El 5 de febrero de 2014, a las 7.20, uno de los custodios que trabajaba en el depósito de Iron Mountain, en Barracas, escuchó la alarma temprana de incendio. En lugar de alertar al número de emergencias 911, el empleado de seguridad privada anuló la alarma, porque supuestamente funcionaba mal y había activado varias falsas alertas.
Casi doce años después, otro depósito de la misma empresa volvió a aparecer vinculado a un incendio. En esta oportunidad no hubo víctimas. Según el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, una planta de esa firma instalada en el Polígono Industrial Carlos Spegazzini, figura entre las empresas alcanzadas por la explosión en una química.
En 2014, durante los 40 minutos siguientes el mismo empleado cortó en siete oportunidades el sistema de emergencias que activaba los rociadores. No se trataba de una falsa alarma o una falla en los sistemas de prevención de incendios. Al contrario, ese humo que era detectado por el sensor y hacía sonar la alarma era real y había sido provocado por la combustión de los archivos de papel que se guardaban en el depósito construido a principios del siglo pasado en la esquina de Azara y Jovellanos, en Barracas.
Cuando los bomberos de la Policía Federal llegaron al predio para apagar el incendio las llamas llevaban más de cuarenta minutos activas y se alimentaban de los archivos de papel altamente combustibles. Los peritajes realizados en la investigación judicial determinaron que, si bien el sistema de rociadores no hubiera sofocado el fuego, habría demorado la propagación del incendio.
Una hora más tarde, la pared de la Jovellanos se derrumbó sobre el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; y del agente bombero Juan Matías Monticelli, los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha; y el rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los nueve murieron en el acto. Mientras que el bombero Facundo Ambrosi falleció el 17 de febrero, luego de permanecer internado durante casi doce días a raíz de la gravedad de las lesiones provocadas por los gruesos ladrillos de la pared que colapsó.
También resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti. En tanto que otros 18 bomberos y rescatistas sufrieron lesiones de distinta consideración.
A casi 12 años del trágico incendio en el depósito de Iron Mountain, todavía no tiene fecha de inicio el juicio oral contra los más de veinte acusados por los homicidios culposos de los nueve bomberos y del rescatista de la Dirección de Defensa Civil de la Ciudad.
En abril de 2023, la magistrada a cargo del juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 18, Fabiana Palmaghini, aceptó el requerimiento de elevación a juicio presentado por los representantes del Ministerio Público y dispuso que los imputados por la tragedia sean sometidos a juicio oral.
Sin embargo, cuando pasaron dos años y medio desde que la jueza envió la causa a juicio oral, todavía no fue fijada la fecha de la primera audiencia. Según el abogado Javier Moral que representa las familias de nueve de las diez víctimas, toda la prueba fue producida, no quedaron peritajes pendientes y tampoco recursos por resolver.
Doce días después que la jueza Palmaghini requirió que los más de veinte acusados sean sometidos a juicio oral, se registró otro incendio en el mismo predio. A diferencia de la tragedia ocurrida en febrero de 2014, en el incendio del 25 de abril de 2023 no hubo víctimas fatales ni heridos.
La sucesión de incendios en depósitos de Iron Mountain no se detuvo con el hecho ocurrido en 2023. La explosión registrada en las últimas horas en una empresa química que funciona en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini afectó a una de Iron Mountain en dicho complejo industrial. Fue el tercer siniestro ocurrido en una instalación de esa empresa, en menos de doce años.
“Acá hay una empresa, Iron Mountain, una muy famosa que estaba en Capital, que todos recordarán por el incendio que tuvo. Se mudó a Ezeiza y también habría sido alcanzada por las llamas, es una empresa que guarda cuestiones vinculadas a la administración pública”, dijo el intendente Gastón Granados sobre esa compañía que protagonizó la tragedia de Barracas, el 5 de febrero de 2014.
La investigación para establecer las responsabilidades en el nuevo incendio ocurrido en el partido de Ezeiza apenas comenzó y no existe ninguna certeza.
Sin embargo, en el expediente judicial por la tragedia de Barracas constan los peritajes técnicos sobre cómo se inició el fuego mortal.
En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron las conclusiones de los estudios, en los que se determinó que el incendio podría haber sido intencional. No obstante, el peritaje realizado por los técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados de 2016, descartó la presunción del incendio intencional.
Luego de analizar los distintos informes, testimonios y pruebas físicas, los investigadores judiciales habrían determinado la existencia de una serie de irregularidades que sirvieron para crear las condiciones favorables para que el incendio ocurriera.
Al revisar el sistema contra incendios los técnicos y los bomberos descubrieron que la cisterna que abastece de agua para los rociadores estaba vacía. También habría fallado el dispositivo alternativo.
En la inspección realizada meses después de la tragedia, los técnicos habrían determinado que la llave de paso que permite abastecer con agua de la red pública a los rociadores estaba cerrada. Tampoco funcionaba el sistema de presurización que manda agua a presión debido a defectos en el mecanismo de la bomba.
Además, los técnicos habrían establecido que se violó la denominada “carga de fuego” que establece la existencia de un espacio libre entre la pila de cajas apiladas y los rociadores.
Estas pruebas más otros peritajes constituyeron los fundamentos de la resolución dictada diciembre de 2022 por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, por mayoría, confirmó los procesamientos de 17 imputados.
En dicha resolución, además, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Ricardo Matías Pinto revocaron los sobreseimientos de tres acusados. Uno de esos imputados fue procesado, mientras que a los dos restantes se les dictó falta de mérito. La tercera integrante del mencionado tribunal votó en disidencia.
Dos meses después, cuando la jueza Palmaghini aceptó el pedido de elevación a juicio se incluyeron a más imputados. Por ese motivo, serán más de veinte los acusados que deberán ser juzgados por su presunta responsabilidad en la tragedia.
Según fuentes judiciales, entre los acusados figura uno de los custodios del depósito, el gerente y el encargado de Seguridad e Higiene de la empresa; el gerente general de la firma y el director técnico de la firma que debía garantizar el correcto funcionamiento del sistema contra incendio en la planta de Barracas.
El listado de imputados se completó con cuatro funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin denunciar fallas en el sistema.
También figuran como acusados, el jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, del Director de Industrias y Otros Locales, de la Directora General de Fiscalización y Control, de la Jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa, del gobierno porteño y un inspector de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal.
La investigación de la tragedia fue realizada por la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, a cargo de Romina Monteleone, y su colega de la fiscalía general N° 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Joaquín Gaset. Mientras que el Tribunal Oral N° 18 estará a cargo del juicio oral.
Los bomberos fallecieron cuando estaban parapetados detrás de una pared que colapsó y se derrumbó sobre ellos. En ese momento, preparaban el plan de ataque contra el fuego. Según los protocolos de operaciones era el lugar más seguro. Pero, según los peritajes consignados en el expediente, el fuego provocó que las columnas se retorcieran, lo que causó el derrumbe del techó que arrastró la pared que cayó encima de los bomberos y rescatistas.