tramitación de los proyectos como la aplicación de nuevas formas de vigilancia directa serán materia de debate en los próximos días, mientras avanza la ola de protestas promovidas por distintos sectores de la ciudadanía.
