Las acciones y políticas de sostenibilidad empresarial en torno al manejo del agua han quedado bajo la lupa luego de que, en Santa María Zacatepec, en el estado de Puebla, organizaciones civiles y habitantes de la zona presentaran denuncias sobre supuestos daños ambientales y sociales vinculados a la actividad extractiva de la compañía Bonafont, subsidiaria de la multinacional Danone.
Este 12 de noviembre de 2025, el Senado de la República instó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a realizar una investigación “inmediata y transparente” respecto a las acusaciones de sobreexplotación de los mantos acuíferos, ecocidio y afectaciones sociales atribuidas a la empresa, de acuerdo con el dictamen votado en la Cámara Alta. Los legisladores subrayaron la urgencia de examinar a fondo las denuncias formuladas por los pobladores de la región.
El exhorto va más allá del análisis de las denuncias puntuales. El Senado de la República solicitó a la PROFECO constatar si los planes empresariales de sostenibilidad hídrica, especialmente los puestos en marcha por Danone en su estrategia “4R”, realmente integran los principios de justicia ambiental, la protección de los acuíferos y mecanismos para la reparación de los posibles daños ecológicos y sociales que sufren las comunidades implicadas.
Los senadores advirtieron que abordar estos compromisos de manera superficial, sin un enfoque sistémico, traería como consecuencia la persistencia de los pasivos ambientales: “De tratarlos de manera superficial, sin una solución sistémica y eficiente, los problemas persistirán con pasivos ambientales que podrían agravar el bienestar de las personas”, citaron en el documento.
Junto con la solicitud dirigida a la PROFECO, el Senado pidió que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lleve a cabo una revisión sobre el cumplimiento de las concesiones otorgadas para el uso del agua en la zona, enfatizando la posibilidad de modificar o revocar aquellas que se opongan “al interés público, ambiental y comunitario”.
A este esfuerzo se suma el requerimiento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que emita un informe detallado sobre el impacto ambiental derivado de las operaciones extractivas de Bonafont, incluyendo el análisis sobre un socavón que, según el dictamen, permanece activo desde hace más de cuatro años, y proponga medidas de reparación integral para las comunidades damnificadas.
Las comunidades de Santa María Zacatepec han acusado a Bonafont de ser responsable de la sobreexplotación del recurso hídrico, despojo del territorio y actos que configuran un posible ecocidio.
Si bien la empresa asegura que su consumo equivale apenas al 0,09 % del uso industrial de los acuíferos, organizaciones de la sociedad civil sostienen que la empresa extraía de uno coma cuatro a dos millones de litros de agua al día, cifra respaldada por una concesión federal.
Los senadores recalcaron la necesidad de analizar en profundidad cada acusación surgida en la localidad respecto al agotamiento de los mantos acuíferos, la degradación ambiental y las consecuencias sociales reportadas por los pobladores.
