Daniel Noboa reconoció públicamente que la llamada “Cárcel del Encuentro”, el nuevo penal de máxima seguridad al que fue trasladado el ex vicepresidente Jorge Glas y varios cabecillas del crimen organizado, aún no está terminada. En una entrevista radial, el presidente detalló que el complejo carcelario está “entre el 35% y el 40%” de avance, pero defendió la decisión de adelantar el traslado de los reclusos más peligrosos por razones de seguridad y prometió que la obra se completará en las próximas semanas.
En diálogo con Radio Sucre, Noboa respondió a las críticas sobre el envío de presos a una cárcel cuya construcción sigue en marcha. “La cárcel no está al 100%, no está al 100%, pero ya está al 35–40%. En dos semanas estará al 80% y se finalizará el último pabellón y las últimas cosas en un mes”, aseguró. Con esa descripción, el mandatario trazó por primera vez un cronograma público de la obra, que el Gobierno ha presentado como emblema de su ofensiva contra el narcotráfico y las bandas criminales.
El anuncio llega después del traslado de Jorge Glas y de otros presos de alto perfil al nuevo penal, lo que encendió el debate sobre las condiciones de la infraestructura y la legalidad de las decisiones penitenciarias. Mientras organizaciones y voces críticas cuestionan que se use un centro “en obra gris” para alojar a personas privadas de libertad, el Gobierno sostiene que la prioridad es neutralizar la capacidad de mando de los líderes criminales desde las cárceles tradicionales. Noboa reiteró que los primeros en ser trasladados fueron “los más malos, los que ya desde la cárcel se pasaban organizando asesinatos y secuestros”.
El presidente vinculó directamente la premura por habilitar la Cárcel del Encuentro con el clima político previo al referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Según su versión, grupos delictivos estarían buscando desestabilizar al país ante la posibilidad de una victoria del “sí” en las preguntas impulsadas por el Ejecutivo. “Era urgente viendo lo alterados que están, porque está ganando el sí y quieren hacer relajo y quieren matar la mayor cantidad de gente para decir que este gobierno fracasa”, afirmó. No presentó pruebas concretas durante la entrevista, pero insistió en que la lectura de inteligencia del Gobierno justificaba adelantar el uso parcial del complejo penitenciario.
Más allá de esa coyuntura, Noboa enmarcó la Cárcel del Encuentro en un rediseño más amplio del sistema penitenciario. El mandatario sostuvo que no se trata de una obra aislada, sino del primer paso de un plan que incluye la construcción de otro gran centro carcelario de mediana seguridad, también en la Costa, con capacidad para unas 15.000 personas privadas de libertad. “Se va a construir otra cerca, grande, no de máxima seguridad, sino de mediana seguridad, para aproximadamente 15.000 personas”, adelantó. Según su diagnóstico, en el sistema actual hay entre 6.000 y 7.000 presos en hacinamiento y varias cárceles que “nunca se arreglaron” y hoy son inseguras tanto para los funcionarios como para los internos.
Noboa describió problemas estructurales en las prisiones tradicionales: puertas e infraestructura que no funcionan, flujos internos que no permiten reaccionar ante emergencias y pabellones donde el Estado ha perdido el control frente a las bandas. Argumentó que el nuevo complejo y la futura cárcel de mediana seguridad buscan justamente revertir ese escenario, concentrando a los internos de mayor peligrosidad en espacios controlados y tecnológicamente monitoreados, y reordenando el resto de la población penitenciaria.
La Cárcel del Encuentro se ha convertido en un símbolo del enfoque de Noboa en seguridad: una mezcla de infraestructura penitenciaria de alta seguridad, discurso de mano dura y comunicación directa en redes sociales. Días antes, el presidente difundió en X (antes Twitter) una imagen en la que aparecían Glas y otros procesados y condenados por delitos graves, acompañada de un mensaje en el que advertía que “pronto llegarán otros criminales” al nuevo penal. El gesto fue leído por sus críticos como una utilización política de los expedientes judiciales, al calor de la campaña por el referéndum.
En la entrevista radial, el mandatario buscó presentar la cárcel no solo como un símbolo, sino como una respuesta funcional a la violencia que ha sacudido al país en los últimos años. Su narrativa conecta la construcción acelerada del penal con otros elementos de política pública, como los decretos de estado de excepción, las operaciones contra la minería ilegal y la cooperación internacional en seguridad. A la vez, insiste en que la actual Constitución —que él pretende reformar a través de una Asamblea Constituyente si triunfa el “sí”— “beneficia a los criminales” y limita la acción de las fuerzas del orden.
